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Denuncian destrucción de pruebas y amenazas a la familia de Gerardo

La defensa en el caso Escobar realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle al Estado argentino que realice medidas cautelares por la desaparición y muerte del empleado municipal. Además, informaron que la hermana de la víctima sufre hostigamientos

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El defensor general de la provincia Gabriel Ganón y los abogados Salvador Vera, Guillermo Vallet y Analía Elizabeth Abreu realizaron este martes una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle al Estado argentino que “realice medidas cautelares a los fines de evitar que continúe el proceso irreparable de destrucción de pruebas sobre lo ocurrido en el caso que investiga la desaparición y muerte de Gerardo Escobar, como así también para que cesen los hostigamientos y amenaza que están recibiendo los familiares de la víctima”.

Según un comunicado del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, “aún no han sido ejecutadas medidas idóneas y necesarias tendientes a conservar o preservar las pruebas”.

Los abogados señalaron que el Ministerio Público de la Acusación de la provincia “nunca requirió la colaboración de otra fuerza policial que no sea la de la propia Policía provincial a los fines de practicar diligencias investigativas sensibles como el levantamiento del cadáver de Escobar en el río, exámenes médicos primarios, entre otros”.

Para los representantes legales de la familia Escobar y el defensor general, esas tareas “requerían la participación de terceros insospechados de participación en los hechos sometidos a investigación, como ser otra fuerza de seguridad”.

Por otra parte, el comunicado refiere a actos de hostigamiento contra Luciana Escobar, hermana de la víctima, quien señala haber recibido llamadas telefónicas anónimas varias veces al día.

“Si bien durante las llamadas no oye ninguna voz, el escrito indica que estos mensajes no pueden dejar de ser interpretados en el contexto como señales amenazantes que incorporan nuevos elementos de angustia y sufrimiento a los familiares de la víctima”, añadió el comunicado.

La presentación hecha a la CIDH sostiene que de “no disponerse medidas de imperiosa necesidad, como la que oportunamente fue propuesta, se frustará indefectiblemente la producción de prueba que permita esclarecer el hecho”.

Además, respecto de las llamadas recibidas por Luciana Escobar, los abogados patrocinantes piensan que si no son tomadas decisiones impostergables, los hostigamientos podrían derivar en otro tipo de actos directos contra su vida o integridad física.

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