A José López le dictaron prisión preventiva por esconder pruebas. Al famoso caso de los “bolsos” hizo referencia el fiscal Miguel Moreno días atrás cuando allegados a la causa Vicentín le consultaron sobre la razones para pedir la prisión preventiva a algunos miembros del directorio que manejaba la agroexportadora cuando cayó en default.

Y precisamente, este martes luego de que imputara por estafa a todo el ahora ex directorio, mantuvo una conversación informal con periodistas que le preguntaron sobre las razones procesales que ameritaban el pedido de prisión preventiva. “El jueves las vamos a presentar”, fue la respuesta, pero igual deslizó que “hay documental que avala el pedido que estamos haciendo desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”. El fiscal calcula que la estafa ronda entre los 500 y los 600 millones de dólares.

A casi dos años del default, y con todos los ejecutivos presentes siempre que la Justicia los requirió, el riesgo de fuga de los directivos y de destrucción de documentos (con una empresa bajo tutela de un juez de convocatoria, con veedores y síndicos) no aparecen como urgencias para pedir la prisión preventiva. Por eso es clave la documentación que presente Moreno sobre fuga de dinero u ocultamiento de pruebas.

¿Por dónde vendría el riesgo procesal que amerita la prisión preventiva? Es que el fiscal Moreno estuvo recabando información sobre muchas maniobras de traspaso de titularidad de activos propios (por ejemplo inmuebles) de los ejecutivos imputados a terceros luego del default. Incluso, cambios patrimoniales de los que sospechan se están poniendo fechas anteriores, toda una gran irregularidad.

Pero además de ocultar patrimonios, hay escuchas que tienen los fiscales sobre ejecutivos dando y recibiendo recomendaciones de cómo destruir documentación Tampoco pasó desapercibido que haya directores saquen residencia en Uruguay, un destino que no facilita las extradiciones. No todos los directores están igual de complicados, pero hay cuatro seriamente comprometidos. Y uno de ellos muy comprometido.

Es por eso que la posibilidad de que alguno de los ejecutivos salga esposado de la audiencia es lo que más preocupa en la empresa. Obviamente, en términos afectivos y personales, pero sabiendo que la escalada penal también puede tener un impacto en la otra vía en la que se disputa el futuro de la empresa: la convocatoria de acreedores y las negociaciones con inversores que inyecten capital. No en vano, y como adelantó Rosario3 el martes, la empresa ofreció un seguro de caución (fianza) por 5 millones de dólares. 

Por el lado de los abogados querellantes, así como destacaron ayer por “impecable” la presentación del MPA, la mayoría apoya el pedido de prisión preventiva, pero tambien dudan de que finalmente prospere, salvo que la documentación a presentar sea muy contundente. Abogados penalistas, a fin, la figura de la prisión preventiva nunca les sienta bien.

El que tiene la decisión final de otorgar la prisión preventiva es el juez Román Lanzon, quien puede negar el pedido o aceptar una fianza que evitaría que algún directivo quede preso.

Al analizar el papel del juez, quienes sostienen que el pedido puede prosperar resaltan que en una audiencia realizada un día antes de las imputativas por una cautelar paralela al caso (la transferencia de las acciones de Vicentín en Friar al grupo Baf), el magistrado se mostró muy duro contra la empresa. 

Pero quienes no creen que el juez lo permita resaltan que en la audiencia imputativa de ayer el magistrado le tiró un centro a Vicentín a darle un cuarto intermedio de 48 horas para presentar su defensa y ganar tiempo ya que el fiscal recién puede pedir la prisión preventiva luego de que la dos partes se expresaron, una medida excepcional que no se toma nunca. ¿Se habría tomado una medida así si los que no estaban sentados en el banquillo de acusados eran importantes empresarios?

El abogado de la defensa, Jorge Hilarrescondo, argumentó su pedido de cuarto intermedio por 10 días hábiles contando que recibió el documento con la imputación en la misma madrugada y que constaba de miles y cientos de archivos.

Y si bien sólo los abogados de los bancos internacionales se opusieron (ya que hasta las fiscalía entendió las razones de la defensa), el juez les otorgó 48 horas extra. No eran los 10 días que le pedían, pero –en rigor- el fiscal no tiene la obligación de presentar antes la documentación a la defensa. Otra vez: ¿Se habría tomado una medida así si los que estaban sentados en el banquillo no eran importantes empresarios?

El turno de la defensa

Claramente, los ejecutivos de Vicentín se sienten visitantes en Rosario y locales en el norte de la provincia. Y no en vano quisieron que toda la causa penal se mude a Reconquista. Un día antes de la audiencia, un par de referentes del directorio mantuvo un largo contacto con la prensa santafesina para mostrar sus argumentos contras las imputaciones. Por el contrario, el martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario entraron sin hacer declaraciones a la prensa y salieron casi sin decir nada. Capítulo aparte para uno de ellos, Miguel Vallazza , quien llegó caminando lento con muletas, pero tras la audiencia partiendo raudamente y usando las muletas para sacarse del paso a periodistas, fotógrafos y camarógrafos.

Ahora bien: ¿Cómo se armará la defensa de los directivos que se presentará mañana? Ante la abrumadora documentación presentada por el fiscal (que estima que 50 años de prisión sería la pena adecuada para los directores), la estrategia pasa por “bajarle las acciones” a los informes presentados y no tanto por negar los hechos.

Plantear críticas a la forma en que se realizaron los informes, con la famosa “auditoría forense” al tope de las críticas, mostrar que hay muchas argumentaciones en contra del manejo contable que son de debatibles, son ejemplos de los argumentos que se estudian. La idea madre es buscar desacreditar el concepto de que hubo una estafa para convertir las supuestas irregularidades en problemas contables.

¿Se politizará la defensa? Si bien los abogados hacen recurrentes referencias –por ejemplo criticando la intencionalidad política de la comisión legislativa de seguimiento- hasta ahora la defensa no buscó entrar al barro político que supo levantar el caso en otros tiempos.