La preocupación que genera la invasión de edificios en la ciudad llevó a un particular a realizar una presentación en la Defensoría del Pueblo para pedir que inste a la Municipalidad a no autorizar nuevos emprendimientos hasta tener un estudio fehaciente del impacto que produce en la vida urbana la superpoblación de torres. El decano de la Facultad de Arquitectura, doctorado en Urbanismo en Venecia, Héctor Floriani, aclaró que para detener la construcción de edificios primero habría que modificar la legislación vigente –que según él no es que se incumple como sostiene la presentación– pero admitió que no es agradable "la ciudad que vemos en el horizonte".

Jorge Rodolfo Álvarez hizo la presentación el 20 de agosto pasado. Entre los fundamentos cita una frase de Pepe Eliaschev: “Nuestra memoria torna imposible admitir resignadamente la deshumanización urbana que imponen unas normas de mercado aplicadas de facto, con soberbia descomunal”. Y deja planteado que el impacto negativo de las torres en construcción, es decir “los potenciales perjuicios, molestias y daños concretos que puedan acarrear en la calidad de vida y patrimonio de miles de rosarinos, son imputables pura y exclusivamente a la falta de previsión, prevención y el incumplimiento de la normativa vigente por parte de las autoridades y organismos de control de la Municipalidad de Rosario”.

Floriani coincide en parte con Álvarez. Según explicó a Radio 2, las normas permiten el tipo de edificaciones que se están realizando, pero en todo caso habría que adecuarlas a esta nueva realidad de la ciudad, que para él camina hacia una "densificación" peligrosa.

Es decir, como Álvarez, el decano de Arquitectura considera conveniente "tender hacia una densificación menor" porque es preocupante la calidad de fida que este tipo de fenómenos produce. Y para ello, sería necesaria una nueva reglamentación para la construcción en el centro de la ciudad.

En su presentación, Álvarez sostiene que “partiendo del supuesto de que cada torre puede albergar una cantidad aproximada a 20 departamentos promedio”, los 200 edificios en construcción totalizan 4 mil unidades habitacionales “con un promedio de 4 moradores cada una, lo que da un incremento de casi 15 mil personas en la zona” céntrica, “que se anexa a espacios ya recargados por el devenir histórico urbano, con servicios públicos casi al borde del colapso, por obsolescencia, insuficiencia y falta de inversión”.

La presentación sostiene que esa superpoblación producirá una demanda de servicios –cita los casos de energía y sanitario– que puede provocar un verdadero colapso. También menciona las consecuencias negativas que tendrá la mayor producción de basura en la zona y la superpoblación de vehículos.

Cita además que la Organización Mundial de la Salud “determina 10 metros cuadrados de espacios verdes como mínimo por habitante. Para satisfacer las necesidades de 15.000 personas se tendrían que habilitar por lo menos 15 plazas de una hectárea cada una en la zona. ¿Están previstas?”, se pregunta Álvarez. Y menciona leyes de protección ambiental que se estarían incumpliendo.

Para Álvarez, “todo lo expuesto denota una política de hechos consumados, que va en desmedro de la tranquilidad, el goce y la calidad de vida de todos los rosarinos, demostrativa de una mala praxis ambiental, incumplimiento de los deberes de servidor público, acciones y omisiones que pueden implicar daños relevantes en el ambiente en perjuicio de la comunidad”.

Por ello, solicita a la Defensoría del Pueblo:
*“Requiera de la Municipalidad de Rosario los estudios y evaluaciones de impactos generales de dichas obras y las autorizaciones (permisos de obras) otorgadas en cada uno de los casos. Asimismo informe si se han labrado actas de infracciones por violaciones a los reglamentos de edificación, zonificación, permisos de obras, presentación de la documental y planos pertinentes, estado de las actuaciones y todo otra cuestión referente a la problemática”.

*“Requiera de las reparticiones provinciales competentes los informes y evaluaciones de cómo impactará esta nueva realidad en la provisión de los servicios que la misma presta y si se han previsto las obras necesarias para cubrir estas demandas”.

*“Requiera a la Municipalidad de Rosario se abstenga de autorizar nuevas construcciones antes de haberse cumplimentado las obligaciones legales pertinentes”.

*“Se realicen todas las gestiones pertinentes, de conformidad a las disposiciones de los artículos 41 y 43 de la Constitución nacional; de la ley nacional N° 25.675 y de la ley provincial N° 10.000 a los fines de dar una solución a la problemática planteada.

*”Se corra traslado de la presente a la Municipalidad de Rosario, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.L. y de la UCA, al Colegio de Arquitectos de esta jurisdicción y a toda otra institución que a criterio de esa Defensoría entienda como pertinente”.