El sistema de pagos digitales argentino podría entrar en una nueva etapa. Un proyecto presentado en el Congreso propone crear la Autopista Nacional de Pagos (ANAP), una infraestructura pública que estaría administrada por el Banco Central y que tomaría como referencia al PIX de Brasil y al UPI de India.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Santiago Luis Roberto y plantea que bancos y billeteras puedan operar sobre una infraestructura común, con transferencias inmediatas, interoperabilidad y costos regulados.

El proyecto ingresó al Congreso el 14 de agosto y propone que el Estado deje de limitarse a establecer las reglas del mercado para pasar también a ofrecer la infraestructura sobre la que se procesan los pagos.

Transferencias gratis y comisiones con techo: qué cambiará

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta está en los costos.

Para los usuarios, la ANAP establecería que las operaciones sean gratuitas para quien ordena el pago. Para comercios y empresas, en cambio, se fijarían topes según su tamaño:

* 0,15% para microempresas.

* 0,25% para pequeñas empresas.

* 0,35% para medianas.

* 0,50% para grandes empresas.

Además, la infraestructura permitiría identificar cuentas mediante CBU, CVU y alias, pero también utilizando CUIT, CUIL, DNI, teléfono o correo electrónico.

El objetivo es atacar uno de los principales obstáculos para la expansión de los pagos digitales: el costo que enfrentan los comercios para incorporar y utilizar estas herramientas.

QR, transferencias y pagos recurrentes: todo en una misma red

La propuesta busca ampliar la interoperabilidad del sistema argentino.

Entre las operaciones que podría canalizar la ANAP aparecen las transferencias inmediatas entre personas, pagos mediante QR entre cualquier banco o billetera, débitos automáticos, pagos recurrentes, pedidos de pago electrónicos y operaciones entre consumidores y comercios.

También contempla pagos al Estado, transferencias del Estado hacia las personas, pagos masivos —como salarios o prestaciones— y, cuando la regulación lo permita, transferencias internacionales.

En otras palabras, la idea es construir una infraestructura que permita que diferentes actores financieros puedan conectarse y competir sobre los mismos rieles.

El problema: Argentina ya tiene Transferencias 3.0

La gran pregunta que abre el proyecto es si realmente hace falta construir una nueva infraestructura.

Argentina ya cuenta con Transferencias 3.0, implementado por el Banco Central en 2021, que permite realizar pagos mediante QR interoperables entre bancos y billeteras.

Por eso, el debate no pasa solamente por la tecnología. La discusión central es si el país necesita una nueva red estatal o si debería modernizar y abaratar la infraestructura que ya existe.

Diego Kupferberg, especialista en negocios digitales, advierte justamente sobre esta cuestión. Según su análisis, Argentina ya posee interoperabilidad entre QR, CBU, CVU y alias, además de cámaras compensadoras como COELSA.

Bancos, billeteras y procesadores: el negocio que hay en el medio

El proyecto puede tener un impacto que va mucho más allá de la experiencia del usuario.

La ANAP pondría en discusión quién controla los “rieles” por los que circula el dinero digital y cuánto cuesta utilizarlos.

Actualmente, buena parte de esa infraestructura está vinculada a operadores privados. La propuesta plantea que el Estado pueda operar directamente una infraestructura de pagos y competir con los jugadores existentes.

Para Kupferberg, allí aparece uno de los puntos más delicados: el Banco Central pasaría a tener simultáneamente funciones de regulador y operador de infraestructura.

El especialista considera que esto exigiría reglas muy claras para evitar cuestionamientos de los operadores privados sobre las condiciones de competencia.

La otra opción: cambiar lo que ya existe para no empezar de cero

Pero la ANAP no es la única propuesta que está sobre la mesa.

Otro proyecto, denominado Ley de Modernización del Sistema Nacional de Pagos, propone que el Banco Central modernice la infraestructura actual en lugar de crear una red paralela.

La iniciativa plantea reducir costos, ampliar la interoperabilidad y actualizar los sistemas de procesamiento, compensación y liquidación.

Entre sus propuestas aparecen topes a determinadas comisiones, límites a los costos entre participantes del sistema, menores plazos de acreditación y la creación de un sistema integrado de pagos y liquidaciones que opere las 24 horas, los 365 días del año.

La verdadera pelea: ¿nueva autopista o arreglar la que ya está?

Detrás de la discusión tecnológica aparece una batalla mucho más grande: quién controla el negocio de los pagos digitales en Argentina y cuánto cuesta mover dinero.

La ANAP propone una infraestructura pública capaz de competir con los operadores existentes. La alternativa busca modificar las reglas de la infraestructura actual para reducir costos y acelerar las operaciones.

Para el usuario final, la diferencia podría parecer pequeña: transferencias más rápidas, pagos interoperables y menores costos.

Para bancos, billeteras, procesadores y comercios, en cambio, puede significar un cambio importante en la estructura del negocio.

El debate recién comienza en el Congreso, pero una cosa ya está clara: el “PIX argentino” no es solamente una discusión sobre cómo pagar con el celular. Es una disputa por los rieles sobre los que circulará el dinero digital del país.