Ante el clima de tensión originado tras el anuncio del desalojo de las familias ocupantes del inmueble ubicado en Ituzaingó 60 bis, en principio para este viernes, el juzgado de Circuito N° 1 aclaró que la orden tiene un plazo de diez días de aplicación, es decir que hay tiempo hasta el 30 de noviembre para hacerla efectiva. 

Según informó el tribunal a cargo del juez Daniel González, “se dispone llevar a cabo el lanzamiento el día 20 de noviembre de 2009 y/o los días ulteriores inmediatos no inhábiles o feriados, si así lo considera prudente por razones de seguridad y prevención social el señor Ministro de Seguridad, no pudiéndose excederse del día 30 de noviembre de 2009”.

La noticia fue recibida en un clima de gran desconfianza por parte de los vecinos hacia las promesas de relocalización que les hicieron funcionarios municipales y provinciales, y advirtieron que no retirarán sus pertenencias del lugar hasta tener una solución definitiva a su problema habitacional.

Son 24 las familias que deben dejar el asentamiento a causa de un juicio iniciado por los propietarios del inmueble ocupado de forma ilegal desde 2007, y la fecha límite establecida por el juez Daniel Humberto González para el cese de la usurpación es el 30 de noviembre próximo.

El magistrado dejó en manos del Ministerio de Seguridad de la provincia la implementación del operativo de traslado y reubicación que estará bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública de la provincia, Carlos Iparraguirre.

Además, el juez pidió un listado completo de los efectivos policiales que van a participar del mencionado operativo, ordenó su grabación en video y anunció que seguirá de cerca todos los trámites relacionados con el desalojo y posterior traslado.

Las cerca de diez familias que se oponen a ser trasladadas aseguran que los 850 pesos que les ofrece la provincia de subsidio hasta que estén terminadas las nuevas casas, no les servirá para alquilar una vivienda digna porque carecen de garantías o recibos de sueldo para presentar.

Lo que proponen, en cambio, es que el desalojo se suspenda hasta que estén terminadas sus futuras viviendas y si eso no es así prometen resistir el desalojo por la fuerza.