En los Tribunales Federales de Rosario comenzaron este lunes los juicios orales y públicos a los represores de la última dictadura. “Un día histórico y de triunfo” según dijo a
Rosario3.com la abogada Nadia Shujman para expresar la sensación de los querellantes, militantes de derechos humanos y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. La jornada comenzó con una marcha y en el atardecer del primer día de audiencias centenares de manifestantes se concentraron frente al edificio de bulevar Oroño al 900 para el desarrollo de un acto con recital incluido. Durante el día y en la sala, los jueces leyeron los requerimientos, a uno de los imputados le subió la presión y hubo algunos incidentes por provocaciones de los acusados a las víctimas.
El ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo son los cinco represores, ex integrantes del Segundo Cuerpo de Ejército, que son juzgados en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario.
Son señalados como responsables, junto a otros, de lo perpetrado en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, La Intermedia, La Calamita y Fabrica militar de Armas. Son juzgados por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos, de quienes hasta hoy sus cuerpos continúan desaparecidos.
En el inicio del proceso intervinieron médicos para atender la salud de Constanzo. Los abogados del acusado pidieron que se lo traslade a un salón contiguo por un pico de presión. Tras la lectura de un informe médico , el Tribunal aceptó la solicitud y el imputado se fue a un cuarto apartado para seguir el juicio desde un televisor.
En la primera jornada no faltaron las provocaciones. El ex teniente Amelong se puso una vincha con la leyenda “Legalidad” y Walter Pagano se daba vuelta de su asiento, miraba a las víctimas y se reía. Los abogados querellantes pidieron al Tribunal que llamara la atención a los acusados y la solicitud fue aceptada por los jueces.
También este lunes se leyeron los requerimientos de la fiscalía y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se prevé que este martes continúen las consideraciones preliminares del proceso que se extenderá al menos hasta el 18 de diciembre.
Funcionarios en la sala
La vicegobernadora Griselda Tessio y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, asistieron acompañados de otros funcionarios provinciales al inicio de los juicios.
Superti, señaló que “es un día altamente significativo que puede calificarse como histórico” y destacó que “en nuestra provincia esta es la primera oportunidad en que se ponen en marcha las audiencias orales y públicas” a los fines del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la dictadura militar.
“De esta manera se comienza a transitar definitivamente el camino de la memoria y la justicia”, consideró Superti.
Este martes dará inicio en Santa Fe la causa en la que está imputado el ex juez federal Víctor Brusa, entre otros.
Muchos afuera
En Rosario, organismos de derechos humanos, militantes y público en general permanecieron sobre bulevar Oroño donde la instalación de pantallas no garantizaban la buena recepción del audio y la imagen.
En tanto, funcionarios de la provincia sostuvieron que en reuniones previas al inicio del proceso, la administración binnerista ofreció a funcionarios judiciales varios lugares “pero siempre pusieron reparos”.
El juicio se puede seguir desde el sitio web de la provincia que ofreció el recurso ante lo reducido de la sala –entre 20 y 40 personas– y por el interés público de las jornadas.
El ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo son los cinco represores, ex integrantes del Segundo Cuerpo de Ejército, que son juzgados en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario.
Son señalados como responsables, junto a otros, de lo perpetrado en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, La Intermedia, La Calamita y Fabrica militar de Armas. Son juzgados por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos, de quienes hasta hoy sus cuerpos continúan desaparecidos.
En el inicio del proceso intervinieron médicos para atender la salud de Constanzo. Los abogados del acusado pidieron que se lo traslade a un salón contiguo por un pico de presión. Tras la lectura de un informe médico , el Tribunal aceptó la solicitud y el imputado se fue a un cuarto apartado para seguir el juicio desde un televisor.
En la primera jornada no faltaron las provocaciones. El ex teniente Amelong se puso una vincha con la leyenda “Legalidad” y Walter Pagano se daba vuelta de su asiento, miraba a las víctimas y se reía. Los abogados querellantes pidieron al Tribunal que llamara la atención a los acusados y la solicitud fue aceptada por los jueces.
También este lunes se leyeron los requerimientos de la fiscalía y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se prevé que este martes continúen las consideraciones preliminares del proceso que se extenderá al menos hasta el 18 de diciembre.
Funcionarios en la sala
La vicegobernadora Griselda Tessio y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, asistieron acompañados de otros funcionarios provinciales al inicio de los juicios.
Superti, señaló que “es un día altamente significativo que puede calificarse como histórico” y destacó que “en nuestra provincia esta es la primera oportunidad en que se ponen en marcha las audiencias orales y públicas” a los fines del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la dictadura militar.
“De esta manera se comienza a transitar definitivamente el camino de la memoria y la justicia”, consideró Superti.
Este martes dará inicio en Santa Fe la causa en la que está imputado el ex juez federal Víctor Brusa, entre otros.
Muchos afuera
En Rosario, organismos de derechos humanos, militantes y público en general permanecieron sobre bulevar Oroño donde la instalación de pantallas no garantizaban la buena recepción del audio y la imagen.
En tanto, funcionarios de la provincia sostuvieron que en reuniones previas al inicio del proceso, la administración binnerista ofreció a funcionarios judiciales varios lugares “pero siempre pusieron reparos”.
El juicio se puede seguir desde el sitio web de la provincia que ofreció el recurso ante lo reducido de la sala –entre 20 y 40 personas– y por el interés público de las jornadas.
