El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aceptó el dictamen del fiscal Alberto Nisman: firmó la orden de detención de los ex funcionarios iraníes acusados de haber planeadoel atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994. De este modo, la Justicia argentina acusa formalmente a los funcionarios del estado iraní de haber participado de actos terroristas en otro país.

Canicoba Corral declaró que los delitos cometidos en el atentado a la AMIA son de "lesa humanidad", en la resolución en la que ordenó capturas de ex funcionarios iraníes. El magistrado envió un exhorto internacional a Irán para que efectivice "las detenciones con fines de extradición" de sus ex funcionarios y también libró oficio a Interpol para que proceda a las capturas.

La medida comprende al ex presidente de Irán Alí Rafsanjani, quien estuvo en el cargo entre 1989 y 1997, y a una larga lista de ex funcionarios. Entre ellos, el ex ministro de Seguridad Alí Fallahijan, el ex canciller Alí Akbar Velayati, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex comandante de las fuerzas QUDS Ahmad Vahidi, el ex agregado cultural de la Embajada iraní Mohsen Rabbani, el ex funcionario de la Embajada Ahmad Reza Ashgari y el ex jefe del Servicio de Seguridad Exterior de la organización libanesa Hezbollah Imad Fayez Moughnieh. 

El juez también ordenó la captura del ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpur, pese a que el fiscal  Nissman había dictaminado que podía dejarse sin efecto esa orden dispuesta en su momento por el destituido juez Juan José Galeano. 

Nisman llegó a la conclusión de que el ataque se ordenó en una reunión de las máximas autoridades iraníes llevada a cabo el 14 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashad. El fiscal también avanzó sobre el móvil del atentado: la disconformidad iraní con el gobierno del ex presidente Carlos Menem por la suspensión de unos contratos de provisión de tecnología nuclear firmados en la presidencia de Raúl Alfonsín.

Algunos de los iraníes ya habían sido objeto de una orden de detención librada por el ex juez de la causa, Juan José Galeano. Sin embargo, Interpol las dio de baja cuando se anuló la investigación de la conexión local de los terroristas por diversas irregularidades.