Este mediodía se reúne en Rosario la comisión especial de la Cámara de Diputados de seguimiento e investigación sobre el fentanilo contaminado con el objetivo de escuchar a los familiares de las víctimas y mejorar la legislación y los organismos de control. Tal es la misión de la comisión, aclaró su presidenta, la exintendenta rosarina y actual diputada nacional Mónica Fein. En tal sentido, señaló que la investigación judicial avanza “muy bien”, pero que los legisladores deben darse a la tarea de definir qué normas e instrumentos del Estado mejorar. A diferencia de la nueva ley provincial de trazabilidad de opioides, a nivel nacional la discusión pasa por “la última milla”.
En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), Fein explicó que el eje de la comisión “siempre fueron las víctimas, que tuvieran un rol central para terminar con un informe que dirá las recomendaciones y las cuestiones a cambiar”. Este documento será presentado el 9 de diciembre.
“En nuestro caso tenemos que definir qué norma, qué legislación podemos mejorar, qué instrumentos, como el Anmat podemos mejorar”, señaló y destacó la importancia del organismo, más allá de sus dificultades y debilidades actuales. “Hay que fortalecerlo”, aseveró.
“Hay interrogantes a dilucidar, ¿por qué se detectaron tantas irregularidades (en HLB Pharma) y seguía funcionando? Este laboratorio tenía muchas llamadas de atención por no cumplir con las buenas prácticas desde hace tres años”, llamó la atención Fein y advirtió así que el problema no es solo la inspección, sino la sanción y el seguimiento.
“Hay un mecanismo que ese laboratorio debía emplear una vez que detectó que había una modificación o alteración en la calidad (de la droga): debía informar y recuperar(la). Eso no lo hizo el laboratorio, entonces termina siendo el juez (federal de La Plata Ernesto Kreplak) que detecta que había otro lote, que positivamente se usó muy poco”, contó.
Consultada sobre la ley nacional de trazabilidad que reclaman los familiares y la nueva normativa santafesina, Fein explicó que la discusión en el Congreso pasa por la llamada “última milla”.
“Existe la trazabilidad hasta la farmacia de una clínica, sanatorio u hospital. Un medicamento que va a un efector de salud pasa por su droguería que tiene todos los registros. El debate es la trazabilidad de la última milla, es decir cuando sale de la farmacia (del hospital) y se lo dan a un profesional para ser aplicado, si debería ser registrado o no, eso es lo que se está discutiendo”, planteó.
