Las principales entidades agroindustriales argentinas emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron el nuevo reglamento europeo sobre productos agrícolas. 

El comunicado, firmado por 44 entidades agroindustriales, entre cámaras, federaciones y bolsas, pone de relieve el valor estratégico del Acuerdo Mercosur–UE, considerado clave no solo por sus implicancias comerciales, sino también por su potencial para fortalecer la cooperación política, tecnológica y de inversiones. “Este Acuerdo de Asociación siempre fue estratégico, pero adquiere una magnitud especial teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico global altamente desafiante”.

Preocupación por medidas restrictivas

Pese a su respaldo al acuerdo, las entidades remarcaron su “claro rechazo” al proyecto de reglamento europeo que busca establecer salvaguardias agrícolas bilaterales. Estas medidas, explicaron, permitirían a la Unión Europea limitar de forma unilateral y arbitraria las importaciones de productos del Mercosur. Bajo el argumento de una supuesta amenaza a su industria interna.

Las organizaciones argentinas alertaron que este instrumento introduce “imprevisibilidad e incertidumbre” en el intercambio de productos agropecuarios. Afectando así precisamente aquello que el acuerdo busca promover: la estabilidad y la transparencia en el comercio. Además, recordaron que las salvaguardias son herramientas “excepcionales”. Y que no deberían aplicarse en casos donde el acceso al mercado europeo ya está restringido por cuotas o contingentes arancelarios.

“Las exportaciones del Mercosur no superan el 2% del mercado europeo, por lo cual es imposible que generen un daño grave a la industria agrícola del bloque”. En ese sentido, subrayaron que el Acuerdo de Asociación establece criterios estrictos para la aplicación de este tipo de medidas. Condiciones que no se reflejan adecuadamente en el proyecto de reglamento presentado por la Comisión Europea.

El texto también recordó que las conversaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se extendieron durante más de veinte años. Tiempo en el cual ambas partes tomaron todos los recaudos para abordar el tratamiento de los denominados “productos sensibles”. En el caso europeo, muchos de esos productos directamente se excluyeron del acuerdo. O quedaron sujetos a plazos de desgravación de hasta diez años, reducciones parciales o contingentes arancelarios específicos.

De esta forma, las entidades consideraron que cualquier intento de modificar unilateralmente el marco de liberalización pactado “menoscaba el objetivo central del Acuerdo”. Éste es aumentar y diversificar el comercio sobre la base de reglas previsibles y estables. También remarcaron que la propuesta europea “desvirtúa las legítimas expectativas del Mercosur de hacer un uso pleno de las preferencias arancelarias obtenidas”. Las cuales fueron fruto de un largo y delicado proceso de concesiones recíprocas.

Objetivos del reclamo

Las entidades enfatizaron que el espíritu del acuerdo de asociación radica en generar un entorno comercial confiable y transparente. Donde las partes puedan operar en igualdad de condiciones. Desde esta perspectiva, la iniciativa europea de introducir nuevas restricciones contradice el principio de previsibilidad que el tratado busca garantizar.

“El equilibrio que se alcanzó tras décadas de negociación no puede alterarse de manera unilateral”. Y advirtieron que un movimiento de esta naturaleza socava la confianza entre los bloques. Y también debilita los incentivos para que el Mercosur avance en la apertura y diversificación de su comercio exterior.

En ese marco, destacaron la importancia de que la Unión Europea respete los compromisos asumidos. Y mantenga una posición coherente con su discurso de apertura comercial y sostenibilidad. Las organizaciones argentinas consideran que la aplicación de salvaguardias a productos agrícolas con participación marginal en el mercado europeo sería una señal contradictoria con el espíritu de integración que el acuerdo pretende impulsar.

Las entidades firmantes coincidieron en que la entrada en vigor del acuerdo de asociación podría marcar un punto de inflexión para la economía argentina y regional. Al ampliar el acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Además de los beneficios comerciales, remarcaron que el tratado promovería flujos de inversión, cooperación tecnológica. Así como transferencia de conocimiento y una mayor integración en cadenas de valor globales.

En ese sentido, sostuvieron que el sector agroindustrial argentino se encuentra preparado para competir en calidad, innovación y sustentabilidad. Pero necesita reglas claras y previsibles para planificar sus estrategias productivas y de exportación. “Las salvaguardias discrecionales solo generan incertidumbre, obstaculizan el comercio y desincentivan la inversión”.