Tres puntos tiene este "run run" de los negocios. Uno sobre una polémica por depósitos y otros sobre la plata quemada del agro y finalmente uno que anticipa nuevos movimientos en una causa resonante que involucra a una reconocida operadora de mercado. Y, a no olvidarse, que a la noche saldrá una edición vespertina con información de primera mano de desarrollos inmobiliarios y nuevas movidas comerciales. Arrancamos

Polémica por los depósitos

¿Cuándo un juez dicta una sentencia de cumplimiento inmediato significa que debe cumplirse al instante o cuando se presente la primera oportunidad para poder hacerlo? Y como ocurre cuando hablamos de leyes, siempre aparecen dos bibliotecas. A qué viene esto: es que empezó la polémica por el ritmo del traspaso de los $1.100 millones de pesos de la Cooperativa de Estibadores Portuarios de Puerto San Martín que estaban depositados en dos mutuales (Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales y Aginco) al Banco Nación que la Justicia ordenó que sea de manera inmediata. 

Recordemos. La cooperativa, que supo conducir el cacique sindical Herme Júarez, está intervenida desde finales del 2019. Con la autorización del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, el interventor Roberto Pasqualino sacó una cifra cercana a los $1.100 millones de pesos que la entidad tenía a plazo fijo en el Nación para ponerlos a trabajar en dos mutuales con el argumento de que el dinero allí rendía más. 

Los socios de la cooperativa pusieron el grito en el cielo, temieron por el riesgo que corrían sus fondos en las dos mutuales, denunciaron conexiones políticas entre el juez y los mutualistas (los hermanos Fernando y Guillermo Whpei), que se beneficiaban con el millonario fondeo que les cayó del cielo, y hasta alertaron por maniobras de vaciamiento. 

Ante la presión de los estibadores socios de la cooperativa, cayó el interventor y el Inaes, que es el instituto nacional que tutela las mutuales, puso en su lugar un hombre de su confianza y ajeno al conflicto desatado que fue Daniel Sorrequieta. En julio, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó un fallo ejemplar: ordenó la inmediata vuelta de los depósitos al Banco Nación y le dejó a Bailaque que siga con la causa penal (que derivó la intervención) pero le sacó el control de la intervención para dársela a la jueza federal comercial con competencia en l. contencioso administrativo Sylvia Aramberri.

Notificado de la resolución de la Cámara, Sorrequieta ordenó a la contaduría de la cooperativa que ante cada vencimiento de los plazos fijos en las mutuales en el mismo día se los transfiera al Banco Nación. Para el interventor, al no ser plazos fijos pre-cancelables los pactados, la devolución inmediata (que ordenó la Cámara) sólo se puede cumplir al momento del vencimiento de los plazos fijos.

Se tratan de 16 plazos fijos, en su mayoría entre 60 y 90 días, venciéndose los primeros en julio y los últimos en septiembre. Todos habían sido pactados a una tasa al 37% por lo que el monto total fue de $1.033 millones (entre capital e intereses).

Rosario3 accedió a un informe que hizo Sorrequieta para la jueza Aramberri en la que va detallando cómo a medida de cada vencimiento los depósitos se trasladaban al banco Nación. Para la fecha de la confección, un tercio de los $1.000 millones habían vuelto sanos y salvos al Banco Nación. Al viernes pasado, según confirmó Rosario3 cotejando los certificados de depósitos, ya se devolvieron el 50% al Banco Nación.

La decisión de cómo hacer cumplir la medida de Cámara generó intranquilidad entre los socios de la cooperativa. A ellos no les cierra el ritmo que, bautizaron de "goteo", de traspaso de los depósitos. Es que todavía siguen temiendo que al final no aparezcan todos fondos. No en vano llamó la atención las promesas que llegaron de un banco con trato regular con la mutual Aginco de que ellos van a estar respaldando las operaciones de traspaso. 

Para esta parte, la devolución de los fondos debió ser inmediata. Y que con la orden judicial en la mano, no era necesario que los plazo fijos sean pre-cancelables para trasladar el dinero. Es más, se quejan de que las mutuales podrán seguir haciendo trabajar esa plata hasta septiembre. Y es por eso que tienen todo un arsenal legal preparado para activar apenas el primer plazo fijo no se devuelva.

¿Cómo sigue la historia? Ahora es la jueza la que tiene la palabra. ¿Dejará correr la actual estrategia o pedirá que los fondos se devuelvan de manera inmediata? Mientras tanto los estibadores no bajan la guarida, pero Sorrequieta confía en que no habrá problemas y apuesta a que para mediados de septiembre, cuando se realice la asamblea de normalización de la cooperativa, casi la totalidad del dinero haya vuelto al Banco Nación. El final sigue abierto.

