Un proyecto del diputado provincial Héctor Acuña abrió el debate sobre el uso de celulares dentro de la cárcel. Aunque está prohibido tener teléfono móvil dentro de los institutos carcelarios, es un secreto a voces que muchos de los detenidos tienen el suyo. Minutos después que desde el Servicio Penitenciario aseguraran en Radio 2 que los reclusos que cuentan con ese sistema de comunicación son sancionados, un preso de la Unidad III –la cárcel de Zeballos y Ricchieri– se comunicó con la emisora desde su teléfono móvil para contar cómo se vive intramuros. Incluso, en medio de la charla con el periodista Roberto Caferra, se escuchó cómo un celador se acercaba a la celda sin hacerle observación alguna por el uso del teléfono.

Este miércoles soprendió a la audiencia de Radio 2 la llamada de Luis, un detenido de la Unidad III que se comunicó con el programa Radiópolis desde su propio teléfono celular. Luis contó que está detenido desde hace un año y ocho meses en esa cárcel, por haber protagonizado repetidos robos a mano armada. Y detalló que, desde hace tiempo, en su celda tiene un teléfono móvil para comunicarse.

Sabe que, según el celador que esté de turno, corre peligro de ser descubierto y si se lo encuentran puede perder los puntos que determinan su buena conducta. Por eso, lo lleva encima pero a su vez lo esconde. "Lo uso para comunicarme con la familia. Es un gran beneficio, puedo hablar más tranquilo con ellos", explicó y agregó: "Y si quiero comunicarme con otros lugares también es mejor, porque cuando levantás los teléfonos de la cárcel te avisan que la comunicación es del Servicio Penitenciario y hay gente que no quiere atender esos llamados".

Aunque las autoridades del Servicio Penitenciario sostienen que los familiares se las ingenian para ingresar los aparatos de comunicación y prometen profundizar los controles y requisas, Luis aseguró que algunas veces los celulares circulan y se comercializan con ayuda de los mismos carceleros.

"Conseguir uno cuesta entre 100 y 250 pesos. Y la plata tampoco entra de afuera. Muchas veces uno termina vendiendo cosas acá adentro. Preferís entregar las zapatillas y andar descalzo pero poder hablar con tu familia", resumió.

El hombre está condenado a 13 de prisión por robo calificado. Reincidió dos veces en el mismo delito y desliza que, una de las razones para tropezar con la misma piedra una vez afuera de la cárcel, fue la poca ayuda de las instituciones y de la sociedad para volver a reinsertarse.

"Soy maestro panadero. Antes de quedar detenido trabajé en Coto y La Gallega. Me formé para poder hacer mi propio emprendimiento de panadería pero no tuve ayuda. En ese momento sólo necesitaba cinco mil pesos para poder armarlo, pero nunca los conseguí", narró. Incluso, sostuvo que desde Cáritas dieron infinitas vueltas hasta que le entregaron unos 50 moldes de pizza para poder trabajar. "Salían 500 pesos, sin eso no podía hacer nada", contó.

Luis –que aprovechó la comunicación para reclamar por las mesas redondas donde se encuentran las autoridades penitenciarias con los reclamos de los detenidos y que hace meses no se concretan– sabe que al contar su historia en Radio 2 puede ser descubierto. Y que sus salidas con permiso –dos horas por semana durante seis meses– se pueden terminar de un momento a otro como castigo. Pero no le importó. Su necesidad de hablar detrás de las paredes fue más fuerte. "Si soy sancionado voy a pedir hablar con ustedes de nuevo. Hacía tiempo que quería comunicarme con ustedes", concluyó.

Consultado acerca de cómo imagina su vida del otro lado de las rejas, Luis respondió resuelto: "Necesito trabajar". Y agregó: "Estoy con una asistente social y tengo un proyecto de trabajo. Cuando salga quiero montar la minipanadería. Cuesta unos 10 mil pesos y eso cambiaría la vida a muchas personas".

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Luis (Radio 2)