La Comisión Directiva de la Regional Nº 8 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación pidieron este martes a la Procuración General de la Nación "que se tomen de manera urgente las medidas de seguridad necesarias que permitan resguardar la vida e integridad física de quienes se desempeñan el ámbito de ese Ministerio Público y de quienes acuden en procura de justicia" a los Tribunales Federales de Rosario, de bulevar Oroño al 900, y todas las subsedes donde funcionan las fiscalías.
El gremio de los empleados sostiene que "dicha solicitud encuentra asidero en el incremento de los hechos de violencia que aquejan a la ciudad de Rosario y a la Jurisdicción toda, los que dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a todas las personas que trabajan en este ámbito y a quienes a diario asisten a nuestras sedes".
"Resulta prioritario establecer un estricto control de quienes ingresan y egresan así como los elementos que portan y que introducen en los distintos edificios pudiendo descartar el ingreso de cualquier elemento que pudiera hacer peligrar la vida o la salud de las personas que allí se encuentran, de igual modo al controlar el egreso se podrá verificar que no se retire nada que no corresponda", esgrimieron.
"Por otro lado –agregaron– y en función de los graves hechos que han sucedido en la ciudad que son de público conocimiento solicitamos que se refuerce la vigilancia exterior de los edificios así como la colocación de cámara de seguridad y alarmas, monitoreadas las 24 horas. Entendemos que estas medidas mínimas y de bajo costo traerán tranquilidad a nuestros representados ya que significará un gran avance en la falencia de seguridad que hoy padecemos".
El pedido del gremio, que es similar al que realizó en su acordada del lunes la Cámara Federal de Rosario, se extendió con copias Consejo de la Magistratura.
La misma Unión de Empleados de la Justicia de la Nación había solicitado días atrás que el juicio por narcotráfico a Los Monos, que deben comenzar el 20 de septiembre, no se realice en el edificio de bulevar Oroño al 900. Las alternativas que se bajaran, aún sin confirmar, son el Centro de Justicia Penal provincial y el destacamento de Gendarmería Nacional.
