El diputado nacional Gerardo Milman, vicepresidente del bloque PRO e integrante de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que busca expulsar del país a los extranjeros que cometen delitos. La iniciativa postula que pase por el Congreso Nacional un decreto en el mismo sentido que firmó el expresidente Mauricio Macri, derogado posteriormente por Alberto Fernández

La propuesta se hizo luego de que la semana pasada fueran detenidos 50 hinchas del Deportivo Cali de Colombia, con armas blancas y drogas, en la ciudad de Buenos Aires. Del total, 15 fueron deportados, de los cuales 5 tenían un ingreso irregular al país y el resto residía como turistas. 

“No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sido cometidas por ciudadanos extranjeros que poseen diversos estatus migratorios en nuestro país, desde miembros de organizaciones del delito organizado brasileras, como el Primer Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) en nuestra frontera norte”, señaló el diputado en su argumentación, que contó con las firmas de los legisladores María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, José Luis Espert y Federico Frigerio, entre otros. 

El diputado del PRO también mencionó que “hacen diversas actividades delictivas vinculadas a la clonación de tarjetas de crédito, de bandas dedicadas a las salideras bancarias, robo de vehículos de alta gama, en fin, un sinnúmero de actividades delictivas cometidas en nuestro territorio nacional”.

Por eso, agregó: “Considero de vital importancia que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que fuera derogado por Decreto N° 138/2021 en los primeros días de marzo 2021, sea establecido como Ley, ya que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia, y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta contra dicho objetivo”.

El Decreto 70 mencionado por el diputado refiere al “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, el cual niega el ingreso y expulsa a delincuentes extranjeros con más agilidad. Fue firmado en 2017 cuando Mauricio Macri modificó la Ley de Migraciones.

Sin embargo, el DNU fue derogado en marzo del año pasado por Alberto Fernández, quien argumentó que “modificaba aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones que “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

El pedido de Milman fue impulsado a partir de “la duración de los procesos administrativos y judiciales” junto al incremento del número de ciudadanos extranjeros que se encuentran dentro del Servicio Penitenciario, cifra que en el 2016 alcanzó el 21,3% de la población carcelaria.