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Concejales rosarinos piden que no haya protocolo antipiquete en Santa Fe

Ediles de distintos sectores reclamaron al gobernador Lifschitz que se abstenga de instrumentar cualquier normatiza que tienda a la criminalización de la protesta social
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La polémica por la política del gobierno nacional con respecto a los piquetes llegó al Palacio Vasallo. Los concejales Norma López (FpV), Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (IP), Marina Magnani (UyO), Lorena Giménez (PPS), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Caren Tepp, Juan Monteverde y Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) presentaron un proyecto de declaración en el que le exigen al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que“se abstenga de realizar o instrumentar cualquier tipo de normativa, protocolo u orden que implique la criminalización de la protesta social a través de la restricción de los derechos de reunión, protesta, manifestación, de petición ante las autoridades, así como de cualquier otro derecho consagrado en la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.

“Nos preocupa la ambigüedad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Santa Fe sobre la adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” del Ministerio de Seguridad de la Nación, manifestaron los ediles. Para ellos, esa es una “herramienta que promueve la represión desde un marco legal, a trabajadores y ciudadanos que legítimamente ejercen sus derechos a la protesta, la libertad de expresión y de pensamiento. Esta es una de las cartas más duras y antidemocráticas de la gestión del presidente Maurcio Macri, que deja a las claras la falta de capacidad de diálogo, convivencia y el modus operandi autoritario sobre los argentinos”.

Los ediles sostienen que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, adhirió en representación de la provincia de Santa Fe, y como paso imprescindible para hacer efectiva este acuerdo con la provincia, el gobernador Lifschitz tendría que elaborar un protocolo que respete el nacional. “Exijimos que no lo haga en nombre de lxs vecinxs de la ciudad de Rosario”, señalaron.

Los ediles también agregaron: “Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son la piedra angular de toda democracia y es un deber del Estado su defensa y protección. El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos”.

En tanto, sostuvieron: “La nueva normativa representa un cambio regresivo del paradigma en materia de regulación de la protesta social e implica un grave retroceso institucional y político en materia de Derechos Humanos y garantías constitucionales que afectan gravemente el principio de no regresividad de los DD.HH., vulnerando derechos consagrados constitucionalmente y en pactos internacionales”.

Pero además, explicaron: “Este protocolo configura un retroceso en políticas democráticas y en la plena vigencia del Estado de Derecho, restringe gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, el derecho de protesta, de libre expresión, de peticionar a las autoridades, la libertad de prensa y la labor periodística”.

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