Extraviar documentos o elementos en la vía pública es, para una ciudad de la escala de Rosario, uno de los hechos más frecuentes que ocurren en el día a día. En simultáneo con quienes pierden objetos, o son víctimas de robo, hay otras personas que los encuentran y no saben a dónde recurrir para intentar restituirlos a sus dueños.
Es que la ciudad no tiene un espacio público donde ir a dejar los objetos perdidos o, en el caso de quienes los pierden, consultar si alguien los encontró y está intentando devolverlos. A modo de solución de esta problemática, el Concejo municipal analiza la posibilidad de crear una oficina municipal de “Almacenamiento de Objetos Extraviados y Documentación Perdida”.
Entre los argumentos del proyecto, autoría de la concejala Fernanda Gigliani, se remarca que “es un deber ético del Estado municipal brindar un servicio que permita a la ciudadanía gestionar y recuperar objetos personales extraviados en la vía pública, transporte público o espacios públicos de la ciudad”.
“La pérdida de objetos personales, como documentos de identidad, dispositivos electrónicos, entre otros, genera inconvenientes, costos adicionales para su reposición y pérdidas de tiempo”, remarca el escrito. Ante esto, sostiene que: “resultaría de interés público contar con un área específica abocada a la recepción, registro y devolución de objetos extraviados a las personas dueñas legítimas de los mismos”.
Con respecto a esta nueva oficina, la propuesta del proyecto es que dependa de la secretaría de Cercania y Gestion Ciudadana. Entre sus funciones, se destaca el recibir y registrar los objetos extraviados y garantizar un seguimiento digital de esos elementos. En esa misma línea, también propone abrir un espacio donde los ciudadanos puedan reportar la pérdida de esos objetos o documentos.
En el caso de que alguien reclame alguno de los objetos extraviados que se encuentra en la oficina, será obligación de ese espacio municipal el verificar que efectivamente se trate de su legítimo dueño.
En el caso de que nadie reclame los objetos almacenados en la oficina en un plazo de seis meses, el organismo deberá declararlos “en situación de abandono” y destinarlos a subasta pública o donación a entidades de bien público, según lo determine el Ejecutivo.
