La Cámara de Apelaciones definirá en las horas próximas si las investigaciones penales por estafa y administración fraudulenta contra Vicentín seguirán bajo la jurisdicción del Colegio de Jueces de Rosario o si pasarán al fuero de Reconquista, como pretende la malograda agroexportadora santafesina.

Y no se trata de un tema menor. Si la investigación queda en Rosario, el fiscal Miguel Moreno, a cargo de las pesquisas, imputará rápidamente a los principales ex directores de Vicentín. Pero si se la pasa a la jurisdicción del Colegio de Jueces de Reconquista los tiempos se dilatarán por la mudanza.

Luego de que el juez Hernán Postma decidiera en diciembre que las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) siguieran en Rosario, la empresa apeló y ahora entró en instancia definitoria. El lunes por la mañana se realizó una larga audiencia por teleconferencia presidia por el juez José Luis Mascali. 

Allí, según tuvo acceso Rosario3, el argumento central que presentó la empresa es que la sede social de sus negocios está en Avellaneda y que si fuera cierto que los directivos de Vicentín se hubieran complotado para estafar a los bancos y los productores, seguramente lo hubieras hecho en Avellaneda, que es donde viven y fijaron domicilios particulares. 




Pero el MPA y los abogados de las querellas (bancos y productores) sostuvieron que sus clientes fueron engañados en Rosario, que la evaluación que los bancos hicieron de Vicentín para realizar los préstamos tuvo lugar en Rosario.

En ese sentido, el abogado Guillermo Jorge, por los bancos internacionales, aportó un hecho trascendente que fue que en una oportunidad Vicentín en la que estaban negociando las condiciones de un préstamo la empresa les puso un avión a disposición y los trajo a Rosario para terminar de cerrar la conversación pero que nunca los llevaron al norte provincial. Es más, contaron que nunca los prestamistas extranjeros, que le prestaron más de u$s500 millones, estuvieron a Avellaneda.




Por su parte, los abogados de los productores, encabezados por Gustavo Feldman, sostuvieron que el 99% del cereal “con precio a fijar” –lo cual es central en la maniobra de estafa investigada- fue entregado en las plantas del Gran Rosario con todos los contratos con productores registrados y sellados en la Bolsa de Rosario. 

Feldman sostuvo además que si los ex directivos de Vicentín además de ello, la mayoría de directivos de Vicentín no viven en Avellaneda sino en Rosario. Al respecto, citó que durante los allanamientos realizados en diciembre "quedó comprobado que las direcciones en Avellaneda eran, en muchos casos, falsas". 



Por ejemplo, Cuando los fiscales concurrieron al domicilio denunciado en Avellaneda por Máximo Padoan, su ex esposa, de quien se encontraría divorciado hace 8 años, dijo que desde entonces no vive allí. 

Los querellantes endilgaron a los directivos de Vicentín mentirle a sus propios abogados y en consecuencia al Tribunal, y relataron que Alberto Macua vive en ciudad de Buenos Aires, que Daniel Buyatti vive en Rosario, que Gustavo Nardelli y Robertino Boschi también viven en Rosario, y que Pedro Vicentin vive en un barrio cerrado de Funes, entre otros directores. Incluso se recordó que Gustavo Nardelli en plena cuarentena estricta fue detenido cuando navegaba en su barco particular por el río Paraná para dirigirse de la isla a su domicilio en Rosario, como él mismo declaró a las autoridades.

En cuanto al Banco Macro, otro de los acreedores denunciantes, a través de la intervención del abogado Juan Pedro Rodenas, recordó que las negociaciones para el otorgamiento de créditos se llevaban a cabo en Buenos Aires y en Rosario (lugar donde residen la sede de la División Santa Fe de la entidad) ya que, según contó, la sucursal de Reconquista/Avellaneda no tiene competencia para definir una asistencia de $500 millones como la otorgada. 




Según Rodenas. el ardid llevado a cabo para vencer la resistencia del banco a otorgarles el crédito que pedían incluyó la apariencia de solvencia mostrando operaciones de granos reflejadas en su balance, pero que en realidad se trataba de una "construcción delictiva".

¿Vicentín intenta llevarse el caso a un lugar donde la Justicia le resulte más amigable? Esa es la idea que quisieron dejar instalada los abogados querellantes durante la audiencia virtual.