La Audiencia Nacional de España comenzará a juzgar hoy a los 29 acusados por el atentado del 11 de marzo de 2004 en el servicio ferroviario suburbano de esta capital, el mayor en la historia de España, que causó 191 muertos y 1824 heridos.
El juicio llega casi tres años después del atentado y se prevé que la sentencia esté lista antes de que se cumplan los cuatro años máximos de prisión preventiva de los acusados para evitar su excarcelación.
El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, tendrá que esclarecer uno de los episodios más trágicos en la vida de los españoles, y que resultó altamente politizado desde el momento en que marcó la salida del poder del entonces presidente, José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).
La fiscalía pide prisión para los siete principales acusados del asesinato de las 192 personas fallecidas, incluido el agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Francisco Javier Torronteras, muerto durante el operativo de asalto a un piso de Leganés, en el que se inmolaron siete de los presuntos autores materiales del atentado.
El 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana estallaron 10 bombas en los vagones de cuatro trenes en cercanías de Madrid, causando la muerte a 191 personas y heridas a 1824.
Los autores del ataque habían dejado mochilas-bomba en su interior y bajaron de los trenes antes de que estallaran en la estación Atocha, en el centro de la capital española; en El Pozo, un barrio obrero de inmigrantes; y Santa Eugenia, otra barriada de las afueras de la capital española.
Tres semanas después del atentado, el 3 de abril, siete de los presuntos autores materiales de la matanza al verse acorralados por la policía, se inmolaron en un departamento de la localidad de Leganés, causando la muerte a un agente del GEO.
La investigación judicial concluyó que los responsables integraban células islamistas inspiradas por Al Qaeda, pero sin relación con esta organización, sino vinculadas al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) que pretendían castigar a España por su participación en la invasión de Irak.
Tras casi tres años de investigaciones y a pocas horas de que comience el macrojuicio, los resultados definitivos de la última prueba pericial sobre los explosivos utilizados en el atentado del 11-M despejan todas las dudas sembradas sobre la responsabilidad de la organización separatista vasca ETA en la matanza, y avalan la autoría islamista del atentado.
Sin embargo, en base a este mismo informe, el diario conservador El Mundo afirma hoy que los peritos encontraron una nueva sustancia, "dinitrolueno" (DNT), un componente de la dinamita que "no está presente en la Goma 2 Eco", y "si en la Goma 2 EC".
Esta Goma 2 EC fue hallada también en un registro a la mina asturiana de donde procedían los explosivos utilizados en los trenes, y en la dinamita Titadyn, habitualmente utilizada por ETA.
Esta versión llevó al opositor PP a exigir, horas antes de que se inicie el juicio, que se abra una "nueva línea de investigación" ya que el sumario elaborado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se sostiene en base a esa hipótesis.
En medio de este debate y fuertes medidas de seguridad mañana a las 9:00 (5:00 hora argentina) comenzará el juicio oral en la sala de macrojuicios de la Audiencia Nacional instalada en la Casa de Campo de Madrid, en las afueras de la ciudad.
Durante cinco meses, por la sala de audiencias pasarán los 29 acusados, nueve de ellos españoles, unos 650 testigos, y 98 peritos, además de los 23 abogados de la acusación y los dos de parte del Estado.
Del total de los acusados, 18 se sentarán en una especie de caja de cristal blindada, entre ellos los tres únicos detenidos considerados autores materiales del atentado: Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchard y Basel Ghalyoun.
Otros siete presuntos autores materiales murieron inmolados en el piso de Leganés y los cuatro restantes lograron huir.
Entre 160 y 200 víctimas, apoyadas por psicólogos y asistentes sociales, podrán seguir el juicio desde una sala que está ubicada en el sótano del edificio donde se lleva a cabo la audiencia.
La gran expectativa se hace evidente con 140 periodistas acreditados, mientras la televisión pública madrileña se prepara para trasmitir el juicio en directo y –por primera vez en España– a través de un portal jurídico de Internet.
El juicio llega casi tres años después del atentado y se prevé que la sentencia esté lista antes de que se cumplan los cuatro años máximos de prisión preventiva de los acusados para evitar su excarcelación.
El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, tendrá que esclarecer uno de los episodios más trágicos en la vida de los españoles, y que resultó altamente politizado desde el momento en que marcó la salida del poder del entonces presidente, José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).
La fiscalía pide prisión para los siete principales acusados del asesinato de las 192 personas fallecidas, incluido el agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Francisco Javier Torronteras, muerto durante el operativo de asalto a un piso de Leganés, en el que se inmolaron siete de los presuntos autores materiales del atentado.
El 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana estallaron 10 bombas en los vagones de cuatro trenes en cercanías de Madrid, causando la muerte a 191 personas y heridas a 1824.
Los autores del ataque habían dejado mochilas-bomba en su interior y bajaron de los trenes antes de que estallaran en la estación Atocha, en el centro de la capital española; en El Pozo, un barrio obrero de inmigrantes; y Santa Eugenia, otra barriada de las afueras de la capital española.
Tres semanas después del atentado, el 3 de abril, siete de los presuntos autores materiales de la matanza al verse acorralados por la policía, se inmolaron en un departamento de la localidad de Leganés, causando la muerte a un agente del GEO.
La investigación judicial concluyó que los responsables integraban células islamistas inspiradas por Al Qaeda, pero sin relación con esta organización, sino vinculadas al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) que pretendían castigar a España por su participación en la invasión de Irak.
Tras casi tres años de investigaciones y a pocas horas de que comience el macrojuicio, los resultados definitivos de la última prueba pericial sobre los explosivos utilizados en el atentado del 11-M despejan todas las dudas sembradas sobre la responsabilidad de la organización separatista vasca ETA en la matanza, y avalan la autoría islamista del atentado.
Sin embargo, en base a este mismo informe, el diario conservador El Mundo afirma hoy que los peritos encontraron una nueva sustancia, "dinitrolueno" (DNT), un componente de la dinamita que "no está presente en la Goma 2 Eco", y "si en la Goma 2 EC".
Esta Goma 2 EC fue hallada también en un registro a la mina asturiana de donde procedían los explosivos utilizados en los trenes, y en la dinamita Titadyn, habitualmente utilizada por ETA.
Esta versión llevó al opositor PP a exigir, horas antes de que se inicie el juicio, que se abra una "nueva línea de investigación" ya que el sumario elaborado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se sostiene en base a esa hipótesis.
En medio de este debate y fuertes medidas de seguridad mañana a las 9:00 (5:00 hora argentina) comenzará el juicio oral en la sala de macrojuicios de la Audiencia Nacional instalada en la Casa de Campo de Madrid, en las afueras de la ciudad.
Durante cinco meses, por la sala de audiencias pasarán los 29 acusados, nueve de ellos españoles, unos 650 testigos, y 98 peritos, además de los 23 abogados de la acusación y los dos de parte del Estado.
Del total de los acusados, 18 se sentarán en una especie de caja de cristal blindada, entre ellos los tres únicos detenidos considerados autores materiales del atentado: Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchard y Basel Ghalyoun.
Otros siete presuntos autores materiales murieron inmolados en el piso de Leganés y los cuatro restantes lograron huir.
Entre 160 y 200 víctimas, apoyadas por psicólogos y asistentes sociales, podrán seguir el juicio desde una sala que está ubicada en el sótano del edificio donde se lleva a cabo la audiencia.
La gran expectativa se hace evidente con 140 periodistas acreditados, mientras la televisión pública madrileña se prepara para trasmitir el juicio en directo y –por primera vez en España– a través de un portal jurídico de Internet.
