La última semana de agosto arrancó con una señal que el mercado venía esperando y que finalmente llegó: el Gobierno dejó que el dólar mayorista atravesara la barrera de los $1.500. Pero detrás de ese movimiento hay bastante más que un cambio de cotización. La decisión expone una modificación en la estrategia con la que el equipo económico viene administrando dólar, tasas y liquidez.

Durante las últimas semanas, los operadores habían identificado los $1.500 como una suerte de techo informal. A fines de julio, cuando el mayorista se acercó a ese nivel, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central disminuyeron US$145 millones en apenas una jornada, algo que el mercado interpretó como una probable intervención para contener la cotización.

Esta vez ocurrió algo diferente.

El Gobierno soltó el dólar para aliviar las tasas

El dólar mayorista cerró el lunes en torno a $1.508,50, atravesando finalmente el límite que durante semanas había funcionado como referencia. La lectura predominante entre economistas es que sostener artificialmente ese techo empezaba a resultar demasiado costoso por otro frente: obligaba a mantener elevadas las tasas en pesos y aumentaba la necesidad de ofrecer cobertura cambiaria.

El Gobierno parece haber optado entonces por permitir algo más de movimiento en el dólar para ganar aire en las tasas y administrar mejor la liquidez. En otras palabras, el objetivo no necesariamente sería defender una cotización nominal determinada, sino manejar el delicado equilibrio entre tipo de cambio, costo del dinero, acumulación de reservas y demanda de cobertura.

La reacción fue inmediata. Subieron prácticamente todas las variantes del dólar: el oficial terminó en $1.528,41, el blue en $1.565, el MEP en $1.539,41 y el contado con liquidación superó los $1.600. Al mismo tiempo, las reservas brutas se acercaron a los US$51.000 millones, su mayor nivel de los últimos siete años.

El movimiento aparece además en un momento particular. Las consultoras proyectan para agosto una inflación de entre 1,6% y 1,8%, mientras persiste una fuerte demanda privada de dólares. Se estima que los argentinos vienen destinando alrededor de US$2.000 millones mensuales a compras de divisas que terminan fuera del circuito financiero local.

La otra sorpresa: el BCRA libertario pone un techo

Mientras el Gobierno flexibiliza su intervención cambiaria, el Banco Central tomó una decisión que parece ir en dirección contraria al discurso de desregulación: estableció un límite a los intereses que podrán cobrar las tarjetas no bancarias.

La medida alcanza a tarjetas emitidas por comercios, supermercados, mutuales, fintech y otras entidades que no son bancos. Algunas venían aplicando tasas de hasta el 300% anual sobre saldos financiados.

Desde septiembre, el límite informado será de 83,05% TNA. Las compañías podrán cobrar menos, pero no superar ese nivel.

La decisión aparece en medio de una discusión creciente sobre el costo del financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional y puede convertirse en otro capítulo de la tensión entre el Gobierno, las fintech y las plataformas financieras. Y no es el único.

Un “PIX argentino” amenaza con cambiar el negocio de los pagos

En el Congreso apareció un proyecto potencialmente mucho más disruptivo para bancos, billeteras y procesadores de pagos: crear la Autopista Nacional de Pagos (ANAP), una infraestructura pública inspirada en el exitoso PIX brasileño.

La propuesta plantea que el Banco Central opere una plataforma sobre la cual puedan competir bancos y billeteras, permitiendo transferencias inmediatas, pagos mediante QR interoperables, débitos automáticos, pagos recurrentes, transferencias de salarios, operaciones con el Estado e incluso, eventualmente, pagos internacionales.

La verdadera discusión está en el costo. Para las personas, las operaciones serían gratuitas. Para los comercios se establecerían aranceles máximos de 0,15% para microempresas, 0,25% para pequeñas, 0,35% para medianas y 0,50% para grandes empresas. Además, las cuentas podrían identificarse no solamente mediante CBU, CVU o alias, sino también utilizando DNI, CUIT, CUIL, teléfono o correo electrónico.

La propuesta toca directamente uno de los negocios más disputados del sistema financiero argentino: quién controla los rieles por los que circula el dinero digital y cuánto cobra por hacerlo.

Argentina ya cuenta con Transferencias 3.0 y QR interoperables. Por eso, la discusión no pasa únicamente por copiar PIX, sino por determinar si hace falta crear una nueva infraestructura estatal o mejorar la existente. La diferencia es importante: el nuevo esquema convertiría al Estado no solamente en regulador, sino también en operador de la infraestructura básica sobre la que competirían los privados.

Santa Fe: otro round por los juicios laborales

En Santa Fe vuelve a tomar temperatura otra batalla: la litigiosidad laboral. La reforma del Código Procesal Laboral aprobada en marzo comenzó a mostrar sus primeros efectos. La Corte Suprema provincial dispuso que determinadas pericias médicas relacionadas con accidentes y enfermedades laborales sean realizadas exclusivamente por el Cuerpo Médico de Peritos Especializados del Poder Judicial cuando en los juicios abreviados sólo se discuta el porcentaje de incapacidad.

También empezó a aplicarse gradualmente un nuevo esquema para los honorarios de peritos, con montos definidos según el tipo de pericia y sin relación directa con el valor económico del juicio. Desde el sector empresario consideran que el cambio puede contribuir a evitar porcentajes de incapacidad artificialmente elevados.

Pero los empresarios quieren avanzar más. La Red de Instituciones por la Producción presentó en la Legislatura un nuevo proyecto que propone modificaciones sobre caducidad de expedientes, embargos preventivos, registro audiovisual de audiencias y una conciliación laboral obligatoria previa al juicio.

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario salió al cruce. Entre otros puntos, cuestiona que un expediente pueda caducar después de nueve meses de inactividad, las mayores exigencias para trabar embargos y la posibilidad de suspender el pago de una sentencia mediante un recurso.

También advierte que el nuevo Servicio de Conciliación Laboral Previa podría sumar entre tres y cuatro meses al proceso si no cuenta con presupuesto y estructura suficientes. Desde el sector empresario responden que la conciliación permitiría evitar litigios y aliviar los juzgados.

Detrás de la discusión jurídica aparece una cuestión económica mucho más profunda: el temor empresario al costo potencial de contratar trabajadores. Los impulsores sostienen que muchas empresas evalúan dos veces una incorporación ante el riesgo de convertirla en un pasivo judicial futuro. Los laboralistas, en cambio, consideran que las modificaciones propuestas inclinan el sistema a favor de los empleadores.