El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el proyecto que crea un "Régimen Promocional para la Exploración de Hidrocarburos", que contempla beneficios impositivos a las empresas que inviertan en el sector.
El visto bueno fue alcanzado con el voto positivo de 35 senadores oficialistas, mientras que el arco opositor sumó 21 manos en alto al cuestionar los incentivos que prevé la ley y la imposibilidad de que la autoridad de aplicación de la ley sean las provincias.
Apenas iniciado el debate se tuvo que pasar a un cuarto intermedio de quince minutos, debido a que militantes de la agrupación Quebracho arrojaron panfletos rechazando la ley, y bombas de olor que obligaron a desalojar el recinto.
El régimen promocional aprobado hoy prevé la distribución, a cargo de las provincias y de la Nación, de nuevas áreas de exploración y la devolución anticipada del IVA en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras.
Además, establece que el Impuesto a las Ganancias sea amortizado en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas. También se exime del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a los bienes pertenecientes a los titulares de los permisos de exploración.
Los beneficiarios tampoco pagarán los derechos de importación por la introducción de bienes de capital que no se fabriquen en el país, y que fueran necesarios para la ejecución de las actividades de exploración y explotación.
Las áreas que integrarán el régimen promocional son aquellas con potencial geológico sobre las que actualmente no existan derechos de terceros otorgados por la Ley de Hidrocarburos.
Para las áreas en Plataforma Continental, la ley prevé que los beneficios sean aplicados durante un lapso de quince años. Será de
doce años para las áreas en Cuencas Sedimentarias sin Producción;
y de diez años para las Cuencas Sedimentarias con Producción.
Las áreas serán asignadas por las provincias o por la Nación, de acuerdo con lo que corresponda.
Además, para acceder a los beneficios otorgados por la nueva ley, las empresas que pretendan explorar el subsuelo argentino deberán asociarse con la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).
La participación de ENARSA en los resultados de las actividades comunes deberá guardar una relación razonable respecto de las obligaciones asumidas y las contribuciones realizadas.
Asimismo, tanto la Nación como las provincias podrán autorizar el acceso a áreas adyacentes mediante un nuevo permiso de exploración, siempre que no se afecten derechos de terceros y que se demuestre la continuidad geológica entre dichas áreas.
Los beneficios también alcanzan a aquellas empresas que ya estén explorando áreas concesionadas a través de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto permite a esos concesionarios solicitar a la Secretaría de Energía la subdivión de las áreas ya en producción parcialmente exploradas, ya sea en plataforma continental como en tierra.
La subdivisión del terreno generaría un área nueva que será considerada como un nuevo permiso de exploración, con los mismos beneficios otorgados por la ley por el término de doce años, para plataforma continental, y de diez, para la producción en tierra.
Para que sea considerada un área nueva y obtener beneficios impositivos, la empresa también tiene la obligación de asociarse
con ENARSA.
Durante el debate de tres horas, el senador oficialista Jorge Capitanich les contestó a quienes durante el debate en la Cámara
de Diputados, cuestionaron la participación de Enarsa, y argumentó
que la empresa es "una inversión estratégica para tener la regulación del mercado".
Su compañero de bancada, Nicolás Fernández, defendió los incentivos a la exploración y a la explotación argumentando que "de las veinte áreas sedimentarias que tiene la Argentina, sólo cinco están en explotación y cuatro de ellas desde principios del siglo veinte".
Además, Fernández indicó que "la autoridad de aplicación de la ley es la Nación, porque es la que otorga los beneficios fiscales es la Nación".
En ese sentido, el radical Alfredo Martínez recordó que "quienes son dueños de los recursos originarios, de acuerdo con la Constitución, son las provincias, por lo tanto deben ser quienes posean el poder de aplicar la legislación".
El puntano Adolfo Rodríguez Saá, en el mismo sentido, preguntó "cuál es el temor de que la autoridad de aplicación sean las provincias"; tras lo cual también criticó la aplicación de incentivos afirmando que "a la exploración hay que acompañarla con incentivos fiscales más importantes que a la explotación".
A su turno, el socialista Rubén Giustiniani criticó que no se conozca cuál será el costo fiscal de la liberación de gravámenes otorgada por esta ley, ironizando que "parecería que esto le sale gratis a los argentinos".
