Una de las medidas que anunció este lunes la ministra de Economía, Silvina Batakis, fue la de centralizar el manejo de los fondos de todos los organismos del sector público nacional. Esto, anticipó la alta funcionaria, podría generar ahorros por $600.000 millones de pesos, debido a los distintos superávits de los organismos descentralizados.
Para implementar la decisión, el Gobierno Nacional tendrá que presentar un proyecto al Congreso para modificar el artículo 80 de la Ley 24156. Ahora bien: ¿Hasta donde alcanzará esa unificación de cuentas?
En la actualidad, existen 27 fondos fiduciarios con ingresos totales previstos de $ 772.117,3 millones y un gasto total de $ 609.412,4 millones en 2022. Los más relevantes por el monto de sus operaciones son el sistema de infraestructura de transporte, vivienda social, subsidios a consumos residenciales de gas licuado de petróleo, Procrear y subsidios de consumos residenciales de gas.
¿Pero qué pasa con las empresas públicas? ¿Quedarán alcanzadas? Hay 34 empresas públicas compuesto fundamentalmente por sociedades estatales (Radio y Televisión Argentina, Télam, Ferrocarriles Argentinos, etc.) y sociedades anónimas (la ex Enarsa, Aerolíneas Argentinas, el Correo, Nucleoeléctrica Argentina, etc.).
Ese marco, en la agroindustria todos están mirando el millonario ingreso mensual en dólares que tiene la Administración General de Puertos (AGP) desde que administra la hidrovía, la vulgarmente llamada “caja de la hidrovía”. En los primeros 5 meses del año, ingresaron por el cobro de peajes 86 millones de dólares a la administradora estatal. ¿Los saldos mensuales en dólares (que es mucho menor a los ingresos porque la entidad puso en marcha un ambicioso plan de inversiones) quedarán alcanzados por las modificaciones?
Desde la AGP, ante la consulta de Rosario3, aseguran de manera terminante que al ser una empresa estatal quedan afuera del cambio, que incluiría sólo a los fondos fiduciuarios. Y desde los sectores empresarios vinculados a la agroexportación comparten la lectura de que los ingresos por el peaje de la hidrovía no deberían quedar alcanzados al ser la AGP una empresa del Estado con sus propios ingresos y estatutos. Además, es un ente que no consolida en el presupuesto nacional.
“El artículo 80 de la Ley de Administración Financiera circunscribe el sistema de caja única a la Administración Nacional (Adm Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social). Si se modifica ese artículo y se expande a todo el Sector Público Nacional No Financiero quedarían incluidas las empresas públicas, los fondos fiduciarios, y las universidades nacionales estarían en el borde”, advierte Pablo Olivares, especialista en economía del sector público y ex secretario de Finanzas de Santa Fe.
"Es preciso que el Congreso tome dimensión de lo que va a estar debatiendo. La Cuenta Única del Tesoro (CUT) expandida le abriría al Gobierno opciones recaudatorias para-tributarias”, agregó Olivares.
¿La extensión de la CUT alcanzará sólo a los fondos fiduciarios o también llegará a las empresas públicas? Hilando fino, los fondos fiduciarios ya son administrados por los ministerios pero es una figura de gestión que se utiliza para tener ventajas y agilidades operativas que sorteen la burocracia estatal. Pero no hay contraprestación de servicios, como en el caso de una empresa que es sociedad del Estado. Además, a diferencia de los fondos, los ministerios no las administran. Y sobre esa diferencia conceptual se paran quienes sostienen que los cambios que impulsa Batakis sólo alcanzarán a los millonarios saldos de los fondos fiduciarios.
En la conferencia de prensa, Batakis señaló que la ampliación de la CUT está en línea con la experiencias de las provincias. En el caso de Santa Fe, con el Fondo Unificados de Cuentas Oficiales (Fuco), también concentra los saldos bancarios positivos de las empresas públicas (EPE o Aguas). No obstante, esos saldos -que se concentran todos en el Banco Santa Fe- no los administra el Tesoro provincia, pero si los puede pedirlos prestados no para gastos corrientes sino para un fin específico.
Como sea, la respuesta final quedará firme cuando el Ministerio de Economía envíe al Congreso el proyecto de modificación del artículo.
