Tarde pero seguro. Casi dos semanas después de la desaparición de Jorge Julio López, la autoridades nacionales dispusieron proteción para todos los testigos que tengan que declarar en juicios por delitos de lesa humanidad en los que están imputados los represores que actuaron en la época de la última dictadura.

La decisión fue impulsada por las numerosas amenazas a magistrados que tienen a su cargo causas por violaciones a los derechos humanos y también a testigos que deben prestar declaración contra represores. 

Laidea es consultar a quienes hayan sido llamados a declarar para decidir en conjunto cómo sería la custodia en cada caso. “Es necesario garantizar la debida protección de los testigos”, afirmaron.