El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, brindó este jueves su informe anual ante las cámaras de Diputados y Senadores. Lo hizo acompañado por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, en una audiencia pública que presidió el vicegobernador Jorge Henn. Se trató del primer encuentro con los legisladores desde que el 10 de febrero pasado se puso en marcha el nuevo sistema penal de la provincia.

En su exposición, De Olazábal destacó "la valentía de la clase política santafesina para cambiar el sistema judicial, sobre el cual ya se están viendo sus frutos". Y agregó: "La nueva fiscalía no quiere reproducir errores del pasado. Una de las prácticas que se debe desterrar es dar por esclarecido el hecho por el solo anuncio de la detección de un sospechoso, abandonando la investigación".

Además, hizo hincapié en la cantidad de fiscales en funciones y reconoció que "las expectativas despertadas a consecuencia de la eficaz actuación de algunos de ellos en muchos casos en que les fue posible intervenir tempranamente, no pudieron en otros ser satisfechas. Pero ello no fue fruto de la desidia sino de distintas circunstancias entre las cuales parece oportuno señalar dos: la cruda realidad y el imperio de la ley".

"La simple relación entre el número de hechos delictivos que ocurren y el de fiscales existentes, hasta ahora sólo 50% de los concebidos por ley, evidencia la imposibilidad material de los mismos para atender personalmente todos los casos y hacerse siempre presentes en el lugar de los hechos", prosiguió.

En cuanto a los desafíos que quedan por enfrentar, destacó la creación del Organismo de Investigaciones. En ese sentido, aseguró: "Desinteligencias producidas impidieron que se plasmara el texto aprobado al respecto por la Legislatura, pero ya existen nuevos proyectos que necesariamente deben prosperar".

Para finalizar, el fiscal general dejó en claro que "no es cierto que el nuevo Código o la nueva Fiscalía hayan atado las manos de la policía, sino que ella deberá investigar bajo la dirección de los fiscales".

Más voces

El vicegobernador Jorge Henn destacó el "significado institucional para el sistema democrático, que está estrechamente vinculado con el carácter abierto y público, del nuevo sistema, en donde los hechos son puestos para el conocimiento de todos los ciudadanos".

"Santa Fe ha dado un paso más que importante al reformar su sistema penal y estamos viendo sus primeros frutos. La agilidad que tanto se le reclamaba a la Justicia hoy es algo concreto. Los tiempos de los procesos se han acelerado; por ejemplo, en el término de 72 horas ya se puede dictar una prisión preventiva, en tanto que antes se requerían aproximadamente 20 días", agregó.

El vicegobernador prosiguió: "El nuevo código procesal tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la gente, da mayor participación y protección, pero por sobre todas las cosas una visión integral de que la Justicia pone el foco en todos los estamentos sociales, realizando acciones que corrijan el funcionamiento desigual y persecutorio penal. Podemos decir que Santa Fe hoy camina firmemente hacia Justicia penal verdaderamente democrática y eficaz.

Indicadores sobre la actuación del Ministerio Público de la Acusación

Se han creado en la provincia, al día lunes 16 de junio, 47.326 legajos, lo cual indica que en 126 días corridos de aplicación del nuevo sistema penal se ingresaron 376 legajos por día en todo el territorio santafesino.

En lo que respecta a las audiencias, se han llevado adelante en las sedes de las Oficinas de Gestión Judicial de toda la provincia 2961 audiencias, de las cuales 1334 fueron imputativas.

Por otro lado, se registraron 1549 pedidos de allanamientos. habiéndose hecho efectivos 68% de los mismos.