Algunos definen a los banqueros como aquellos individuos que prestan paraguas a la gente cuando hay sol y se lo quitan cuando llueve. Algunas obras sociales proceden de manera similar tal como lo testimonia el relato de Jorge Córdoba, afiliado tanto él como su hijo Nicolás, de 11 años, al Iapos.
Es sabida la dificultad con que se enfrentan la mayoría de las familias que tienen un hijo discapacitado a la hora de procurarle tratamiento. Por lo general necesitan prácticas complejas y especializadas, muchas veces costosas e imposibles de afrontar si no se tiene garantizada la cobertura de una obra social.
El hijo de Jorge padece síndrome de asperger (atención dispersa y dificultades psicomotrices varias) y asiste al centro de rehabilitación Cerin, ubicado en Avenida Pellegrini 156. El tratamiento fue posible tras una serie de trámites que la familia hizo en la obra social Iapos durante 12 meses. Finalmente, en junio de este año Nicolás comenzó a rehabilitarse gracias a un convenio que el Iapos tiene con ese centro. “Después de cuatro meses de tratamiento, empezamos a notar algunas mejorías y sería una pena que tuviera que interrumpir la atención médica”, le dijo Jorge a Rosario3.com.
El problema se desencadenó a comienzos de octubre cuando Jorge, a causa de una cirugía de columna con complicaciones posteriores, no pudo cumplir con la presentación de toda la documentación exigida por Iapos para la renovación mensual de la cobertura. Cuando al fin pudo movilizarse se presentó en la obra social con los papeles y un pedido de excepción en el que probaba su estado de salud, pero se encontró con una sola respuesta: la auditoría del Iapos no autoriza la prosecución del tratamiento por demora en la entrega de la documentación mensual y desestima el pedido de excepción efectuado por la familia. Sin poder acceder a una entrevista con el director de la obra social, ni poder afrontar el pago de 800 pesos mensuales que cuesta el tratamiento de su hijo en el Cerin, Jorge está desesperado.
Pero las irregularidades no terminan y denotan que el problema de fondo es otro. Los médicos del Cerin le explicaron a Jorge que ese no es él único escollo para que Nicolás continúe allí su tratamiento. La obra social no pagó al centro médico ninguno de los cuatro meses anteriores tal como lo estipula el convenio, por lo cual argumentan que se les hace imposible seguir admitiendo al niño como paciente.
El caso de la familia Córdoba pone de relieve las deficiencias de una obra social muchas veces denunciada por prestadores que no cobran y afiliados que no reciben los servicios básicos garantizados por ley.
Es sabida la dificultad con que se enfrentan la mayoría de las familias que tienen un hijo discapacitado a la hora de procurarle tratamiento. Por lo general necesitan prácticas complejas y especializadas, muchas veces costosas e imposibles de afrontar si no se tiene garantizada la cobertura de una obra social.
El hijo de Jorge padece síndrome de asperger (atención dispersa y dificultades psicomotrices varias) y asiste al centro de rehabilitación Cerin, ubicado en Avenida Pellegrini 156. El tratamiento fue posible tras una serie de trámites que la familia hizo en la obra social Iapos durante 12 meses. Finalmente, en junio de este año Nicolás comenzó a rehabilitarse gracias a un convenio que el Iapos tiene con ese centro. “Después de cuatro meses de tratamiento, empezamos a notar algunas mejorías y sería una pena que tuviera que interrumpir la atención médica”, le dijo Jorge a Rosario3.com.
El problema se desencadenó a comienzos de octubre cuando Jorge, a causa de una cirugía de columna con complicaciones posteriores, no pudo cumplir con la presentación de toda la documentación exigida por Iapos para la renovación mensual de la cobertura. Cuando al fin pudo movilizarse se presentó en la obra social con los papeles y un pedido de excepción en el que probaba su estado de salud, pero se encontró con una sola respuesta: la auditoría del Iapos no autoriza la prosecución del tratamiento por demora en la entrega de la documentación mensual y desestima el pedido de excepción efectuado por la familia. Sin poder acceder a una entrevista con el director de la obra social, ni poder afrontar el pago de 800 pesos mensuales que cuesta el tratamiento de su hijo en el Cerin, Jorge está desesperado.
Pero las irregularidades no terminan y denotan que el problema de fondo es otro. Los médicos del Cerin le explicaron a Jorge que ese no es él único escollo para que Nicolás continúe allí su tratamiento. La obra social no pagó al centro médico ninguno de los cuatro meses anteriores tal como lo estipula el convenio, por lo cual argumentan que se les hace imposible seguir admitiendo al niño como paciente.
El caso de la familia Córdoba pone de relieve las deficiencias de una obra social muchas veces denunciada por prestadores que no cobran y afiliados que no reciben los servicios básicos garantizados por ley.
