A horas de la segunda movilización nacional para exigir políticas de género de equidad, el balance muestra claroscuros y las estadísticas de femicidios alarman aún más que en 2015, cuando el brutal crimen de Chiara Páez, (asesinada a golpes en la casa de un novio, en Rufino) impulsó la primera convocatoria nacional por el #NiUnaMenos, tras una seguidilla de casos de similar crueldad y violencia. Este año el lema será #VivasNosQueremos y las movilizaciones se replicarán en Rosario y otras ciudades del país. Un día especial para recordar a las víctimas y evaluar lo conseguido para exigir lo que falta.
Las crónicas periodísticas relevan sus nombres y las estadísticas las contabilizan como “casos”. Verónica R., Anabella F., Graciela P., Graciela M., Elinda A., Gisella B., María F., Pamela R., María G. y Mariel G., entre otras de las que quizás nunca conozcamos su identidad, vivían en la provincia de Santa Fe y tenían proyectos de vida, pero alguien decidió por ellas y puso fin a sus historias personales, en los primeros cinco meses de este año 2016.
El relevamiento realizado en 2015, a nivel provincial, por Mercedes Pagnutti, integrante del equipo de género del bloque de concejales del FPV-PJ, daba cuenta de 11 femicidios cometidos entre enero y mayo (inclusive) del año pasado (2 en el mes de enero; 4 en febrero; 1 uno en marzo; 3 en abril y 1 en mayo (el estremecedor femicidio de Chiara P., en Rufino, que desencadenó la movilización nacional conocida como #Niunamenos).
En el mismo período de este año la cifra de femicidios contabilizados por el mismo equipo –en base a los casos registrados por distintos medios de comunicación digitales– subió a 13. De ese total, 5 fueron cometidos durante el mes de enero; 3 en febrero; 3 en marzo; 1 en abril y 1 en mayo y la situación tiende a agravarse no sólo por el dato estadístico, sino también por la ferocidad con que esas mujeres fueron ultimadas, en la mayoría de los casos por sus propias parejas, ex parejas o conocidos.
Pero en ocasiones, la concepción machista de la vida y de las políticas públicas también termina matando a las mujeres que de ellas dependen.
“Los mayos son duros para las mujeres santafesinas. En 2007, Ana María Acevedo moría a manos de una concepción machista de la salud. Joven, pobre y mamá de varios niñitos, llegó embarazada y con un cáncer en el maxilar al Hospital Iturraspe de Santa Fe. Allí le negaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que hubiera salvado su vida y al bebé que la obligaron a parir, incumpliendo con las leyes vigentes como el art. 86 del Código Penal”, recuerda, en diálogo con Rosario3.com, la concejala Norma López,quien presentó un mapa interactivo de femicidios en la provincia, a horas de la segunda movilización nacional para exigir políticas de género de equidad, y remarca que “son escasas las buenas noticias”.
“A nivel nacional, aún no está listo el Registro de Víctimas de Violencia de Género y Femicidios y el presupuesto nacional en Política de Género brilla por su ausencia. A nivel provincial –afirma López– no se avanzó en capacitación de las fuerzas de seguridad en DDHH, ni se hizo mucho por la promoción de los derechos de las mujeres. Equidad laboral y educativa, faltan. Ni hablar del desamparo de las víctimas de violencia que quedan a la deriva, muchas de ellas con sus hijos, y en vez de cuidarlos, terminan siendo perseguidos. Son víctimas –asevera– y los instrumentos del Estado las convierten en victimarias”.
En el ámbito municipal, la concejala reconoce que “mejoró la atención del Teléfono Verde, tanto como el incumplimiento serial de legislación vigente a favor de las mujeres”, pero afirma que “el Poder Judicial –que olvida que forma parte de una provincia y un país federales– replica una mirada machista en sus fallos y en la administración toda de justicia. Sin sanción para los agresores, la violencia se naturaliza y esa decisión, provoca impunidad”, concluye.
El lugar de la denuncia
Si bien la violencia hacia las mujeres no nació con el nuevo Sistema Procesal Penal implementado en Santa Fe en febrero de 2014, es cierto que las denuncias empezaron a canalizarse por distintos carriles y a investigarse desde otro paradigma de Justicia, a partir de entonces.
