Detrás del crimen de Máximo Jerez, el chico de 12 años de la comunidad qom de Los Pumitas víctima de una balacera en marzo de 2023, hubo un ataque que respondió a una "guerra" desatada entre dos bandas, una orden directa de "matar a los soldados" de uno de esos grupos antagonistas, un error de cálculo por un dato pasado de un kiosco que resultó fatal y una "llave" que abrió toda la investigación.
El fiscal Franco Tassini resumió esa teoría del caso en su alegato de cierre del juicio realizado este viernes en la sala 10 del Centro de Justicia Penal. Fueron casi dos horas en las que reconstruyó qué pasó antes, durante y después de aquella madrugada del domingo 5 de marzo en la que murió Máximo por un disparo en la espalda, y otros tres niños fueron heridos en el mismo ataque.
El crimen no empezó en Cabal y pasaje San José, donde los chicos que estaban en un cumpleaños salieron a comprar una gaseosa en el kiosco. Formó parte de una serie de tiroteos y ataques previos entre dos bandas que se disputaban el control del territorio para vender droga en Empalme Graneros. El sector de Juan B. Justo y Campbell que respondía a Alex Ibáñez o Araña y el de Los Pumitas, que controlaba Juan José Villazón o Salteño.
Según la investigación que detalló el fiscal, los testigos hablaron de una “guerra” y ubicaron a los cuatro acusados como parte del grupo de la Araña. Son Nicolás Castillo, de 28 años y dueño del auto usado esa noche, Maximiliano Castillo (27), Nicolás Torres (28) y Ezequiel Godoy (37). Los Castillo son hermanos y primos, a su vez, de Ibáñez, quien daría las órdenes desde la cárcel. Ellos se subieron al Honda Civic negro, recorrieron las ocho cuadras que separan ambos puntos y gatillaron. Pero los chats de los celulares secuestrados y el registro de episodios previos de violencia ampliaron esa mecánica.
“No son solo versiones, hay evidencia balística”, dijo Tassini sobre esa enemistad y mencionó un ataque el 17 septiembre de 2022 cuando fue herido Maximiliano Castillo, alias Katino. Una segunda balacera a fines de ese año contra el padre de Nicolás y Máximo, y el 23 marzo de 2023, 18 días después del homicidio de Máximo, otro tiroteo contra Eduardo Ibáñez, tío de Alex. El arma usada en esos hechos, calibre 9 milímetros, fue encontrada en un aguantadero de los Salteños (padre e hijo comparten apodo).
Esa historia también quedó escrita en las calles del barrio, una autobiografía hecha de amenazas, aunque esos mensajes no suelen ser lineales ni están exentos de engaños. “Araña y Nico Castillo no los va salvar ni la Policía. La mafia no perdona” o “Con las criaturas no se jode”, decían las banderas o pasacalles plantados en la zona de disputa.
Con este contexto, el fiscal agregó que el homicidio de Máximo fue premeditado y planificado días previos. Un ataque que estaba anunciado. El sábado 4 de marzo a la mañana, Alex Ibáñez dejó la prisión con una salida transitoria. Fue a la casa de sus tíos en Juan B. Justo 3105, donde vivían los Castillo. “Allí comenzó a planificarse el ataque”, dijo y volvió sobre la figura de una “guerra sin cuartel que afectaba a todo el vecindario”.
“Maten, maten a soldados, su trabajo es ejecutar”
La búsqueda de armas y de gatilleros marcaron esas horas previas. El fiscal citó mensajes entre Ibáñez y Godoy en los que discuten sobre el uso de pistolas calibre 40, un revólver 547 y hasta seis armas en total. Municiones no les faltaban. La Policía secuestró más tarde una mochila con 500 balas y cartuchos en la casa de uno de los acusados, Nicolás Torres, quien contó buena parte de lo ocurrido aunque él se declaró inocente. “Fueron a matar a la gente de ellos, del Salteño, las criaturas no tienen nada que ver”, declaró tras su arresto.
