El gobierno nacional prepara la presentación del paquete de medidas que anunciará y que estará destinado a la construcción de viviendas para alquiler y a facilitar el acceso a una masa de personas que hoy se ve imposibilitadas de conseguir un préstamo hipotecario. En tanto, desde Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) señalaron que “las medidas no son suficientes para atacar sobre el problema”.
Aunque hace unas semanas el gobierno intentó congelar el precio de los alquileres, la alternativa no resultó viable ya que los propietarios de inmuebles se opusieron a la iniciativa. Muchos prefirieron sacar del mercado sus propiedades si el Estado controlaba los precios.
Para Alejandro Juri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, “este mercado es muy sensible y para el gobierno no iba a ser tan fácil ejercer ese poder como con otros sectores”.
En relación a los anuncios del presidente acerca del plan de acceso a la vivienda, Juri manifestó en declaraciones a Radio 2 que “en el sector hay cierto optimismo con estas medidas, porque entendemos que el gobierno quiere darle una solución al problema y además una ayuda a quienes tienen dificultad para conseguir donde vivir”.
Con este plan nacional se busca solucionar la problemática en el precio de los alquileres, tanto desde el lado de la demanda como de su oferta, que en lo que va del año acumuló un alza de 7,2 por ciento, siendo su participación en el Índice de Precios al Consumidor de 4,5 puntos.
“A partir de la incidencia de los alquileres en el último índice el gobierno tomó la decisión de un acercamiento a los inquilinos a través de la vivienda y estamos expectantes por conocer las propuestas”, señaló Juri.
Aunque el gobierno no consiguió que las cámaras de inmobiliarias cedieran, parece ser que los bancos aflojaron algunas exigencias. El plan nacional apuntaría a la utilización de recibos de alquiler como comprobantes de cumplimiento de pago para poder obtener un crédito hipotecario, variante que ayudará a atender al gran porcentaje de empleados en negro con que cuenta el mercado laboral argentino, que no pueden acceder a préstamos. También prevé la operatoria de leasing, que es alquiler con opción de compra.
Por su parte, desde Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) señalaron que “esta medida puede servir para aplacar un poco la problemática pero sigue siendo incompleta e insuficiente”.
En este sentido, Adela López, miembro de la asociación, manifestó que “se debería intervenir junto con los sectores comprometidos: inmobiliarias, propietarios de pequeñas y grandes propiedades, inversores, y los inquilinos nucleados o no en organizaciones de todo el país”.
Entre las propuestas que enumeró López sobresale la de que “el Concejo Municipal se expida para la creación de un Servicio Público de Alquileres que cuente con un registro de propietarios como una forma de intervenir en el equilibrio de las relaciones contractuales”.
Por último, López argumentó que “nunca pidieron un congelamiento de alquileres porque la intención no es confrontar con los propietarios de las viviendas”. “El mayor problema lo tenemos con las inmobiliarias. Porque los inquilinos a la hora de contratar tenemos que correr con los costos de sellado, comisiones, averiguación de garantías y pago de impuesto inmobiliario”, concluyó López.
Aunque hace unas semanas el gobierno intentó congelar el precio de los alquileres, la alternativa no resultó viable ya que los propietarios de inmuebles se opusieron a la iniciativa. Muchos prefirieron sacar del mercado sus propiedades si el Estado controlaba los precios.
Para Alejandro Juri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, “este mercado es muy sensible y para el gobierno no iba a ser tan fácil ejercer ese poder como con otros sectores”.
En relación a los anuncios del presidente acerca del plan de acceso a la vivienda, Juri manifestó en declaraciones a Radio 2 que “en el sector hay cierto optimismo con estas medidas, porque entendemos que el gobierno quiere darle una solución al problema y además una ayuda a quienes tienen dificultad para conseguir donde vivir”.
Con este plan nacional se busca solucionar la problemática en el precio de los alquileres, tanto desde el lado de la demanda como de su oferta, que en lo que va del año acumuló un alza de 7,2 por ciento, siendo su participación en el Índice de Precios al Consumidor de 4,5 puntos.
“A partir de la incidencia de los alquileres en el último índice el gobierno tomó la decisión de un acercamiento a los inquilinos a través de la vivienda y estamos expectantes por conocer las propuestas”, señaló Juri.
Aunque el gobierno no consiguió que las cámaras de inmobiliarias cedieran, parece ser que los bancos aflojaron algunas exigencias. El plan nacional apuntaría a la utilización de recibos de alquiler como comprobantes de cumplimiento de pago para poder obtener un crédito hipotecario, variante que ayudará a atender al gran porcentaje de empleados en negro con que cuenta el mercado laboral argentino, que no pueden acceder a préstamos. También prevé la operatoria de leasing, que es alquiler con opción de compra.
Por su parte, desde Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) señalaron que “esta medida puede servir para aplacar un poco la problemática pero sigue siendo incompleta e insuficiente”.
En este sentido, Adela López, miembro de la asociación, manifestó que “se debería intervenir junto con los sectores comprometidos: inmobiliarias, propietarios de pequeñas y grandes propiedades, inversores, y los inquilinos nucleados o no en organizaciones de todo el país”.
Entre las propuestas que enumeró López sobresale la de que “el Concejo Municipal se expida para la creación de un Servicio Público de Alquileres que cuente con un registro de propietarios como una forma de intervenir en el equilibrio de las relaciones contractuales”.
Por último, López argumentó que “nunca pidieron un congelamiento de alquileres porque la intención no es confrontar con los propietarios de las viviendas”. “El mayor problema lo tenemos con las inmobiliarias. Porque los inquilinos a la hora de contratar tenemos que correr con los costos de sellado, comisiones, averiguación de garantías y pago de impuesto inmobiliario”, concluyó López.
