El país atraviesa una situación tan difícil que las únicas medidas que nos podemos permitir son las que generen un horizonte de oportunidades para sostener el empleo, la economía productiva y recuperar las expectativas de inversión y desarrollo federal. Cualquier otro camino implicaría agravar, cuando no condenar, a actividades que costaron mucho esfuerzo desarrollar y que hoy son una realidad, en riesgo, de empleo y agregado de valor a materia prima.

Es el caso de los biocombustibles, una formidable realidad de 54 plantas productoras distribuidas en 10 provincias del país que generaron más de 1.000 millones de dólares en inversiones genuinas y más de 65.000 puestos directos de trabajo. Nacieron por la decisión política, del entonces presidente Néstor Kirchner, de desarrollar y revalorizar la agroindustria, el medio ambiente y la producción federal de energía como ninguna otra cadena productiva puede acreditar.

El sector azucarero argentino produce 550.000 m3 de bioetanol. Es combustible limpio, renovable, industria nacional y más barato que los hidrocarburos fósiles. Si no se produjera deberíamos importar casi 6 millones de litros de nafta más de los que ya importamos todos los años, perjudicando la balanza comercial y perdiendo dólares que el país tanto necesita. Si no se produjera, a su vez, tendríamos sobrantes de azúcar que llevarían a la actividad a la quiebra y con ello, como ya nos pasó durante la dictadura de Onganía, al cierre masivo de ingenios y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. El norte argentino, todavía, no se recupera de aquella barbarie de Onganía.

El bioetanol se destina a complementar la industria petrolera, mezclándose con las naftas. Se procesa en 20 ingenios, 16 destilerías y 9 deshidratadoras de alcohol del Noroeste Argentino. Una cadena de valor integrada también por 8.100 productores independientes de caña de azúcar y 400.000 hectáreas, que emplea a más de 60.000 personas en forma directa y más de 90.000 en forma indirecta.

La industria de los biocombustibles está en vías de ser destruida. A partir de octubre de 2017 el gobierno nacional de Mauricio Macri empezó un ataque frontal a los biocombustibles con una sucesión de modificaciones y manoseos en los procedimientos de determinación del precio regulado que tienen los biocombustibles perjudicando en forma reiterada al sector hasta dejarlo en situación de quebranto. A partir del último diciembre, y a pesar de la inflación y la devaluación, sobrevino un congelamiento de 9 meses que no parece próximo a acabar. Este combo, y la nula voluntad de modificar esta situación, significan una condena para la actividad azucarera y la de los combustibles renovables.

La política en materia de combustibles revela un claro privilegio para el sector petrolero. Entre 2018 y 2020 la nafta super -que contiene un 12% de bioetanol- tuvo un incremento de precios del 134%. En el mismo período el bioetanol se actualizó en un 84%. Existe una clara transferencia de recursos del sector sucroalcoholero al petrolero. No se comprenden las razones que justifican privilegiar a una industria que contamina más, genera menos puestos de trabajo y está en retirada en el mundo. No se comprende porque no es necesario hacer competir a estos sectores que son perfectamente complementarios.

El panorama se pone más oscuro cuando conocimos que, mediante el Decreto 488/2020, se dispuso garantizar a través del “barril criollo” al sector petrolero su rentabilidad ante la crisis mundial inédita. Inexplicablemente para la industria de los biocombustibles solo hubo silencio y omisiones. Es decir que para el petróleo se deciden subsidios pero para la industria de los combustibles renovables, más baratos, no contaminantes, que agregan valor a la materia prima y permiten el desarrollo a lo largo y lo ancho de todo el país, la decisión es violar en forma reiterada y concienzuda, leyes y normativas para perjudicar la actividad, poniendo en riesgo a, quizás, la región más castigada por políticas nacionales claramente centralistas, como es el Noroeste Argentino.

El precio del bioetanol lo establece y actualiza en forma mensual la Secretaría de Energía de la Nación. Desde diciembre de 2019 el precio no se publica. Se reconocen $29,80 por litro. Es un precio de quebranto. El precio de equilibrio estaría más cerca de los $36 por litro. Aun así es más barato que la nafta. Urge parar y revertir estas agresiones sistemáticas a una industria que hoy sostiene a la primera industria pesada que se instaló en Latinoamérica: la azucarera, y los subproductos que la caña nos ofrece y que significan energías renovables, combustibles ambientalmente sostenibles y menores precios para los consumidores.

La destrucción de los biocombustibles, que quede claro, no será consecuencia de ninguna pandemia.

(*) Ingeniero, ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán.