Los miembros de la comunidad mocoví de Colonia Dolores, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe, están conmovidos. Desde hace un tiempo y a falta de que alguien escuche su ruego en la justicia, no paran de enviar plegarias al cielo para que alguno de sus dioses se haga eco de ese dolor.

Es que desde fines de 2006, V., una niña de 8 años, miembro de esa población, fue arrancada de su hogar por la decisión de una jueza de Menores. La niña, que había sido violada por un vecino, quedó en manos de la Justicia a partir de ese momento y fue retirada de su hogar tras el brutal episodio.

La comunidad pide conocer “el paradero de la menor" y denuncia "violación de los derechos indígenas y de los niños y niñas” y tráfico de niños. Además, reclama la devolución de la niña a su entorno para que no se interrumpa la desendencia.

Según contó a Rosario3.com, Oscar Fernández, de la Dirección de Asuntos Indígenas de Santa Fe, la magistrada Susana G. Bilich al frente del juzgado de Menores Nº1 de la ciudad de Santa Fe, “retiró a la niña de la comunidad y la dio en custodia a una persona que vive el barrio Recolecta de Capital Federal”.

El drama de los mocovíes asentados en Colonia Dolores comenzó cuando un miembro de la comunidad y vecino de la niña abusó sexualmente de ella. A partir de ahí, no sólo algunos lazos de convivencia se resquebrajaron sino que también se asistió a otra tragedia: la ausencia de la chica dentro de la comunidad.

“Hay que entender que la cosmovisión de quienes son aborígenes o tienen esas raíces es muy distinta. Los niños al igual que la tierra, los animales, la naturaleza, no son sólo de los padres sino de la comunidad, por eso el dolor es compartido. Al niño no se lo puede desarraigar porque si no se quiebra la descendencia”, señaló Fernández.

Para el miembro de la dependencia que atiende los problemas de los indígenas en Santa Fe, el problema pasa porque hay un profundo desconocimiento de las costumbres y hábitos de las comunidades aborígenes. “Lo que no podemos creer es que la hayan sacado de su entorno, es decir, de su familia y de su comunidad”, lamentó.

Para él, “eso encubre un abuso ya que el agresor no pertenecía a su círculo más íntimo, y la niña podría haber vuelto a su casa”. Y apuntó: “Pero si no podían permitir eso, deberían haber aceptado la tutela de otras familias que se ofrecían para hacerlo desde la comunidad”.

Actualmente en Colonia Dolores están radicadas unas 70 familias mocovíes. Se trata de una localidad muy pequeña y humilde y los únicos recursos económicos se consiguen a través de changas como peones de albañiles, en Gobernador Crespo, a unos kilómetros de ahí.

Desde que la Justicia se hizo cargo, V. inició un periplo que comenzó en La Casa de la Niña, en Santa Fe, siguió en el domicilio de Dora Salteño, presidente comunal y miembro de la comunidad mocoví, y finalizó en el barrio Recoleta de Capital Federal.

“Ahí, vive con una mujer que la habría adoptado ya que tiene otra niña en esa situación”, indicó Fernández. Como si se tratara del revés de una trama delictiva que hace de la adopción de niños un tráfico, Fernández abundó que “en la comunidad no sólo hay malestar porque se la desterró sino que hay temor porque puedan sacarle a la mamá a su otra niña de dos años”.

En tanto, el reclamo de la comunidad no cesa y según Fernández está cerca de traducirse en una pueblada. Es que los habitantes de Colonia Dolores piden conocer “el paradero de la menor, y denuncian la violación no sólo a los derechos de las comunidades indígenas, sino también la de los derechos de los niños y niñas”.

Por último, Fernández denunció que hace pocos días la Justicia también determinó separara de su hogar a la hermana menor de V. que tiene tres años.