Los docentes estatales santafesinos no dictarán clase este jueves y realizarán la semana próxima un nuevo paro de 72 horas. En asamblea provincial, los maestros resolvieron por amplia mayoría no acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La decisión se tomó incluso luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación se involucrara en el conflicto y amenazara con quitarle la personería gremial a Amsafé.
La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar: definió la restauración del presentismo, figura tan odiada por los docentes. En la práctica, esto implica 200 pesos del sueldo de los maestros y 250 pesos para la autoridades. Si bien el rumor de que volvería el presentismo rondaba el conflicto docente desde hacía varios días, incluso los dirigentes docentes desconfiaban este miércoles por la noche de la versión ya que no pensaban que el gobierno estaba dispuesto a endurecer su postura en un momento crítico en su relación con el magisterio.
La asamblea provincial de Amsafé resolvió rechazar –por casi 15 mil votos contra poco más de 7 mil– la conciliación obligatoria. Y por lo tanto, tal como se preveía, este jueves se realizará la tercera jornada consecutiva de paro, que dejará vacías las aulas de las escuelas públicas santafesinas. El viernes, sin embargo, habrá clases.
El panorama no mejora la semana próxima. Es que al paro de esta semana y al de 48 horas realizado la semana pasada se sumará una nueva medida de fuerza: en la misma asamblea se definió un paro de 72 horas que arrancará el próximo martes.
"La decisión de los docentes es clara. El mensaje hacia el gobierno es que no siga por el camino de las amenazas sino que destine el dinero que tiene de superávit a pagarle a maestros y mejorar calidad educativa", evaluó Diego Matos, secretario de prensa de Amsafé, quien adelantó que el jueves de la semana próxima se realizará una movilización a Santa Fe. "En este camino de amenazas lo que hace es divorciarse más de docente", sostuvo.
Sobre la amenaza de que les quitarían su personería gremial, Matos explicó que "ese tema se pasó a lso abogados", y repitió su concepto de que "si el gobierno nacional participa en el conflicto deberia aportar dinero del superavit que tiene". "Es una vergüenza que se amenace con sacar la personería a un gremio con una tradición como la nuestra, mientras que hay hechos claros como los de sn Vicente donde no se toma ningún recaudo. El nuestro es un gremio democrático con tradición de lucha, esto es lo que les molesta", evaluó.
