La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió en la Justicia que se determine si los síndicos del concurso de acreedores de Vicentín, los contadores Amut, Garcia y Telesco, incurrieron en mal desempeño o encubrimiento.
A mediados de marzo, la Sindicatura presentó su informe final general al juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, en la que hizo suyas las explicaciones que dio siempre la aceitera para explicar su default, básicamente que fue por razones externas. Es que los contadores no hicieron mención a las causas que esgrimen acreedores en sus denuncias penales por estafa. El directorio de Vicentín es investigado por los delitos de balance falso, fraude, estafa y vaciamiento de empresa a lo largo de 5 causas penales, en diferentes fiscalías del país. Y en Paraguay y Estados Unidos también está bajo sospecha.
No en vano, el informe de los síndicos fue celebrado por la agroexportadora ya que vio ratificada su explicación de la crisis y siempre rechazó las denuncias penales de acreedores por estafas y administración fraudulenta.
“La observación del informe se centra en la desconexión con la realidad económica que evidencia el documento y en las aseveraciones de la sindicatura respecto a las causales del desequilibrio económico de la concursada”, señala el escrito que lleva la firma de Mariela Romero, abogada de la Afip, y que fue presentado al juez Lorenzini.
En efecto, Vicentín siempre culpó de sus crisis, que es la más grande en la historia del mercado de granos, a lo ocurrido en 2019 con la combinación de la fuerte devaluación, el reperfilamiento de bonos y la corrida de productores por el aumento de retenciones tras el triunfo de Alberto Fernández en las Paso, todos factores que le generaron un fuerte estrés financiero que no le permitió seguir abonando sus compromisos en tiempo y forma. Y esas fueron, precisamente, las causas a las que se hizo referencia en el informe final de los síndicos que ahora la Afip criticó con dureza.
“El informe general hace casi copy paste de las razones inverosímiles dadas por el deudor para explicar las causales de su crisis, las que deposita en factores exógenos que no estaban en su alcance modificar ni prevenir”, se quejó el organismo recaudador.
La Afip descree de las explicaciones que sostiene Vicentín sobre las razones de su crisis. “¿Como le fueron en ese año a las empresas agro-exportadoras que operaban en el mismo rubro que Vicentín Saic? Pues ninguna entró en cesación de pagos, ni nada que se le acerque. Es más. Gustosas se hicieron cargo de las cuotas de mercado que abandonaba Vicentín Saic, expandiéndose en lo que se augura como un prospero 2021 (para el sector) a pesar de la pandemia”.
Para el organismo estatal, “el deterioro patrimonial producido entre el 1/11/2018 y el 31/10/2019 (ejercicio comercial 2019) resulta llamativo y no le encuentra una explicación en cuestiones de mercado, climáticas y financieras, ya que la empresa ve desaparecer de su patrimonio $ 63.280.638.639 (equivalente a us$ 1.081.720.319 al cambio a la fecha de cierre); lo que confrontado con venta anuales de $ 297.204.833.087 representa un 21,29% de las mismas”.
Y es por eso que sostiene que “la situación económica financiera de Vicentín era insostenible ya al 31/10/2019, fecha de cierre del Balance, un mes antes de que se produjera la declaración de la existencia de estrés financiero con la interrupción de sus operaciones en diciembre de 2019, y su presentación en Concurso en febrero de 2020.
Con esos datos sobre la mesa, para la entidad oficial “queda demostrado que la fecha de inicio de la cesación de pago propuesta por la sindicatura, resulta a todas luces errónea y sin fundamentos en base a las constancias de la causa. Siendo que la misma se remonta a tiempos lejanos donde se empezó con la descapitalización de la empresa”.
En otro apartado, la Afip critica que la Sindicatura no hizo referencia a que “el deudor no cumplió con los requisitos formales y en su presentación a concurso, omitió datos necesarios para conocer debidamente su patrimonio ya que encubrió el tramado societario hacia donde transfiere sus ganancias y desde donde absorbe las pérdidas y tampoco aportó su último balance justamente el que corresponde al año donde manifiesta se produjo su desequilibrio económico”. Y sobre el tema del balance agrega: “Diez meses después, adjuntó tardíamente un documento donde ni su mismo profesional firmante responde por la veracidad de lo allí manifestado, lo que así declaró”.
Los síndicos concursales son los profesionales que controlan el proceso. Son los ojos del juez y de los acreedores para saber que pasa comercial y financieramente en la empresa que cesó en sus pagos. Pero para Afip los síndicos no cumplieron con su trabajo. “Ha dicho la doctrina (de manera abrumadora) que el síndico debe actuar como un investigador más que como un simple receptor de datos presentados por el deudor”, sostiene el organismo recaudador.
Además de acusar de hacer copy paste de lo que dice la empresa, durante el escrito, al que tuvo acceso Rosario3, la Afip reclamó mayor protagonismo y actividad de la Sindicatura. “Se han efectuado múltiples presentaciones y demandas pidiendo mayor actividad de la sindicatura para evitar la paulatina dilución del patrimonio de la concursada. Por ejemplo en la cuestión de la dación en pago de Friar, la simulación de venta de Renova o el contrato con Maxim Group sin autorización del Juez ni vistas al síndico ni al comité de control”, dijo.
En otro orden, Afip pone en tela de juicio la transparencia y legalidad de las operaciones de venta que hizo Vicentín del frigorífico Friar y de sus acciones en la aceitera Renova. “Debe ser revocada la transmisión del frigorífico Friar, entregada en dación en pago al grupo BAF, en fraude a la masa de acreedores de. concurso”, dice y sobre Renova sostuvo que “implicó la disminución del patrimonio del deudor que desbarata los derechos de la masa de acreedores de este concurso”, solicita.
Finalmente, para la Afip “surge de manera evidente que la sindicatura ha omitido llevar a cabo las tareas legalmente establecidas por la ley concursal y que le permitirían arribar a una correcta elaboración del informe general que se observa, situación ésta que ameritaría una investigación”. Y es por eso que el ente recaudador, que también es acreedor de la aceitera, pidió que se determine si los síndicos del concurso incurrieron en mal desempeño o encubrimiento.
