La estrategia tributaria del Gobierno de Javier Milei entra en una nueva etapa: después de avanzar con el equilibrio de las cuentas públicas, el Ejecutivo busca profundizar la reducción de impuestos que considera distorsivos para la actividad económica.

El costo de esa política ya puede medirse. De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) citado por El Cronista, los cambios tributarios implementados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad equivalen a una reducción de la recaudación cercana al 3% del PBI. Si se consideran las medidas con impacto hacia adelante, el costo fiscal acumulado podría llegar al 4,7% del PBI a fines de 2027.

La cifra adquiere relevancia porque la política fiscal es uno de los pilares centrales del programa económico. El Gobierno sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas es la condición necesaria para avanzar con una reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado.

Durante su exposición ante empresarios en el Council of the Americas, Milei afirmó que la Argentina redujo impuestos por unos tres puntos del PBI desde el comienzo de su administración y vinculó ese proceso con una devolución de recursos al sector privado.

El impuesto PAIS, en el centro de la cuenta

Entre las medidas con mayor impacto aparece la eliminación del impuesto PAIS, que dejó de estar vigente a fines de 2024. Según el IARAF, su desaparición implica una resignación de recursos equivalente al 1,1% del PBI.

La reducción de los derechos de exportación también tiene un peso importante. Las distintas modificaciones aplicadas sobre las retenciones representan un impacto negativo estimado en 0,52% del PBI al considerar el conjunto de medidas analizadas hasta 2026.

Bienes Personales aparece como otro de los tributos que explican una parte significativa de la caída de recursos, mientras que el IVA y los derechos de importación tienen impactos menores dentro de la estructura analizada.

El efecto no es exclusivamente de reducción de impuestos. Algunas medidas aumentaron la recaudación y compensaron parcialmente el costo de las rebajas. Entre ellas aparecen los cambios en combustibles, Ganancias de personas humanas y el monotributo.

Qué puede pasar en 2027

La proyección del IARAF muestra que el impacto de los principales cambios tributarios implementados hasta ahora generaría una pérdida de recaudación equivalente a 1,77% del PBI durante 2027.

La cifra representa una merma adicional cercana a 0,16 puntos del PBI respecto de 2026.

Una de las razones del incremento es la implementación plena del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), junto con un mayor costo fiscal asociado a Bienes Personales. Parte de ese efecto sería compensado por una menor pérdida vinculada con el régimen de certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana.

El FAL, incorporado dentro del esquema de modernización laboral, contempla aportes mensuales destinados a financiar indemnizaciones: 2,5% de la nómina para las MiPyMEs y 1% para las grandes empresas. El IARAF estima para 2026 un costo fiscal de 0,06% del PBI y un impacto anualizado de 0,37%.

El desafío: bajar impuestos sin romper el equilibrio fiscal

El dato central de la estrategia económica hacia 2027 será, entonces, cómo compatibilizar dos objetivos: reducir la presión tributaria y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno plantea que una menor carga impositiva puede mejorar los incentivos para invertir, producir y contratar trabajadores. La contracara es que cada reducción tributaria implica, al menos inicialmente, menos recursos para el Estado.

Según el IARAF, entre 2024 y 2026 el impuesto PAIS explica el 43% de la caída de la recaudación derivada de los cambios tributarios. Le siguen los derechos de exportación, con 19%, Bienes Personales, con 18%, e IVA, con 11%.

La discusión fiscal para 2027 quedará así atravesada por una pregunta clave para los mercados: cuánto espacio existe para seguir reduciendo impuestos sin poner en riesgo el ancla fiscal que sostiene al programa económico.

Por ahora, el Gobierno mantiene la hoja de ruta: menos impuestos, más actividad privada y un Estado con menor peso sobre la economía. El desafío será demostrar que esa reducción de la presión tributaria puede convivir con un resultado fiscal sostenible.