El procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre (h), consideró que la elevada tasa de homicidios en Rosario –según el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, fueron 260 en 2013– constituye un fenómeno local y desnuda otra problemática: el uso ilegal de armas de fuego y, en consecuencia, su compra y venta por fuera de los márgenes de la ley.

El Ministerio Público puso la lupa en esta situación con la intención de colaborar en el desarme de la población. “No podemos evitar los crímenes pero sí que la gente use armas de fuego”, observó, en contacto con Rosario3.com, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre (h).

El jefe de los fiscales de la provincia consideró que el nivel de compra y venta de armas en Santa Fe es tal que constituye un fenómeno local. ”Cuando se pasa el promedio general (de homicidios a nivel nacional) se tiene que obrar en base a eso. El Ministerio Público vio con preocupación esta situación y el 8 de noviembre pasado encargó a los fiscales de cámara el diseño de un mecanismo de actuación frente a este fenómeno”, señaló.

Barraguirre consideró que “la violencia no puede ser detenida por el Ministerio Público pero sí podemos trabajar sobre algunas de las causas de este fenómeno. No existen políticas públicas efectivas que eviten que la gente se mate entre sí, pero sí podemos desarmarla y cooperar con los programas de desarme voluntario”, observó. En este sentido, sostuvo que la iniciativa impulsada apunta a “meterse en el mercado ilegal de armas para poder identificar quiénes son los actores, quiénes son los que están armando a la gente para después poder castigarlos penalmente”. De acuerdo a los detalles brindados, el pedido a los fiscales de cámara comprende el relevamiento de las causas donde se hayan usado armas de fuego a fin de investigar el origen y la procedencia de las mismas.

“Necesitamos recabar datos, testimonios y elementos probatorios a fin de poder diseñar estrategias investigativas”, amplió. La iniciativa implica una orden a la secretaría de Gobierno de la Corte para que habilite un 0800 que reciba denuncias, no sólo en ámbito del Ministerio sino también en los barrios. Además, pide el Ejecutivo que dote de una policía específica a las Fiscalías de NN al tiempo que se requiere a las autoridades municipales que informen las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y vecinales que trabajen en el territorio a fin de trabajar más de cerca de todas ellas recogiendo mejor información.

El procurador remarcó que el nivel de homicidios en la provincia excede la media normal y en consecuencia “el Ministerio Público debe actuar”. “Acá hay un fenómeno enmarcado en un contexto nacional pero que tiene una repercusión más acentuada en Santa Fe”, apuntó y manifestó que su decisión se extiende a investigar los recursos humanos usados por estas bandas y la eventual cobertura política con la que contarían. “Esto nunca se investigó desde el Ministerio Público pero forma parte de una política global que tiene que ver con investigar y perseguir penalmente las las organizaciones criminales que emplean violencia sistemática para el logro de sus fines”, terminó.