Las repercusiones del fallo de la Corte nacional que dejó a Carlos Fraticelli al borde de la liberación trascienden ya el caso del ex juez de Rufino preso por el asesinato de su hija Natalia y sacuden los sentimientos de toda la Justicia santafesina, ya que lo que cuestiona el máximo tribunal de la Argentina es el sistema mismo en este punto: el juez que investiga no puede ser también el que juzga, porque eso pone en duda toda la imparcialidad del proceso.
El diputado justicialista Danilo Kilibarda, integrante de la comisión que trabaja en un nuevo plan estratégico para la Justicia provincial, afirmó que, con el fallo de la Corte, Santa Fe ingresó directamente en estado de negación de justicia.
En términos parecidos se expresó otro de los integrantes de esa comisión, el camarista santafesino Julio de Olazábal, quien advirtió que ahora muchas causas en las que ya hubo condena pueden entrar en etapa de revisión, ya que se dio la misma situación cuestionada por la Corte en el caso Fraticelli. "Nuestro caso es único y vergonzozo", afirmó el magistrado.
Una de las causas en la que podría suceder lo del caso Fraticelli es, ni más ni menos, la que investiga el accionar del Estado en la megainundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe. Eso es lo que sostienen los abogados del ex intendente de la capital provincial Marcelo Álvarez, quienes ya anticiparon que recurrirán a la Corte con el argumento que el tribunal ya cuestionó: el juez que investigó es el mismo que juzga.
En la solicitud de careos, conocida en marzo pasado, los abogados Alejandro Paz y Pablo Gustavino, defensores del ex jefe del Ejecutivo santafesino, ya plantearon que todo lo actuado judicialmente es nulo por ser tramitado en un sistema penal contrario a
