El diputado provincial del PJ Alberto Monti presentó un pedido de informes al Ministerio de Economía sobre un supuesto desalojo de una funcionaria de la regional Rosario de la Administración Provincial de Impuestos.

Según la presentación del legislador opositor, "el pasado sábado 17 de octubre habría sido desarmada en forma compulsiva la oficina que hasta ese día ocupaba la administradora de esa repartición, Diana Sandoz, en un operativo tipo comando que habría estado encabezado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren y su asesor Antonio Roselló".

En los fundamentos, el diputado de Santa Fe Federal afirmó que “desde el inicio de la gestión de Hermes Binner como gobernador la gestión de la Subsecretaría de Ingresos Públicos ha sido motivo de numerosos conflictos, debido a la prepotencia y la falta de diálogo que ha caracterizado a la responsable del área, Teresa Beren”.

Monti aseguró que tener información sobre un "hecho cuanto menos extraño: en un aparatoso operativo, en el que habrían tomado parte la Subsecretaria de Ingresos Públicos Teresa Beren y su asesor polifuncional Antonio Roselló se determinó vaciar de todos sus elementos a la oficina que hasta ese día ocupaba la administradora Diana Sandoz, incluído su mobiliario, se retiraron tabiques divisorios y se habrían guardado los bienes y efectos personales de la citada en cajas llevadas al efecto”.

“El hecho llamó poderosamente la atención del personal del organismo el día lunes cuando llegó para ocupar sus puestos de trabajo y por lo compulsivo que habría resultado en un día no hábil”, señaló el legislador del PJ.

El diputado tomó el conflicto que existe en la API, en donde el gremio Upcn se resiste a una medida para cambiar el proceso de trabajo que propuso la actual gestión, para sustentar su pedido de informe.

“La Administración Provincial de Impuestos es la repartición con la mayor cantidad de días de paro y falta de atención al público por diversos motivos que han hecho que el personal se sienta permanentemente avasallado por los funcionarios políticos del área: creación de una superestructura paralela ignorando las leyes de creación y funcionamiento de la API, sanciones injustificadas a delegados gremiales, maltrato al personal, deudas abultadas en comisiones de servicio y viáticos a los empleados que deben prestar funciones fuera de su jurisdicción y otros tantos”, señaló el legislador del PJ.

El gobierno nunca salió a responder de manera directa a los delegados gremiales pero deslizó que la resistencia al cambio estaría ligado a viejos beneficios por parte de un sector del personal.