Poco después de anunciar una multa de 4 millones de pesos al Sindicato de Camioneros por no acatar la conciliación obligatoria y advertir que se suspendía el diálogo, el gobierno nacional confirmó que se aplicará la ley de abastecimiento. En conferencia de prensa, el ministro de Planificación Julio De Vido aseguró que, con la aplicación de la norma, se busca garantizar la provisión de combustible y así evitar que se vean afectados suministros de energía y gas en hogares. Además, a la anunciada denuncia penal contra el líder de la CGT Hugo Moyano y su hijo el líder camionero Pablo Moyano, sumarán otra presentación judicial por violación de la ley de soberanía hidrocarburífera por considerar que hay un lock out patronal.
Sancionada en 1974, a instancias del entonces ministro de Economía José Ber Gelbard, la ley de abastecimiento establece sanciones –e incluso penas de prisión– a quienes no suministren en forma normal la provisión de un producto. De Vido precisó que, en el marco del conflicto con los camioneros, la norma se aplicará a "todos los sectores, tanto sea el productivo, de comercialización y de distribución de bienes y servicios tanto mayorista como minorista" de combustibles. Detalló que la medida será aplicada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Luego, profundizó lo vinculado a temas judiciales: "Más allá de la denuncia por amenazas realizada por el ministro del Interior y Transporte, vamos a hacer una denuncia penal por violación a ley de soberanía hidrocarburífera, así como al artículo 194 del Código Penal".
El funcionario consideró que la de camioneros es una movida "sin precedentes" y "arbitraria" que tiene "clara connotación política y corporativa". Consideró que la medida de fuerza se realiza "contra la democracia, el diálogo y el libre ejercicio de transitar, recorrer, adquirir bienes y servicios". Sostuvo, además: "El paro nacional de camioneros era virtual, hoy sin ser avisado, ya estaba planteado en términos concretos a partir de falta de combustible".
Sostuvo que la postura de camioneros implica "riesgo de vida de quien se queda sin calefacción" y también perjuicio para "quien pierde su dia de trabajo por no poder viajar a su trabajo o por no trabajar por falta de energía"
"Estamos muy consternados", confió. "Quisiéramos que vuelva la racionalidad y la normalidad", sostuvo. De todos modos, aclaró que no ha habido comunicación con la CGT o el sindicato de camioneros que haga prever una solución inminente. "Mientras tanto, como funcionarios públicos no nos cabe otra alternativa llevar a cabo todas las acciones legales pertinentes", planteó. Aclaró que no se buscarán otras vías, salvo las del Derecho.
