El superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, estimó que en el segundo semestre será aprobada la ley de regulación de la medicina prepaga y adelantó que se buscará una concertación de precios con las empresas del sector. Esta ley, que ya fue sancionada por el Senado, dará poder a la Supertintendencia -que hoy sólo tiene facultades sobre las obras sociales- para fiscalizar a la actividad privada y, a partir de allí, intentar llegar a un acuerdo sobre política de precios. Capaccioli afirmó que un acuerdo con los distintos sectores de la salud y una mayor presencia del Estado "son claves" para detener la judicialización del sistema. "Hoy son los jueces los que les están diciendo a las obras sociales y a las prepagas qué tienen que hacer y esto pasa porque falta el control del Estado y falta acuerdo entre los distintos sectores", dijo el superintendente en un reportaje al diario La Nación. Por otra parte, consultado sobre los cambios para optar por una obra social, Capaccioli explicó que el objetivo de la medida es anular la posibilidad de irregularidades y fraudes. "Muchas opciones, en lugar de hacerse en las obras sociales se hacían en la oficina de personal de la empresa o las hacían algunos promotores que no tenían escrúpulos", afirmó. A partir de un acuerdo que se analiza firmar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), el objetivo es que el beneficiario, una vez que haya hecho su opción, la ratifique concurriendo a una unidad de atención del organismo de la seguridad social.