Este martes comenzó el segundo juicio a los acusados por el femicidio de Lucía Pérez, la joven violada y asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. El nuevo debate oral se desarrolla desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) marplatense, y los imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, no están presentes, ya que siguen cada audiencia de manera remota desde sus lugares de detención. Ambos habían sido absueltos en primera instancia, pero en 2018 la Suprema Corte de Justicia confirmó la anulación de la sentencia dictada y convocó a un nuevo juicio.
Offidani y Farías están acusados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes, seguido de muerte en concurso ideal con femicidio" y el nuevo juicio se desarrolla ante otro tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7. Además, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires informó que intervendrá como "amicus curiae".
Según informó el organismo que conduce Guido Lorenzino, su participación "será en carácter de amicus curiae, una figura a partir de la cual podrá aportar elementos útiles para ser tenidos en cuenta y que servirán para la decisión de un caso que tiene relevancia institucional e interés público, además de observar que se cumplan todas las normativas relativas al tratamiento de la violencia de género".
"Venimos de un fallo arbitrario que no juzgó el femicidio de Lucía, lo que se explica porque tenemos una Justicia que no evoluciona. La mirada de hoy exige perspectiva de género, lo que tiene que ver con un cambio más profundo en la forma de ejercitar la función pública", expresó Lorenzino. A su vez, se informó que en el nuevo juicio, la fiscalía y las abogadas de la querella contarán con el asesoramiento científico de la médica forense Virginia Creimer, en representación de la defensoría y de la familia de Lucía.
"La perito buscará demostrar que la joven de 16 años fue violada y asesinada aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por parte de Farías y Offidani, varones adultos dedicados al narcotráfico y responsables de la violación de derechos de niñas y adolescentes", informó la defensoría en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo fue uno de los organismos que impulsó un pedido de juicio político a los jueces del TOC 1 de Mar del Plata, Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Facundo Gómez Urso, quienes en el primer juicio solo condenaron por venta de estupefacientes a los imputados.
La Defensoría consideró que en la primera sentencia hubo "un desconocimiento de los jueces, quienes no aplicaron la normativa vigente en materia de derechos humanos en relación con la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento de delito contra las personas y contra la integridad sexual".
También observó que fue un fallo "repleto de estereotipos sexistas y discriminatorios, más parecido a un juicio sobre la biografía de Lucía y no de la conducta de los acusados, que terminó en una revictimización para una víctima mujer menor de edad".
Ante esta situación, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron acusados de "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta" por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires. Mientras que Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento.
Lucía fue asesinada en 2016 cuando Farías la citó en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde también habría sido drogada y abusada. El cuerpo fue llevado luego a un centro asistencial de Playa Serena con la ayuda de Maciel, el segundo acusado.
