La preocupación por el crecimiento de la morosidad de las familias llegó nuevamente al centro de la agenda financiera. Mientras cada vez más hogares enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, los bancos públicos y privados buscan que el Banco Central modifique algunas de las reglas que regulan la evaluación y el tratamiento de los deudores.

La propuesta fue presentada por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), que planteó la necesidad de generar mecanismos que permitan detectar los problemas de pago antes de que se conviertan en situaciones de incumplimiento permanente.

El dato que encendió las alarmas es contundente: la irregularidad de las financiaciones a las familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 12,1% registrado en abril, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central.

La propuesta que los bancos llevaron al Banco Central

La iniciativa de ABAPPRA apunta a modificar el esquema regulatorio para que las entidades puedan actuar con mayor rapidez frente a los primeros síntomas de dificultades financieras.

Uno de los principales pedidos es permitir una mayor flexibilidad para clasificar a los clientes que ingresan en mora. La intención es diferenciar a quienes atraviesan un problema temporal de ingresos de aquellos cuya situación financiera presenta un deterioro más profundo.

Según la asociación, esta diferenciación permitiría ofrecer alternativas de refinanciación antes de que la deuda se vuelva difícil de recuperar.

Cambiar el tratamiento de las deudas impagas

Otro de los puntos planteados está relacionado con la forma en que los bancos contabilizan los saldos en mora.

ABAPPRA considera que un tratamiento regulatorio diferente podría otorgarles a las entidades mayor margen para negociar nuevas condiciones con los clientes que atraviesan dificultades transitorias.

El objetivo sería evitar que una persona que se atrasó temporalmente quede rápidamente fuera del sistema financiero y pierda la posibilidad de acceder nuevamente al crédito.

Un nuevo sistema para medir quién puede pagar

La propuesta también apunta directamente al llamado scoring crediticio, es decir, los mecanismos utilizados para determinar la capacidad de pago de una persona.

Los bancos plantean avanzar hacia criterios homogéneos que permitan detectar de manera anticipada situaciones de sobreendeudamiento.

La idea es que las entidades puedan contar con una evaluación más consistente del perfil financiero de cada cliente y, de esa manera, identificar señales de alerta antes de que aparezcan incumplimientos prolongados.

Bancos y fintech: la otra discusión que llega al BCRA

Uno de los puntos centrales del planteo es la necesidad de que existan reglas similares para los distintos proveedores de crédito.

Desde ABAPPRA señalan que actualmente existen diferencias entre los estándares aplicados por bancos y otros actores del mercado, como las fintech y billeteras digitales.

La propuesta busca que las exigencias vinculadas con evaluación, información y transparencia sean más uniformes entre los distintos participantes del sistema financiero.

La mora familiar sigue siendo el principal foco de preocupación

Aunque en junio la irregularidad total del crédito al sector privado mostró una leve mejora, al pasar del 7,7% al 7,6%, la situación de las familias permaneció estable en el 12,8%.

Para los bancos, el desafío consiste ahora en evitar que los atrasos temporales terminen transformándose en situaciones de difícil recuperación.

La discusión adquiere especial importancia porque una mayor morosidad no solo afecta a quienes no pueden pagar sus créditos: también puede impactar sobre las condiciones futuras de financiamiento, el nivel de riesgo de las entidades y el acceso al crédito de nuevos clientes.

Qué puede cambiar para los deudores

Si las propuestas avanzaran, el principal cambio sería un enfoque más preventivo frente a los atrasos.

En lugar de esperar a que una deuda se deteriore durante varios meses, las entidades podrían contar con mayor margen regulatorio para negociar refinanciaciones y adaptar las condiciones de pago cuando detecten que el problema es transitorio.

Para las familias, esto podría significar una mayor posibilidad de reordenar sus deudas sin quedar inmediatamente excluidas del sistema financiero.

Por ahora, las propuestas de ABAPPRA no constituyen nuevas normas: fueron presentadas al Banco Central como una base para discutir modificaciones regulatorias.

La pelota, entonces, quedó del lado del BCRA. El debate será cómo flexibilizar las reglas para atender a los deudores sin generar incentivos que deterioren la calidad del crédito ni comprometan la estabilidad del sistema financiero.