La relación de los argentinos con bancos y billeteras digitales podría avanzar hacia un esquema en el que el usuario tenga mayor control sobre su información financiera.

El diputado Martín Yeza presentó un proyecto de ley para crear un Perfil Bancario Único (PBU), una herramienta destinada a concentrar información sobre productos financieros, historial crediticio y comportamiento de cada persona y facilitar su portabilidad entre entidades.

La iniciativa, identificada como expediente 1807-D-2026, propone además establecer un régimen de portabilidad financiera y fue girada a las comisiones de Finanzas y Legislación General de la Cámara de Diputados.

La propuesta se conecta con una política que el Gobierno ya puso en marcha. En mayo de 2025, el Decreto 353/2025 creó el Sistema de Finanzas Abiertas, mediante el cual las personas y empresas pueden autorizar expresamente el intercambio de información con entidades del sistema financiero registradas ante el Banco Central.

Qué es el Perfil Bancario Único

El PBU apunta a funcionar como una especie de tablero financiero personal.

La idea es que el usuario pueda acceder desde un único perfil a información relacionada con sus cuentas, tarjetas, préstamos y otros productos financieros, en lugar de tener esos datos dispersos entre distintas entidades.

Según el proyecto, el sistema permitiría: centralizar el historial crediticio y los productos financieros; consultar los servicios contratados en distintas entidades; facilitar la migración de productos hacia otro banco o billetera; autorizar el intercambio de información entre entidades; revocar los permisos otorgados.

El objetivo central no sería crear una nueva billetera ni reemplazar a los bancos, sino hacer portable la información financiera del usuario.

"MiArgentina" podría convertirse en la puerta de entrada

Uno de los escenarios planteados es que el Perfil Bancario Único pueda integrarse con MiArgentina, la plataforma oficial que ya concentra documentación, trámites y servicios digitales del Estado. MiArgentina funciona actualmente como un perfil digital ciudadano para acceder a distintos servicios públicos.

En ese esquema, el Estado podría funcionar como una capa de identificación y gestión de permisos, mientras que los datos financieros continuarían vinculados a las entidades que los generan.

Esto resulta relevante porque evita pensar al PBU como una nueva aplicación financiera. El concepto apunta más bien a que una persona pueda decidir qué información comparte, con quién y durante cuánto tiempo.

La clave: portabilidad financiera

El proyecto busca llevar al sistema financiero una lógica similar a la portabilidad que existe en otros mercados.

Por ejemplo, un cliente podría cambiar de banco sin perder el historial construido durante años. Su comportamiento de pago, productos utilizados y otra información relevante podrían acompañarlo en el proceso.

Esto podría modificar especialmente el mercado de crédito.

Un banco que recibe información autorizada sobre el comportamiento financiero de un potencial cliente podría evaluar su riesgo sin depender exclusivamente de la información que tiene disponible dentro de sus propios sistemas.

Para un usuario con buen historial, esto podría traducirse en más competencia entre entidades, mejores condiciones y potencialmente menores tasas.

En cambio, para quienes tienen antecedentes negativos, una mayor disponibilidad de información también podría dificultar el acceso al crédito.

Qué productos financieros podrían portarse

No todos los productos tendrían la misma facilidad para migrar.

Las cuentas bancarias y billeteras aparecen entre los instrumentos más sencillos de trasladar desde el punto de vista operativo. Las tarjetas de crédito también podrían beneficiarse de la portabilidad de información vinculada con el historial de consumo.

Los préstamos representan un caso más sensible, porque requieren evaluar riesgo, saldo pendiente y condiciones contractuales.

En una etapa posterior podrían incorporarse productos más complejos, como inversiones y seguros, que requieren integraciones adicionales con custodios, pólizas y estructuras de comisiones.

El antecedente: Finanzas Abiertas

El PBU no parte de cero. El Decreto 353/2025 estableció el Sistema de Finanzas Abiertas y determinó que el Banco Central será su autoridad de aplicación. La norma establece que el intercambio de información debe realizarse con consentimiento expreso del usuario y que el BCRA debe definir los parámetros y estándares del sistema.

Por eso, el proyecto del Perfil Bancario Único puede leerse como una posible extensión legislativa de esa estrategia: pasar de permitir el intercambio de información a construir un mecanismo que facilite su utilización para cambiar de proveedor financiero.

Más competencia entre bancos y fintech

Para el sistema financiero, el impacto potencial es significativo.

La portabilidad puede reducir uno de los principales costos que enfrenta un cliente cuando quiere cambiar de entidad: tener que reconstruir su relación financiera desde cero.

En un escenario de mayor movilidad, bancos tradicionales, fintech y billeteras competirían no sólo por captar nuevos clientes, sino también por quedarse con usuarios que ya cuentan con un historial financiero.

Esto podría generar una presión adicional sobre tasas, límites de crédito, beneficios y condiciones comerciales.

El propio Sistema de Finanzas Abiertas creado por el Decreto 353/2025 tiene entre sus objetivos favorecer el crédito, la competencia y la inclusión financiera.

El desafío: seguridad y uso de los datos

La mayor circulación de información financiera también plantea un desafío.

Cuanto más información se comparte entre entidades, mayor es la necesidad de establecer mecanismos sólidos de autorización, autenticación y seguridad.

El diseño del sistema será determinante para evitar que una herramienta pensada para darle más control al usuario termine generando nuevos riesgos de fraude o uso indebido de información.

En este punto, el modelo de Finanzas Abiertas prevé que el intercambio se produzca a partir del consentimiento del titular. El decreto también establece que las nuevas disposiciones no eliminan las obligaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Qué puede cambiar para los usuarios

Si el proyecto avanza y se implementa, el cambio más importante podría ser conceptual: la información financiera dejaría de estar tan atada a una entidad específica.

Para un cliente, esto podría significar mayor capacidad para comparar ofertas y trasladar su historial cuando encuentre mejores condiciones.

Para bancos y fintech, implicaría competir en un mercado potencialmente más dinámico, donde la relación histórica con el cliente podría dejar de ser una barrera tan fuerte para el cambio.

Y para el regulador, el desafío será encontrar el equilibrio entre mayor competencia, protección de datos, seguridad y acceso al crédito.

Una nueva etapa para las finanzas digitales

El Perfil Bancario Único todavía es un proyecto y no una herramienta disponible para los usuarios. La iniciativa figura actualmente en el ámbito de la Cámara de Diputados y propone crear el régimen de portabilidad financiera junto con el PBU.

Pero su aparición marca una dirección concreta: avanzar hacia un sistema financiero donde los datos y el historial del cliente puedan acompañarlo cuando cambia de banco o billetera.

Si logra convertirse en ley y se articula con el Sistema de Finanzas Abiertas, Argentina podría avanzar hacia un modelo en el que la competencia entre entidades no dependa solamente de captar al cliente, sino también de ofrecerle mejores condiciones para que decida quedarse.