Terrenos municipales de la isla Charigüé, en el río Paraná, fueron tomados por productores agropecuarios que “explotan comercialmente dichos lotes y con su accionar dañan los humedales, desequilibrando ecológicamente el ambiente”, advirtieron concejales de la oposición y pidieron informes a la Indendencia.
La denuncia es de los ediles del Frente para la Victoria-PJ, Norma López y Roberto Sukerman, “ante las reiteradas denuncias de grupos ecologistas y de la investigación realizada” por ellos mismos. Señalan que, “aparentemente, ocupantes ilegales habrían construido terraplenes que afectan el curso del agua”, además de otros deterioros a la naturaleza del lugar generados a partir de la actividad agrícola ganadera.
Ante esa situación, presentaron un proyecto para que la intendenta Mónica Fein “informe sobre las medidas adoptadas por el gobierno municipal” para preservar ese espacio.
“Estos terrenos fueron donados a la Municipalidad, por lo tanto es la que tiene que intervenir porque, según diversas denuncias, están ocupadas ilegalmente por personas que han realizado terraplenes y puentes que obstruyen el normal escurrimiento del agua, afectando seriamente el equilibrio ecológico de los humedales”, señalaron los concejales.
Y agregan que “el terraplenado realizado en forma ilegal causa, por un lado, el anegamiento de terrenos y, por el otro lado, el secamiento de los mismos, preparándolos para la práctica de la agricultura y la ganadería”.
“En el año 2005, la Municipalidad de Rosario hizo un llamado a licitación privada para el relevamiento planialtimétrico y mensuras de terrenos de su propiedad ubicados en la isla Charigüé pero, se desconoce si ese proceso licitatorio fue llevado a cabo, si se adjudicó la obra y su consiguiente ejecución”, planteó Sukerman.
“También queremos saber cuál es la situación jurídica de los mismos, y las medidas adoptadas en caso de estar los mismos ocupados en forma ilegal”, añadió.
Por su parte, López, vicepresidenta del Palacio Vasallo, alertó que “no sólo se estaría modificando y destruyendo el ambiente en los lotes del Municipio sino que se estaría afectando seriamente toda la zona”.
“La situación es muy grave. La Municipalidad no está custodiando esos terrenos que son de su propiedad y, por lo tanto, propiedad de todos los ciudadanos rosarinos. Esta ausencia del estado y omisión permite además que un privado, lo arruine, modifique, explote y encima, contribuya a la destrucción ecológica de las islas del Charigüé”, finalizó Sukerman.
Una práctica que se repite
Si bien ésta se destaca por tratarse de patrimonio municipal, no es la primera vez que se denuncia la construcción de terraplenes en las islas del Paraná con fines agropecuarios. Por caso, en 2009, Rosario3.com reprodujo la denuncia de organizaciones ambientalistas por el avance de un paredón frente a Villa Constitución, por parte de una empresa holandesa que no sólo no dio marcha atrás como le ordenó el gobierno entrerriano, sino que continuaba sus obras ilegales.
Más cerca en el tiempo, en marzo pasado, el grupo de autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados.
Ese hecho afectó la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y violó la normativa vigente. Poco después, la Municipalidad de Victoria intimó al productor para que reabra el curso de agua.
En ese contexto, la semana pasada, el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comenzó junto a su par entrerriano, Fernando Raffo, una serie de reuniones destinadas a la coordinación de acciones para abordar problemáticas como los incendios y la construcción de terraplenes privados en las islas.
La denuncia es de los ediles del Frente para la Victoria-PJ, Norma López y Roberto Sukerman, “ante las reiteradas denuncias de grupos ecologistas y de la investigación realizada” por ellos mismos. Señalan que, “aparentemente, ocupantes ilegales habrían construido terraplenes que afectan el curso del agua”, además de otros deterioros a la naturaleza del lugar generados a partir de la actividad agrícola ganadera.
Ante esa situación, presentaron un proyecto para que la intendenta Mónica Fein “informe sobre las medidas adoptadas por el gobierno municipal” para preservar ese espacio.
“Estos terrenos fueron donados a la Municipalidad, por lo tanto es la que tiene que intervenir porque, según diversas denuncias, están ocupadas ilegalmente por personas que han realizado terraplenes y puentes que obstruyen el normal escurrimiento del agua, afectando seriamente el equilibrio ecológico de los humedales”, señalaron los concejales.
Y agregan que “el terraplenado realizado en forma ilegal causa, por un lado, el anegamiento de terrenos y, por el otro lado, el secamiento de los mismos, preparándolos para la práctica de la agricultura y la ganadería”.
“En el año 2005, la Municipalidad de Rosario hizo un llamado a licitación privada para el relevamiento planialtimétrico y mensuras de terrenos de su propiedad ubicados en la isla Charigüé pero, se desconoce si ese proceso licitatorio fue llevado a cabo, si se adjudicó la obra y su consiguiente ejecución”, planteó Sukerman.
“También queremos saber cuál es la situación jurídica de los mismos, y las medidas adoptadas en caso de estar los mismos ocupados en forma ilegal”, añadió.
Por su parte, López, vicepresidenta del Palacio Vasallo, alertó que “no sólo se estaría modificando y destruyendo el ambiente en los lotes del Municipio sino que se estaría afectando seriamente toda la zona”.
“La situación es muy grave. La Municipalidad no está custodiando esos terrenos que son de su propiedad y, por lo tanto, propiedad de todos los ciudadanos rosarinos. Esta ausencia del estado y omisión permite además que un privado, lo arruine, modifique, explote y encima, contribuya a la destrucción ecológica de las islas del Charigüé”, finalizó Sukerman.
Una práctica que se repite
Si bien ésta se destaca por tratarse de patrimonio municipal, no es la primera vez que se denuncia la construcción de terraplenes en las islas del Paraná con fines agropecuarios. Por caso, en 2009, Rosario3.com reprodujo la denuncia de organizaciones ambientalistas por el avance de un paredón frente a Villa Constitución, por parte de una empresa holandesa que no sólo no dio marcha atrás como le ordenó el gobierno entrerriano, sino que continuaba sus obras ilegales.
Más cerca en el tiempo, en marzo pasado, el grupo de autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados.
Ese hecho afectó la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y violó la normativa vigente. Poco después, la Municipalidad de Victoria intimó al productor para que reabra el curso de agua.
En ese contexto, la semana pasada, el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comenzó junto a su par entrerriano, Fernando Raffo, una serie de reuniones destinadas a la coordinación de acciones para abordar problemáticas como los incendios y la construcción de terraplenes privados en las islas.
