El número que aprueba un directorio suele llevar la frialdad de los datos concluyentes, pero en la arquitectura financiera de Celulosa Argentina revela un drama estructural. El último ejercicio anual cerró con pérdidas por 127.372 millones de pesos y encendió todas las alarmas societarias.

El cuadro patrimonial rozó el abismo al registrar un saldo negativo de 145.850 millones de pesos. Se trata de un deterioro que ubica técnicamente a la emblemática compañía dentro de las causales de disolución contempladas en la Ley General de Sociedades.

Para la conducción ejecutiva no significa un certificado de defunción inmediato, sino el espejo de una asfixia prolongada. El pasivo reconocido devoró a los activos, dejando un capital de trabajo negativo de 294.944 millones de pesos y una liquidez reducida al mínimo.

El centro de esta encrucijada institucional se desplaza hacia el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo. Allí descansa un concurso preventivo cuya definición recién verá la luz en 2027.

Detrás de la geometría de los balances emerge la figura estratégica de Esteban Nofal. El empresario tomó el control de la firma semanas después de la apertura concursal, estructurando una red accionaria a través de la sociedad Tapebicuá Investment Company S.L. y el vehículo Tapebicuá LLC.

La maniobra exigía algo más que ingeniería societaria: requería liquidez inmediata para reiniciar los motores de la industria. Esteban Nofal inyectó aproximadamente 15,3 millones de dólares para recomponer el flujo operativo y lograr el encendido de las plantas fabriles tras un parate prolongado.

El rescate monetario devolvió cierta operatividad y permitió recuperar presencia comercial mediante la fidelización de clientes. Sin embargo, la magnitud de la bola de nieve previa neutralizó parcialmente el impacto del capital fresco, dejando a la empresa sin acceso a crédito tradicional.

La dependencia del descuento de cheques con tasas asfixiantes revela la fragilidad del esquema. Para sobrevivir, la compañía debió refugiarse en la generación propia de caja, en una estrategia de subsistencia donde cada centavo producido equivale a un tanque de oxígeno.

Los ingresos por ventas netas mostraron un derrape del 51%, alcanzando 135.964 millones de pesos. La producción se contrajo casi un 40%, evidenciando las restricciones operativas y el menor aprovechamiento de las plantas industriales repartidas en el mapa productivo regional.

Aun en la tormenta, la conducción exhibe un indicador favorable: la reducción del 33% en la pérdida operativa. Aquello responde a un severo programa de recorte de costos que recortó el déficit a 58.479 millones de pesos, buscando desesperadamente bajar el punto de equilibrio.

El intento de volcar volumen hacia el mercado externo compensó la falta de fuerza doméstica, pero introdujo una paradoja estratégica. Las exportaciones aportan rotación, aunque sacrifican márgenes de rentabilidad en un escenario de demanda nacional sensiblemente deprimida para papeles de impresión y escritura.

El análisis del directorio no esquiva la mirada política al evaluar el entorno macroeconómico. La conducción apuntó contra los efectos de las políticas monetarias, cambiarias y de comercio exterior implementadas por el Gobierno Nacional, acusándolas de golpear directamente la competitividad industrial.

A ese frente macroeconómico se sumó una encrucijada energética determinante. Las restricciones en el suministro de gas natural multiplicaron por cinco los costos operativos, al obligar el uso de combustibles alternativos para sostener la marcha en nuestra región.

La verdadera dimensión del riesgo del grupo no termina en los libros de la casa matriz. El colapso encuentra su versión más dramática en Forestadora Tapebicuá, cuya planta permanece inactiva con ventas que se desplomaron un 86% y un quebranto multimillonario.

En ese frente secundario, la Justicia dio un paso drástico al disponer la intervención plena del órgano administrador. La jueza designó a María Anahí Cordero para tomar el control de una firma acorralada por pagarés bursátiles, pasivos post concursales y demandas laborales.

La postal de Forestadora Tapebicuá es desoladora: instalaciones sin energía eléctrica, carentes de cobertura aseguradora y azotadas por el vandalismo. Los daños patrimoniales se estiman en 1.000 millones de pesos, mientras la sombra de la quiebra judicial se proyecta como una amenaza real.

El efecto dominó rozó también a la red de distribución. La firma comercializadora Casa Hutton vio reducir sus ventas a 12.040 millones de pesos, mientras que la filial uruguaya Fanapel sufrió caídas simultáneas en facturación en dólares y volumen comercializado.

El fenómeno que atraviesa Celulosa Argentina trasciende un simple balance contable en rojo. Refleja la tensión permanente entre el esfuerzo de capitales privados por rescatar capacidad instalada y la inercia de un endeudamiento que devora cualquier síntoma de recuperación.

La trama que se resuelve en los tribunales de San Lorenzo expone los límites del auxilio financiero cuando la macroeconomía frena la demanda. Esteban Nofal apuesta a ganar tiempo y caja en un tablero donde la cornisa judicial es cada vez más estrecha.