El ex Director de Gendarmería Nacional Pedro Pasteris fue denunciado por presunto abuso de autoridad y discriminación, acusado de haber impedido la incorporación a esa fuerza de una abogada debido a su baja estatura.

La acción penal, también dirigida contra otras autoridades de Gendarmería, tiene como eje a María Laura Alejandra Monforte, cuyo ingreso a la fuerza fue rechazado cuando, para competir como aspirante, comenzó el control sanitario que establece la reglamentación interna.

El 7 de junio de 2005 Monforte se presentó en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, para solicitar las pertinentes órdenes médicas, ocasión en la que fue atendida por un alférez que, previamente, midió la estatura de la postulante.

La denuncia radicada ante el juez federal Daniel Rafecas consignó que en esa oportunidad se le informó a la abogada -que mide 1,52 metros-, que no podía ingresar a la fuerza porque la talla mínima exigida por la fuerza era de 8 centímetros más.

La Gendarmería exige, entre otros requerimientos, que los profesionales midan, como mínimo, 1,60 metros para ingresar a la fuerza.

Con el patrocinio de Darío Liurgo, la acción penal sostuvo que el rechazo de Monforte viola la Constitución Nacional, porque afecta su libertad laboral y dignidad. Liurgo recordó que, de acuerdo a la Constitución "todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad" para el cargo.

"Estamos en presencia -agregó la denuncia- de un acto de intolerancia, discriminación. Estas ridículas normas en un Estado moderno son inadmisibles".

El letrado patrocinante pidió al magistrado que cite a indagatoria a Pasteris, al Director de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, comandante mayor Juan Francisco Buruzangaray, y al alférez médico Diego Funes.

Además, solicitó que sea citado a declarar como testigo el Ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Pasteris, que asumió como Director de la Gendarmería en noviembre de 2004, fue relevado del cargo en septiembre pasado luego de que se conociera que estaba presuntamente involucrado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El ex funcionario fue jefe del puente internacional de Paso de los Libres, en Corrientes, entre 1980 y 1983, donde fueron secuestradas y luego desaparecidas al menos nueve personas en los años del terrorismo de Estado.