Plata quemada 

El sábado a la tarde, Vicentín dio a conocer finalmente la propuesta de pago "provisoria" que anticipó el jueves que presentaría. Y causó conmoción: una quita del 75% a pagar en 20 años sin distinción entre acreedores en pesos y en dólares. 

Las precisiones la podes ver en la nota exclusiva que Rosario3 publico ayer mismo. Hay que aclarar que se trató de una oferta presentada al mero efecto de cumplir un paso formal para que el juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, le permita estirar hasta marzo próximo el plazo de exclusividad en negociación de propuestas cerrándole así la posibilidad del cramdown. Es que Vicentín ató la propuesta final de pago a la venta de la firma, que se sigue negociando (pero viene complicada por las contingencias detectadas) y por eso -confiado en que con tiempo lo encamina- pidió plazo hasta marzo para conversar.

Pese a que no es la propuesta final, permite analizar e indagar sobre el espíritu que está detrás de ella, sobre las líneas de acción que las inspiran. Y este es el principal punteo que recogió Rosario3 de los distintos acreedores:

1) Al no permitir que las acreencias se conviertan en acciones (como hizo, por ejemplo, la defaulteada agrofinanciera BLD) muestra que no quiere a los acreedores adentro de la firma.

2) No quedaron claras intenciones de capitalizar la empresa

3) Al proponer que "la homologación de la propuesta importará la liberación de los fiadores y codeudores solidarios, causando la extinción de las obligaciones respecto de ellos", muestra la intención de los directores de retirarse rápido de cualquier obligación, una posibilidad que técnicamente está en discusión que legalmente se pueda tomar.

4) De la propuesta se desprende que Vicentín tiene vocación de mantener la separación entre acreedores en pesos y dólares. Que no haya una mejora para los acreedores en pesos significa un duro golpe al agro, ya que sus granos impagos fueron pesificados por la convocatoria a un dólar de $60. Para ellos, la licuación es muy dura.

Finalmente, y en materia de estrategia de negociación, aparece que esta propuesta es muy dura lo que le otorgaría la posibilidad de hacer mejoras a la oferta final. La pregunta es: ¿Cuán contundente podrán ser las mejoras?. Y si no hay margen para que las mejoras sean contundentes, ¿Qué sentido tiene alargar la agonía (e incrementando así las pérdidas de los acreedores del campo con acreencias pesificadas) estirando la Justicia el plazo de negociación hasta marzo.. 

Es más, a pesar de que sus acreencias fueron dolarizadas, ¿el Banco Nación aceptaría una quita del 75%? ¿Y los bancos extranjero también se mostrarían conforme con recuperar en 20 años el 25% de los 500 millones que no les devolvieron?

GYT pone sus cartas sobre la mesa

Finalmente, y hablando de propuestas de pago a acreedores, hay novedades en Guardati Torti (GYT), la agrofinanciera en default que supo ser top ten de la ciudad. Y es que la firma se apresta a presentar su propuesta de pago concursal. La sindicatura estableció que la deuda es de 200.717.671,64 pesos, que en dólares es de 1.726.000 dólares. El tipo de cambio que tomó la sindicatura es el de 94,75 pesos. La propuesta a la que tuvo acceso exclusivo Ecos365, la sección de economía y negocios de Rosario3, es pagar un 70% del capital verificado en pesos dentro del año de homologado del concurso

La empresa tiene hasta el 30 de noviembre para tener los votos necesarios para obtener la mayoría a presentar ante el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Ezequiel Zabale. Las oficinas, cocheras y bauleras, que tiene la empresa en las torres Nordlink en Puerto Norte se encuentran afectados al cumplimiento de la propuesta concursal. El acuerdo propuesto es que apenas se realicen ventas de esos inmuebles se pague a los acreedores. 

Pero además hay otra novedad muy importante que anticipa en exclusiva Ecos365, el jueves pasado la Justicia penal autorizó la realización de una pericia contable solicitada por la defensa con la que busca demostrar que no existe el delito de balance falso y lo que ocurrió fue un incumplimiento contractual.

Es que en paralelo al default comercial, GYT enfrenta denuncias de sus clientes que operaban en Bolsa de que les manotearon sus saldos líquidos presúntamente para intentar frenar la caída. Frente a estas denuncias es que desde la defensa señalaron a Ecos365 que el objetivo del peritaje contable es establecer no sólo la trazabilidad de los fondos, sino también que GyT cuando paga inicialmente el dinero proveniente del estado de cesación de pagos de uno de sus principales clientes lo hace por ser una obligación propia de GyT pagarlos, al haber sido esos cheques librados -que es una práctica común del corredor- cheques que son a nombre propio más allá de que en el negocio causal haya estado GYT Plus.