El Gobierno juega una carta fuerte para intentar sacar dólares del colchón y llevarlos al circuito formal. La segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal llega a la Cámara de Diputados con modificaciones relevantes y con un objetivo económico que va mucho más allá de una reforma tributaria: incentivar a los argentinos a utilizar sus ahorros no declarados para consumir, invertir y operar dentro del sistema financiero.

El oficialismo buscará que la iniciativa avance este miércoles 26 de agosto. El proyecto amplía el universo de contribuyentes que podrían ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y elimina los actuales límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema.

Pero hay una letra chica que puede cambiar quiénes efectivamente podrán aprovecharlo.

El Gobierno quiere que los dólares salgan del colchón

La apuesta es concreta: que parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero regresen a la economía formal.

Según estimaciones del Banco Central, existen alrededor de u$s 170.000 millones fuera del sistema financiero formal, una cifra que multiplica varias veces el stock de depósitos privados. La expectativa oficial es que una parte de esos fondos pueda comenzar a utilizarse en operaciones bancarizadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que el objetivo es que quienes durante años mantuvieron ahorros informalizados puedan incorporarlos al sistema sin sufrir una penalidad por esa situación.

La diferencia clave es que Inocencia Fiscal no funciona técnicamente como un blanqueo tradicional: no exige declarar cada activo ni pagar un impuesto especial para obtener una liberación. La protección se vincula con la información que ya posee ARCA y con la inexistencia de determinadas discrepancias significativas.

El cambio que puede ampliar fuerte el universo de beneficiarios

Uno de los principales cambios de la nueva versión es la eliminación de los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que estaban contemplados para las personas humanas y sucesiones indivisas.

Eso permitiría que un número mayor de contribuyentes pueda ingresar al régimen simplificado.

Los grandes contribuyentes nacionales también podrán presentar la Declaración Jurada Simplificada y regularizar el impuesto por esa vía, aunque no accederán a los beneficios del régimen.

Funcionarios: una puerta que el Congreso decidió cerrar

La discusión política introdujo otro cambio sensible.

El nuevo texto excluye de los beneficios del esquema a quienes hayan ocupado determinados cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a su inscripción.

La lista alcanza, entre otros, a secretarios de Estado, legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura.

La modificación busca evitar que funcionarios y exfuncionarios puedan utilizar el régimen simplificado en las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.

ARCA tendrá una nueva vara para detectar inconsistencias

Otro de los puntos centrales está en las llamadas “discrepancias significativas”.

El proyecto establece que habrá una diferencia relevante cuando ARCA detecte un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por un porcentaje de al menos 15%.

Sin embargo, superar ese porcentaje no necesariamente implicará quedar automáticamente fuera del régimen: también deberá considerarse el monto nominal de la diferencia, que no podrá alcanzar determinados umbrales vinculados al Régimen Penal Tributario.

Además, el organismo podrá utilizar para sus controles la información declarada por el contribuyente, sus propios sistemas y los datos proporcionados por terceros.

Una oportunidad de 16 meses para los dólares no declarados

Uno de los puntos que más atención genera es la ventana temporal prevista para exteriorizar fondos no declarados.

De acuerdo con el proyecto, el plazo estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los fondos pasarían a considerarse incorporados al patrimonio del contribuyente en el momento en que se concrete la operación, mientras que las transacciones deberán canalizarse mediante los mecanismos autorizados por el Banco Central y/o la Comisión Nacional de Valores, ya sea en el origen o en el destino.

El dato convierte al período que viene en una etapa potencialmente importante para quienes conservan dólares fuera del sistema y evalúan comenzar a utilizarlos formalmente.

El otro beneficio: multas más bajas

El proyecto también incorpora alivio para determinados contribuyentes.

El dictamen establece una reducción permanente del 25% de las sanciones para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro que no sean consideradas Grandes Contribuyentes Nacionales.

Además, determinadas multas que todavía no estén firmes —o que estén firmes pero permanezcan impagas— podrían reducirse un 50% cuando el incumplimiento se haya producido entre la primera y la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Ganancias: el Gobierno ganó tiempo

En paralelo, ARCA prorrogó el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

El plazo, que originalmente vencía el 27 de agosto, fue extendido hasta el 22 de septiembre, inclusive.

La decisión abre un margen adicional para que los contribuyentes conozcan el resultado del debate legislativo antes de definir su estrategia fiscal.

La pregunta del millón: ¿alcanzará para que aparezcan los dólares?

El Gobierno apuesta a que sí. La magnitud de los fondos que permanecen fuera del sistema explica buena parte del interés oficial: si una fracción significativa comienza a circular por bancos, mercados, consumo o inversiones, el impacto podría sentirse en distintos sectores de la economía.

Pero la nueva Inocencia Fiscal también tiene una condición central: la protección no es absoluta. La seguridad jurídica depende de que no aparezcan discrepancias significativas que permitan a ARCA cuestionar la situación fiscal del contribuyente.

Por eso, más que un nuevo blanqueo, el proyecto busca modificar los incentivos: hacer menos costoso para el contribuyente pasar de la informalidad a la formalidad y, al mismo tiempo, darle al fisco nuevas reglas para controlar inconsistencias.

Ahora la pelota está en el Congreso. El miércoles puede comenzar a definirse si la segunda versión de Inocencia Fiscal consigue convertirse en la herramienta que el Gobierno espera para poner a trabajar los dólares que durante años permanecieron fuera del sistema.