El visto bueno fue alcanzado con el voto positivo de 35 senadores oficialistas, mientras que el arco opositor sumó 21 manos en alto al cuestionar los incentivos que prevé la ley y la imposibilidad de que la autoridad de aplicación de la ley sean las provincias.
Apenas iniciado el debate se tuvo que pasar a un cuarto intermedio de quince minutos, debido a que militantes de la agrupación Quebracho arrojaron panfletos rechazando la ley, y bombas de olor que obligaron a desalojar el recinto.
El régimen promocional aprobado hoy prevé la distribución, a cargo de las provincias y de la Nación, de nuevas áreas de exploración y la devolución anticipada del IVA en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras.
Además, establece que el Impuesto a las Ganancias sea amortizado en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas. También se exime del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a los bienes pertenecientes a los titulares de los permisos de exploración.
Los beneficiarios tampoco pagarán los derechos de importación por la introducción de bienes de capital que no se fabriquen en el país, y que fueran necesarios para la ejecución de las actividades de exploración y explotación.
Las áreas que integrarán el régimen promocional son aquellas con potencial geológico sobre las que actualmente no existan derechos de terceros otorgados por la Ley de Hidrocarburos.
Para las áreas en Plataforma Continental, la ley prevé que los beneficios sean aplicados durante un lapso de quince años. Será de
doce años para las áreas en Cuencas Sedimentarias sin Producción;
y de diez años para las Cuencas Sedimentarias con Producción.
Las áreas serán asignadas por las provincias o por la Nación, de acuerdo con lo que corresponda.
Además, para acceder a los beneficios otorgados por la nueva ley, las empresas que pretendan explorar el subsuelo argentino deberán asociarse con la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).
La participación de ENARSA en los resultados de las actividades comunes deberá guardar una relación razonable respecto de las obligaciones asumidas y las contribuciones realizadas.
Asimismo, tanto la Nación como las provincias podrán autorizar el acceso a áreas adyacentes mediante un nuevo permiso de exploración, siempre que no se afecten derechos de terceros y que se demuestre la continuidad geológica entre dichas áreas.
Los beneficios también alcanzan a aquellas empresas que ya estén explorando áreas concesionadas a través de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto permite a esos concesionarios solicitar a la Secretaría de Energía la subdivión de las áreas ya en producción parcialmente exploradas, ya sea en plataforma continental como en tierra.
La subdivisión del terreno generaría un área nueva que será considerada como un nuevo permiso de exploración, con los mismos beneficios otorgados por la ley por el término de doce años, para plataforma continental, y de diez, para la producción en tierra.
Para que sea considerada un área nueva y obtener beneficios impositivos, la empresa también tiene la obligación de asociarse
con ENARSA.
Durante el debate de tres horas, el senador oficialista Jorge Capitanich les contestó a quienes durante el debate en la Cámara
de Diputados, cuestionaron la participación de Enarsa, y argumentó
que la empresa es "una inversión estratégica para tener la regulación del mercado".
Su compañero de bancada, Nicolás Fernández, defendió los incentivos a la exploración y a la explotación argumentando que "de las veinte áreas sedimentarias que tiene la Argentina, sólo cinco están en explotación y cuatro de ellas desde principios del siglo veinte".
Además, Fernández indicó que "la autoridad de aplicación de la ley es la Nación, porque es la que otorga los beneficios fiscales es la Nación".
En ese sentido, el radical Alfredo Martínez recordó que "quienes son dueños de los recursos originarios, de acuerdo con la Constitución, son las provincias, por lo tanto deben ser quienes posean el poder de aplicar la legislación".
El puntano Adolfo Rodríguez Saá, en el mismo sentido, preguntó "cuál es el temor de que la autoridad de aplicación sean las provincias"; tras lo cual también criticó la aplicación de incentivos afirmando que "a la exploración hay que acompañarla con incentivos fiscales más importantes que a la explotación".
A su turno, el socialista Rubén Giustiniani criticó que no se conozca cuál será el costo fiscal de la liberación de gravámenes otorgada por esta ley, ironizando que "parecería que esto le sale gratis a los argentinos".
