Este viernes, en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se vivió una jornada ajetreada en la última audiencia con testigos de la defensa del exfiscal Patricio Serjal, acusado de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, junto a Nelson Ugolini, otro empleado de la Fiscalía.
Quien declaró fue justamente otro fiscal, Pablo Socca, quien junto a su par Miguel Moreno había denunciado en 2023 a otro fiscal, Matías Edery, por brindarle protección a Mariana Ortigala, presunta testaferro de Los Monos.
El testimonio de Socca fue solicitado por la defensa de Serjal, a cargo de Ignacio Carbone, que busca probar que el exfiscal regional de Rosario fue víctima secundaria de una operación organizada por el exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, cuyo objetivo principal habría sido el senador Armando Traferri.
La jornada comenzó temprano con polémica, cuando el diputado Fabián Palo Oliver publicó en la red X un mensaje en el que acusaba a Socca de buscar beneficiar al legislador sanlorencino. El fiscal recogió el guante y fue muy duro con el diputado.
“Dijo que yo quiero proteger a Traferri. Es mentira y es grave. Es integrante de un poder del Estado que tiene potestad para removerme como fiscal. Es impropio de su función y una intimidación para mí como testigo”, espetó el funcionario del MPA, quien no se quedó allí y agregó que quienes “beneficiaron a Traferri fueron los fiscales que lo investigaron cometiendo irregularidades y arbitrariedades que podrían beneficiarlo con futuras nulidades o invalidaciones”.
De esa manera, apuntó directamente contra Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes llevaron la acusación contra el senador justicialista. Ambos quedaron en el ojo de la tormenta en 2023, cuando los fiscales Socca y Moreno acusaron a Edery de mantener relaciones impropias y de brindar protección institucional a Ortigala, quien había formado parte de la banda de Esteban Alvarado y luego pasó a Los Monos. Según la acusación, mientras recibía protección de los fiscales, Ortigala sumó a su patrimonio unas 17 propiedades, presuntamente fruto de actividades ilegales de la banda criminal.
La acusación, que surgió a partir de evidencia recolectada al peritar los teléfonos de Ortigala luego de que ésta fuera detenida acusada de intimidaciones y extorsiones, generó un verdadero cisma en el MPA rosarino, que terminó con la destitución de quien hasta entonces era la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, mientras que Edery y Schiappa Pietra fueron apartados de la investigación de juego ilegal.
La declaración de Socca versó sobre los elementos que llevaron a acusar a Edery por su relación con Ortigala y también a Carla Belmonte, funcionaria del MPA. Allí se encontraron conversaciones y capturas de pantalla de intercambios entre Edery, Ortigala y Lorena Córdoba (viuda del zar del juego David Perona), que de acuerdo con los fiscales configurarían delitos de acción pública.
Además, en numerosas ocasiones se coló en la exposición de este viernes la causa por espionaje ilegal que se sigue contra el exministro Sain, situación que generó en la fiscal Marisol Fabbro —acusadora junto a José Luis Caterina— una incomodidad que no pudo disimular y que la llevó a mantener recurrentes entredichos con Socca, los cuales debieron ser interrumpidos por el juez Nicolás Foppiani.
Sucede que la causa por espionaje ilegal es también clave para la defensa de Serjal, ya que allí se demostraría que el exministro fue quien encomendó a Edery y Schiappa Pietra avanzar en una causa contra Traferri y, por lo tanto, contra el exfiscal regional. En ese sentido, la evidencia recabada tanto en la causa contra Ortigala como en la de espionaje demostraría un direccionamiento de los testigos para mencionar explícitamente a Traferri, a cambio de beneficios como la libertad o la reducción de penas.
Cabe señalar que tanto Leonardo Peiti, empresario del juego involucrado, como el también exfiscal Gustavo Ponce Asahad, firmaron juicios abreviados a partir de los cuales consiguieron importantes beneficios en su situación procesal. Esta situación fue fruto de denuncias previas de Traferri, quien sostuvo desde el principio que la acusación en su contra partió de una operación armada por Sain, para fragmentar al peronismo en el Senado provincial durante el gobierno de Omar Perotti.
Luego de esta jornada caliente, el juicio contra Serjal continuará el próximo martes con los alegatos de ambas partes, y se espera que el tribunal brinde un veredicto la semana siguiente.
