Cuando una persona o una empresa analiza tomar un préstamo, la primera referencia suele ser la tasa de interés. Sin embargo, el indicador que permite conocer cuánto terminará costando realmente el financiamiento es el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), que incorpora intereses, seguros, gastos administrativos e impuestos.

En Argentina, la estructura tributaria agrega una carga relevante al financiamiento. Sobre los créditos pueden intervenir impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, dependiendo del tipo de operación y de la jurisdicción.

El resultado es que una tasa aparentemente competitiva puede transformarse en un costo considerablemente mayor para el tomador.

IVA, Ingresos Brutos y Sellos: los principales componentes

A nivel nacional, los intereses de los préstamos están alcanzados, en términos generales, por una alícuota del 21% de IVA, aunque existen excepciones, entre ellas determinados créditos hipotecarios destinados a vivienda permanente.

A esa carga se suma el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya incidencia varía según cada provincia. De acuerdo con el relevamiento, La Pampa presenta una alícuota del 9,1%, mientras que varias jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, aplican el 9%.

También puede aparecer el impuesto de Sellos sobre el capital del crédito, con alícuotas que pueden alcanzar el 1,2%.

La estructura no termina allí: algunos municipios aplican tasas sobre la actividad bancaria, agregando otro componente al costo final del financiamiento.

El impacto cambia según la provincia y el municipio

La carga tributaria no es uniforme en todo el país. La jurisdicción donde se origina o instrumenta el crédito puede modificar sustancialmente el costo asociado a los impuestos.

En el caso de los municipios bonaerenses, por ejemplo, aparecen diferencias importantes en las tasas aplicadas a la actividad bancaria. Bahía Blanca registra una alícuota bruta del 8,5%, La Plata del 7,5% y La Matanza del 7%, según los datos citados en el informe.

Esta dispersión genera un mapa tributario heterogéneo que afecta de manera diferente al sistema financiero y, en última instancia, a quienes buscan financiamiento.

Impuestos: hasta un tercio del costo del crédito

El impacto sobre el costo financiero puede ser significativo. Según un análisis de Econométrica citado por El Cronista, los impuestos, principalmente IVA e Ingresos Brutos, pueden sumar más de 43 puntos porcentuales al costo financiero efectivo anual de determinados préstamos.

El IERAL, por su parte, sostiene que entre un cuarto y un tercio del costo del crédito puede estar explicado por la carga tributaria. El centro de estudios advierte que esta situación dificulta la posibilidad de ofrecer financiamiento a tasas razonables.

El problema adquiere mayor relevancia en un mercado donde el crédito bancario todavía tiene una participación reducida en relación con otras economías de la región.

Un problema para familias y empresas

La presión tributaria sobre el financiamiento tiene efectos que van más allá de la cuota de un préstamo.

Para las familias, un costo financiero más elevado puede limitar el acceso a préstamos personales, consumo e hipotecarios. Para las empresas, en cambio, el encarecimiento del crédito puede afectar las decisiones de inversión, capital de trabajo y expansión.

La discusión también involucra a las provincias y municipios, dado que una parte importante de los tributos que inciden sobre la actividad financiera se encuentra bajo jurisdicción subnacional.

Por eso, cualquier estrategia destinada a ampliar el mercado de crédito deberá contemplar no solo el nivel de las tasas bancarias, sino también el peso de los impuestos que se acumulan sobre cada operación.

El desafío: reducir el costo sin afectar la recaudación

El debate tributario sobre el crédito plantea una tensión entre dos objetivos: sostener los recursos fiscales y, al mismo tiempo, generar condiciones para que el financiamiento sea más accesible.

Desde el IERAL plantean revisar tanto los tributos subnacionales como algunos impuestos nacionales que afectan la intermediación financiera. Entre las alternativas mencionadas aparece también la revisión del IVA aplicado a los intereses y del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.

La discusión cobra relevancia porque un sistema financiero con mayor volumen de crédito puede ampliar las posibilidades de consumo e inversión. Pero mientras una parte significativa del costo de cada préstamo esté determinada por la estructura impositiva, la baja de las tasas bancarias por sí sola podría no ser suficiente para lograr una expansión sostenida del financiamiento.