Entre esos preparativos de la tarde del sábado 4 y la madrugada del domingo 5, una persona les pasaba información desde el lugar del blanco. “El datero les dice que (los soldaditos del Salteño) estaban frente a un kiosco detrás de la cancha de Los Pumitas”, contó el fiscal en su alegato. Pero hay dos kioscos por el pasaje San José. Uno está frente a la canchita en donde esa noche calurosa hubo partidos hasta tarde y había mucha gente. El otro, cruzando Cabal hacia el oeste, está al lado del pasillo donde Máximo y los otros chicos salieron a comprar jugos y gaseosas porque estaban en un cumpleaños.
En esos cruces, la orden para atacar salió del celular adjudicado a Ibáñez. Les dijo que tengan "fe" y agregó: “Maten, maten a soldados, su trabajo es ejecutar, tienen re poder de fuego". Godoy, apodado el Tío, le respondió: “Le pegamos a quien enganchemos".
“Me quedé con ganas de seguir tirando”
Cerca de la medianoche del sábado, testigos e incluso un miembro de la banda contaron que hubo una agresión previa. Dos personas abrieron fuego desde una moto hacia una casa de Campbell y Juan B. Justo. "Nos primerearon", se escribieron los de la banda de Ibáñez, en alusión a un ataque dirigido por la gente del Salteño.
En esa moto, siempre según la acusación, estaba el Paraguayito, un soldado del clan Villazón de Los Pumitas. Eso aceleró la reacción y los cuatro acusados fueron a buscarlo en el auto negro. Ya en Cabal al 1300 bis, zona del Salteño, el joven saltó un portón y se escapó. Los gatilleros dispararon contra las sombras que estaban frente a un kiosco.
Máximo se agachó pero un disparo le ingresó por la espalda. El tiro, entonces, provino desde la esquina, donde estaba el auto negro, determinaron las pericias. También fueron heridos un primo de 13 años, quien por primera vez dio su testimonio en este juicio el martes pasado, otro chico de la misma edad y una nena de 2. Plomos calibre 40 que coinciden con las vainas encontradas en la calle y que salieron de, al menos, dos armas.
“Me quedé con ganas de seguir tirando", le contó Tío (o Godoy) a la Araña o Lobo (Ibáñez). "Se pudrió todo, bien piola", fue la respuesta que citó el fiscal en su detallada exposición.
Las dudas de las defensas
La jornada comenzó a las 8.50 con la particularidad de que los acusados que siguieron la audiencia por zoom ya no estaban todos juntos en el mismo lugar de la prisión sino separados. “¿Hubo una pelea?”, preguntó el fiscal. “Nos dijeron que es por comodidad”, le respondieron los técnicos del juicio. Esa misma segmentación de ventanas diferentes en la pantalla se replicó en las estrategias de defensa: tres abogados.
El defensor oficial Francisco Broglia representó desde el inicio del proceso oral, el lunes 20 de julio, a Maximiliano Castillo (Katino, el hermano del dueño del auto) y a Ezequiel Godoy, alias Tío o Gula. Uno de los puntos que cuestionó fue justamente la evidencia que vincula a sus defendidos con esos sobrenombres que aparecen en declaraciones de testigos reservados, investigadores que citan “información de calle” y chats.
“No se prueba la participación de Maximiliano Castillo y Ezequiel Godoy salvo por conjeturas o sospechas. Secuestraron 32 celulares en la causa con miles de chats, fotos y videos. Solo se usaron dos celulares, y apenas en tres o cuatro chats mencionan el apodo pero no hay ningún vínculo con el ataque ni acuerdo previo. El teléfono atribuido a Godoy no estaba a su nombre”, planteó. La Fiscalía explicó que la titularidad de los celulares de la banda era de Nicolás Torres, otro de los acusados, el mismo que guardaba las armas, según el reparto de roles.
