El ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, fue citado a declaración indagatoria por peculado, delito que prevé hasta diez años de prisión, junto a dos de sus ex principales jefes en el organismo, Patricio Pfinnen y Alejandro Brousson, al ex juez federal Juan José Galeano y al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo en una extensa resolución donde los imputó por el pago ilegal de 400 mil dólares al ex detenido por el atentado a la AMIA Carlos Telleldín, quien también será indagado como partícipe de peculado junto a su esposa Ana Boragni y a su abogado Victor Stinfale, según el fallo al que accedió Télam. Lijo citó a indagatoria también a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a quienes al igual que a Galeano imputó por peculado y por "privación ilegítima de la libertad agravada", este último un delito con penas de hasta 15 años de cárcel y tampoco excarcelable. El juez tiene a su cargo una causa paralela por graves irregularidades denunciadas en la pesquisa central del ataque terrorista que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 y que todavía sigue impune. La ronda de indagatorias comenzará el 5 de junio próximo con Boragni, a cuyo nombre figura un puesto de diarios que según su marido se compró con el dinero pagado por la SIDE y quien nunca antes había sido acusada en la causa AMIA. Un día después será el turno de Telleldín; el 7 de junio de Stinfale; los ex jefes de la SIDE Finnen y Brousson el 8 del mismo mes y Anzorreguy el 9, todos a las 10. Las indagatorias continuarán con Beraja el 12 de junio; Mullen el 13, Barbaccia el 14 y finalmente Galeano el 15 del mes próximo. Sobre Anzorreguy, el magistrado entendió que participó en el pago al entonces detenido Telleldín mediante el uso de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo era que Telleldín aportara "una nueva versión convenida previamente con el magistrado, acerca del destino que le diera a la camioneta que luego habría sido utilizada en el ataque a la sede de la AMIA, involucrando al personal de la Policía Bonaerense". A lo largo de su resolución, Lijo hizo un pormenorizado repaso de todo lo ocurrido con ese pago, las etapas en que se realizó y su finalidad, además de detenerse en las privaciones de libertad de dos testigos vinculados a Telleldín, Miriam Salinas y Pablo Ibañez, sobre quienes se fundó la acusación más grave contra Galeano y los ex fiscales. Además, acusó a Galeano, Mullen y Barbaccia de la privación ilegal de la libertad no agravada de los ex detenidos del caso Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro. Sobre el juez destituído en un jury de enjuiciamiento, Lijo sostuvo que "existen elementos suficientes para imputarle el hecho de haber planificado y organizado" el pago a Telleldín. A los ex fiscales "se les imputa el hecho de haber convalidado las resoluciones" del entonces juez "aún conociendo la irregularidad de las pruebas en las que se fundaba" y "desvirtuando la eficacia de los medios probatorios", con el "único cometido" de obtener "una versión cargosa" contra Ribelli, Ibarra, Leal y Bareiro. Lijo es un juez que llegó a su cargo por concurso como parte de la renovación del fuero federal y tiene a su cargo la investigación paralela por irregularidades cometidas en la esquisa desde que la Cámara Federal apartó del caso a su par Claudio Bonadío, por posible falta de mparcialidad. Antes de asumir como juez en los '90, Bonadío se desempeñó como funcionario bajo la órbita de un denunciado en la causa, el ex ministro de Interior menemista Carlos Corach, quien no fue convocado en esta resolución de Lijo. El nuevo magistrado aceptó como querellante en la causa a la Unidad Especial AMIA del inisterio de Justicia, que le había pedido la mayor parte de las medidas dictadas el martes. Además, el abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex detenido Ribelli, reclamó que las indagatorias abarcasen a Corach y al ex presidente Menem, algo que el juez no consideró hasta el momento. El Tribunal Oral Federal 3 absolvió hace un año y medio a los cinco supuestos integrantes de la "conexión local" del ataque, luego de un juicio que duró casi tres años y que terminó con la declaración de nulidad de gran parte de la causa que llevó adelante el luego destituído Galeano. Esa sentencia fue ratificada este mes por la Cámara de Casación penal, en un fallo contra el cual la semana próxima la DAIA y la AMIA presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.