El fiscal Sebastián Narvaja imputará este martes al mediodía a los directores de la agrofinanciera Guardati Torti por administración fraudulenta, luego de que el juez Alejandro Negroni rechazara ayer el pedido de la empresa de postergar por 90 días la realización de la audiencia imputativa prevista para hoy.
La caída de la empresa, que supo ser top ten del país, transita por dos carriles: uno es el de su default en el negocio agropecuario y por el que sus dos empresas (Guardati Torti y GYT Plus) están en convocatoria de acreedores. En total, el impago del grupo ronda los 1.000 millones de pesos, según cálculos de los abogados querellantes.
Y el otro es por sus operaciones financieras en Bolsa. En ese andarivel sus directores están más complicados judicialmente porque hay más de 40 ahorristas que denunciaron que directamente le quitaron los saldos liquidos de sus cuentas comitentes abiertas con ellos para operar en Bolsa, algo que está prohibido. Incluso, la propia Comisión Nacional de Valores (CNV) los denunció penalmente por es. manotazo que hicieron a esas cuentas presuntamente para tapar el agujero que tenían en sus negocios agropecuarios.
Para el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, hay elementos suficientes para avanzar en las investigaciones penales y por eso se dispone a informar en la audiencia de hoy que imputará por administración fraudulenta a todo el directorio encabezado por Ángel Torti, quien fuera vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario durante la gestión de Alberto Padoán (Vicentín), y a Juan Carlos Guardati.
Ayer, los abogados defensores de los directores Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga presentaron una medida cautelar pidiendo postergar por 90 días la audiencia y por la tarde se realizó la audiencia ante el juez Negroni para definir si le aceptaban o no el recurso presentado.
Durante la presentación realizada en el Centro de Justicia Penal, y a la que asistió Rosario3, la defensa argumentó el “daño reputacional” que podría ocasionarles a los empresarios la audiencia imputativa. Para los abogados, la imputación “es agraviante” para sus defendidos que, contaron, en estos momentos buscan también reactivar sus negocios.
Según contó Scoponi, la Bolsa de Comercio de Rosario los habilitó a volver a operar en el mercado de granos. “Y algunas operaciones ya están haciendo”, dijo. Además, relató que también están en tramitando en la CNV para que los rehabiliten.
En rigor, según supo Rosario3, la Bolsa los habilitó porque así se lo ordenó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores. Habrá que ver ahora si la CNV entiende que un juez provincial tiene competencia para pedirle a un organismo federal que le levante la suspensión a la empresa que denunció penalmente.
El otro argumento de la defensa fue que no hay ningún peligro para las investigaciones que la audiencia imputativa se demore 90 días porque los directores se encuentran inhibidos. Durante su exposición, los abogados también cargaron de sospechas sobre la imparcialidad de la investigación del fiscal.
A su turno, Narvaja cargó duro contra el reclamo de la defensa. “No tiene base legal alguna. Lo único que se busca es el aplazamiento. Lo que está detrás es una finalidad dilatoria”, dijo. Según relató, en 7 años de vigencia del sistema es la primera vez que se pide postergar una audiencia imputativa, que –resaltó- es un derecho de los investigados porque allí se les informa por qué presuntos delitos se los está investigando.
“Es la primera vez que alguien se presenta con un reclamo así. Lo que no quieren es pisar un tribunal. Se están queriendo arrojar un privilegio que las cientos de personas que transitan por estos tribunales no tienen”, fustigó. Incluso, resaltó que los imputados no estaban presentes en la audiencia de ayer. “No están tomando en serio al proceso de justicia penal. Llegaron a pedir que la audiencia imputativa sea por zoom y eso es porque no quieren pisar el Tribunal”.
Para Narvaja, el pedido de postergar la cautelar era para “que los directores luego anden ventilando que la causa penal no tienen fundamento, que todo es un tema civil” y que todo es parte de la estrategia de encapsular la crisis en la convocatoria de acreedores. “Hay 172 víctimas a las que se les privó de su dinero”, sostuvo el fiscal.
A su turno, los abogados querellantes Mariano Pujol y Guillermo Mionnet –quines representan a unos 40 ahorristas que denunciaron penalmente a Guardati Torti- sostuvieron que, por el contrario, la postergación de la audiencia impacta en los inversores que desde finales de 2019, antes de que la firma se declare en default, no pudieron acceder a sus fondos. Y también resaltaron que no existe daño reputacional ante los mercados por la imputación ya que la propia CNV los denunció penalmente y la Bolsa de Comercio los suspendió.
Tras escuchar a las partes, el juez tomó la decisión de no postergar la audiencia porque "la defensa no acreditó en concreto cuál es el daño que produciría realizarla". Y también resaltó que era la primera vez que se había pretendido retrasar una audiencia y resaltó, en rigor, la demora buscada presenta un riesgo para las víctimas porque demora las respuestas.