Broglia dijo que el alegato de Tassini fue “prolijo pero tiene fallas o huecos que no se han podido llenar de ningún modo, no por el fiscal sino por la ausencia de pruebas”. Expuso afirmaciones “contradictorias para que encajen las piezas del rompecabezas”. Y argumentó: “No hay dudas del enfrentamiento de grupos antagónicos pero todo empezó por un atentado armado de una moto en Campbell y Juan B Justo. Entonces la balacera de Cabal fue una respuesta espontánea, no premeditada ni calculada”, planteó para refutar la figura de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
El defensor dijo que no se les hicieron pruebas de dermotest (por restos de pólvora) a los acusados, tampoco se encontraron huellas digitales o restos de una balacera en el Honda Civic negro y volvió sobre los apodos. “Araña era Ibáñez pero ahora también es Lobo, es siempre en un animal distinto”, señaló sobre el supuesto jefe de la banda y se detuvo en ese punto: “Si es así, ¿por qué no está imputado Ibáñez en esta causa? Están hablando de algo gravísimo”.
Una pregunta similar se hizo otra de las defensas, la de Nicolás Castillo (el dueño del auto) que lleva adelante María del Carmen Varela. Dijo que Brandon R., uno de los testigos, se ubicó él mismo dentro del Honda Civic negro aquella noche pero negó participar del ataque. ¿Cómo no está entre los acusados y son cinco en este juicio? Ella misma se respondió: “Lo bajaron porque cada vez tenían más autores y el auto iba a ser un colectivo. Entonces no lo investigaron, total ya está detenido por otra causa”.
Si bien las réplicas de los argumentos entre partes se harán el próximo lunes, Tassini respondió a Rosario3 que ese testigo, detenido en Piñero por otro homicidio, no resultó creíble porque primero dijo que estaba en Arroyito y después en otro lado. Por eso no está como acusado. En el caso de Ibáñez, no existía la evidencia suficiente para acusarlo en esta etapa (la noche del crimen él estaba preso y no en el barrio) pero deslizó que la investigación podría tener una segunda parte, incluso abrir algunos de los celulares que hace años no pudieron ser peritados.
La llave del caso
“El auto negro fue la llave para el esclarecimiento de este hecho”, señaló el fiscal. Recordó que el domingo 5 de marzo Nicolás Castillo condujo ocho kilómetros hasta Campodónico al 3200, en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, para esconder el Honda Civic “porque sabía que podía determinarse su responsabilidad”.
Un vecino llamó al 911 porque había escuchado la noticia y vio que una persona guardó un auto color negro que nunca había visto en ese garage. Ahí dentro estaban los papeles del titular del auto. Después de eso, se allanó, detuvo al dueño (Castillo) y se secuestraron teléfonos, lo que fue llevando, junto a los testigos reservados, a los otros acusados.
Para Varela, eso implica que la investigación se hizo de atrás para adelante. Primero encontraron un “auto negro” y después buscaron a los autores. Cuestionó a la testigo reservada que identificó a los cuatro acusados dentro del Honda Civic en Juan B. Justo (no en Los Pumitas). Marcó contradicciones y sostuvo su teoría de que hubo disparos también de la gente del Salteño que no fueron investigados, como tampoco se peritó sangre en la moto que habría usado el Paraguayito, soldado de los Villazón.
“No solo no se probó la autoría, tampoco fue predeterminado ni planeado. Hay un pedido de pena excesiva”, dijo y solicitó la “absolución por falta de pruebas y beneficio de la duda”. Le dijo a los jueces del tribunal (Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu) que en caso de ubicar el Honda Civic de Castillo en el lugar del hecho, “en todo caso fue encubrimiento pero no coautor”.
El quinto acusado en el juicio es el taxista Gustavo Marcelo Borda (54 años), quien ayudó a esconder el auto con que se concretó la balacera fatal. Está acusado por “encubrimiento y favorecimiento real agravado por delito precedente grave”. El fiscal solicitó la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Tres familiares ya fueron condenados en un juicio abreviado.
El próximo lunes finalizarán los alegatos con el turno de Marcelo Argenti, el abogado de Nicolás Torres. Hacia fines de la semana que viene se conocerá la sentencia del tribunal.
