El ex presidente Raúl Alfonsín justificó el contexto de "duras presiones militares" en que debió dictar las leyes de obediencia debida y punto final, y se alegró de que la nulidad de esas normativas permita hoy juzgar a "quienes quisieron ampararse en ellas para conseguir impunidad" por la comisión de delitos durante la última dictadura militar.

"La situación militar estaba complicada. Había presiones muy duras. No podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso, no teníamos la fuerza necesaria. Esto nos llevó a tomar estas medidas", explicó el ex mandatario al Tribunal Federal Oral 1 de La Plata, en el marco del juicio que se sigue al represor Miguel
Etchecolatz.

Alfonsín acotó: "Me niego a decir que fuera extorsionado, pero los jefes del Estado Mayor me hacían conocer la situación en que se encontraban las fuerzas que comandaban y eso me hacía suponer que era necesaria una solución que aliviara la situación".

"Dictamos esas leyes con dolor. Queríamos evitar la interrupción del orden constitucional, en ese sentido podríamos decir que se buscaba la pacificación del país. Me agrada que hoy se pueda hacer justicia. La situación es abismalmente diferente", reconoció el ex presidente de la Nación.

Alfonsín sostuvo que "era perentorio realizar una acción que sacara la espada de Damocles sobre cada militar que estaba en actividad. Pensamos que la ley de caducidad de las Instituciones iba a circunscribir el espectro de los procesados, suponíamos que iba a ser cerca de 100 personas".

El ex presidente reconoció que esa ley "no cumplió para nada con su objetivo, tuvo el efecto paradójico de ampliar el universo de quienes aparecían como imputados. Las presiones seguían, eran muy duras, recordemos que después sufrimos tres levantamientos militares. Se hacía perentorio otro tipo de soluciones".

Recordó que durante la campaña electoral de 1983 el partido radical diferenciaba "que había tres niveles de responsabilidad (en los delitos cometidos durante la dictadura). Primero, quienes dieron órdenes y sobre los que recaería la persecución penal; segundo, los que se habían excedido en el cumplimiento de ellas, y tercero, los que las habían cumplido, sobre los que decidimos no actuar".

"No podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso. No teníamos la fuerza necesaria", enfatizó.

Remarcó que para la elaboración de las leyes de obediencia debida y punto final "tuvimos en cuenta un derecho internacional. En Europa se produjeron leyes, no como ésta, sino amnistías a nazis, a franquistas italianos, a quienes torturaron en Argelia".

"Y en América latina todos los países que hicieron la transición (a la democracia) entablaron conversaciones con los dictadores", recordó, y detalló lo que pasó en Brasil, en Uruguay, Chile, donde dijo "incluso hubo que aceptar poner al dictador como jefe de las Fuerzas Armadas".

Resaltó que esta connivencia con los dictadores "no pasó en la Argentina. Era necesario lograr la continuidad de la democracia" y remarcó que resolvió asumir él "la responsabilidad total" del dictado de esas leyes, evitando el paso por el Congreso Nacional.

Alfonsín fue citado a declarar ante el tribunal federal platense que desde el 20 de junio último juzga a Miguel
Etchecolatz, a pedido del abogado defensor del ex represor, Luis Boffi Carri Pérez, quien basó su interrogatorio en los fundamentos del dictado de las mencionadas leyes.