El ex presidente Fernando de la Rúa irá a juicio oral en la causa por el pago de sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral en 2000. La elevación a proceso fue ratificada y oficializa este miércoles por el juez federal Daniel Rafecas quien firmó el expediente para el trámite. Para el ex presidente radical la noticia no es nueva y se difunde por "una maniobra del gobierno" que "debe querer ocultar algo", sospechó.

“No es una noticia, acá no hay nuevo. El 5 de septiembre se publicó en todos lados que me mandan a juicio oral”, dijo Fernando de la Rúa en diálogo con Radio 2. Consultado sobre los motivos de la difusión del tema en todos los medios nacionales, el ex presidente dijo: “Es una maniobra; el gobierno debe querer tapar algo”, dijo.

Este miércoles el juez elevó el expediente a juicio por los sobornos pero el inicio del proceso ya se conocía. “Difunden que me mandan a juicio oral cuando ya me mandaron a juicio. Ahora mandan el expediente y cuando llegue van a volver a anunciar que me mandan a juicio”, expresó el ex presidente.

“No me parece que se informe al país con asombro porque no hay nada nuevo”, reforzó el radical en diálogo con el programa Radiópolis.

Golpe Civil

Por otra parte, Fernando de la Rúa se refirió a sus últimos días de gobierno y opinó de la gestión de Cristina Fernández.

Dijo que a él lo sacó un golpe civil orquestado por el peronismo bonaerense con Duhalde y Ruckauf a la cabeza y la complicidad del Fondo Monetario Internacional.

Agregó que la situación del país no es la misma que a fines de 2001, como este miércoles sostuvo el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

“Ahora hay tensión social, hay una crispación que se acrecienta porque desde el gobierno se provoca pero no está el programa golpista del peronismo de la provincia de Buenos Aires”, diagnosticó el ex presidente.

Ley de medios

Por otra parte, sostuvo que con el mismo criterio que el juez Rafecas lo procesó a él por haber sido presidente cuando se produjeron los supuestos sobornos, se debería investigar a Cristina Fernández por las sospechas en torno al voto de la nueva ley de medios.

“El Código Penal dice que el cohecho no sólo es el pago de una dádiva. También se incluyen las promesas directas o indirectas para que se modifique una función pública; eso también es un delito”, explicó.

“Si es cierto que el gobernador de Corrientes aceptó un promesa para influir en la senadora para que vote a favor de la ley de medios, deberían acusar a la presidenta Cristina Fernández”, dijo de la Rúa.

La causa

El delito que se le imputa al ex presidente es "cohecho activo agravado", que prevé una pena de hasta seis años de prisión y la "inhabilitación absoluta" para ejercer cargos públicos.

Junto al ex presidente también están involucrados en la causa hombres de su confianza mientras era mandatario. Fernando de Santibañes, que era jefe de la SIDE; José Genoud, entonces presidente provisional del Senado, y Alberto Flamarique, su ministro de Trabajo.

En febrero de 2008, también fueron procesados por cohecho, pero pasivo (haber cobrado coimas), los ex senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda y Augusto Alasino.