En ese sentido, la fiscal Raquel Almada, de la Oficina de Violencia contra la Mujer, difundió un informe con los casos recibidos durante 2016 e instó las víctimas y a sus allegados, familiares y amigos a acercarse a la Fiscalía y denunciar.
“En lo que va del año, la Fiscalía de Violencia de Género tiene 23 detenidos en prisión preventiva a la espera del juicio oral y público; y registra 17 condenados en procedimientos abreviados (sin juicio oral y público) y 2 condenados en juicio oral y público, con penas de efectiva ejecución.
Desde la Fiscalía destacan que los dos únicos juicios orales y públicos que realizó la Oficina de Violencia de Género obtuvieron sentencias condenatorias, aunque en el primero de esos juicios, la víctima manifestó su desacuerdo con la pena por considerarla insuficiente, tras haber denunciado en 36 oportunidades a su agresor.
“Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo es, podés llamar al 08004440420, o bien presentarte en los centros territoriales de denuncia o en la Fiscalía de Violencia de Género (Montevideo 1683)”, dice el video de difusión que comienza con una referencia al segundo y último (hasta el momento) juicio oral y público por violencia de género celebrado en mayo último.
El otro platillo de la balanza
Con distinta mirada, las ONGs que defienden a las mujeres víctimas de violencia y maltrato, ponen el acento en las falencias que aún persisten en el sistema judicial que tiene la facultad de dictar sentencia, pero no siempre de impartir justicia.
“Lo que se logró desde el 3 de junio de 2015 hasta ahora es que muchos más sectores de la sociedad estén comprometidos con la temática, pero a nivel Estado, la ausencia sigue siendo grande porque no tenemos un plan nacional de prevención, asistencia y erradicación de la violencia hacia las mujeres, a pesar de que está estipulado en la Ley 26.485”, dijo a este medio, Nora Giacometto, referente de la organización Ampliando Derechos, y remarcó que “ésa es una falta grave, porque a partir de allí, todas las políticas públicas que tendrían que estar funcionando, no lo están y no hay presupuesto para ayudar a las mujeres a sostener en el tiempo la independencia económica respecto del agresor, luego de realizada la denuncia”, entre otras cosas.
“Hay ordenanzas municipales que el Ejecutivo no tiene en cuenta a la hora de pensar en las mujeres en situación de violencia”, afirma la dirigente, y cita la ordenanza que dispone un cupo de viviendas para las mujeres que quedan sin un lugar dónde vivir y otra referida a un convenio de la Municipalidad con algunas empresas para dar empleo a las mujeres, que luego de efectuar la denuncia, no tienen medios para mantenerse.
En relación con la Justicia, Giacometto es terminante: “todavía hoy el sistema no cuenta con jueces ni con fiscales capacitados en perspectiva de género y hay en el procedimiento una falencia clave: se descree de la palabra de la víctima, siempre se duda de ella, a pesar de que la ley hace especial referencia a la amplitud probatoria de los hechos, a través de la palabra de la víctima. Pero la Justicia siempre necesita más pruebas y testigos. A veces nos encontramos con que la mujer tiene que hacer 10 ó 12 denuncias por la violación a la orden de restricción y el cese de hostigamiento, y recién allí el fiscal toma nota y con un poco de suerte, imputa al agresor”, dice, y agrega que “la prisión preventiva no se da en todos los casos, ya que el juez es muy reticente a dictar prisión preventiva a un agresor por violencia de género, porque desconoce muchísimas cosas y le faltan herramientas”.
Convocatoria a la marcha
Este viernes a las 16.30, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas se concentrarán en la Plaza Montenegro para marchar hacia el Monumento a la Bandera donde a las 18 se realizará el acto central.
Allí se reclamará, como se hizo en 2015, por el cese de la violencia machista, ya que desde la marcha del 2015 al 30 de abril de este año “se registraron 241 femicidios en el país, de los cuales 32 corresponden a la provincia de Santa Fe”, según informó el Sindicato de Prensa Rosario.
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