Evolución del desempleo en el segmento 2003-2006

La desocupación es un flagelo que viene azotando a nuestra economía desde mediados de la década del 90’, con los consiguientes perjuicios en términos de distribución del ingreso y bienestar social. En rigor, desde la medición de mayo de 1994 la tasa de desempleo se ha ubicado siempre en dos dígitos, e incluso en la etapa posdevaluatoria, cuando se declaró el default más grande de la Historia que nos aisló momentáneamente del resto del mundo, ha tenido períodos en los cuales ha superado el 25%.

No obstante, a partir del año 2002, con la alteración del régimen cambiario, se produjo una redefinición de las funciones de producción en las empresas que operan en nuestro país, que ha contribuido a reducir en gran medida estos niveles de desocupación. La mano de la obra, en términos relativos con lo observado en la década pasada, se tornó más barata que el capital y esto, en combinación con el robusto crecimiento económico del período 2003-2006, derivó en la creación de aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo (20% de crecimiento en el empleo), lo que permitió que nuestro país haya alcanzado la mayor tasa de empleo (relación entre empleados y población total) en su evolución histórica con un 41.8%.

Desde el punto de vista económico, este dinámico escenario del mercado laboral se explica a través de la realzada performance que ha exhibido la elasticidad producto–empleo, la cual mide la variación porcentual en el empleo en relación al crecimiento del PBI. Esta medida de sensibilidad, en la era posconvertibilidad se ubicó en torno a 0.7 (lo que implica que por cada punto que crece el producto el empleo lo hace a una tasa de 0.7%), mientras que en la última década del siglo XX este coeficiente excepcionalmente superó niveles de 0.5.

En este contexto, el cambio rotundo en la organización productiva de las empresas, conjuntamente con la excesiva capacidad ociosa que ha enfrentado el grueso de los sectores productivos luego de la debacle de 2002, ha llevado a que la tasa real de desempleo (esto es sin considerar como ocupados a aquellas personas que reciben planes sociales) se reduzca de acuerdo a mediciones oficiales del 26.6% en el primer trimestre de 2003 a un 12.8% en el segmento abril-junio del año en curso.

En lo que concierne estrictamente a la injerencia de los planes sociales, en la Tabla y Gráfico Nº 1 se observa la menor incidencia que éstos han tenido en el segmento bajo estudio, tomando como referencia la tasa de desocupación que divulga el gobierno (que incluye en forma ficticia a los beneficiarios de planes como personas con empleos genuinos) y la que no contempla a los beneficiarios de planes jefes y jefas de hogar como ocupados. En rigor, se advierte que en el segmento enero-marzo de 2003 la brecha era superior al 6%, en tanto que en el segundo trimestre del año en curso esa diferencia se achicó a poco más del 2%.
En términos absolutos, a comienzos de 2003 los beneficiarios de planes superan los 2,3 millones de personas, en tanto que en el presente se acercan a 1,2 millones.

Tabla Nº1- Desempleo con y sin planes, período 2003-2006

Período

Desocupación

Desocupación sin planes

I 2003

20,4

26,6

II 2003

17,8

23,0

III 2003

16,3

21,4

IV 2003

14,5

19,7

I 2004

14,4

19,5

II 2004

14,8

19,1

III 2004

13,2

17,6

IV 2004

12,1

16,2

I 2005

13,0

16,6

II 2005

12,1

15,7

III 2005

11,1

14,1

IV 2005

10,1

12,7

I 2006

11,4

14,1

II 2006

10,4

12,8

                       Fuente: INDEC

Gráfico Nº1- Desempleo con y sin planes, período 2003-2006


Perspectivas para el mercado laboral en el corto plazo

A pesar de la sorprendente dinámica que ha mostrado el empleo en los últimos años, romper la barrera psicológica del 10% del desempleo (el último registro data de octubre de 1993 cuando se ubicó en el 9.3%) luce como una tarea de difícil concreción.

La razón para esta afirmación estriba, en primer término, en que la tasa de actividad, la cual refleja qué porción de la población total trabaja o no lo hace y busca empleo, se halla en un pico histórico con un 46.7% (ver Tabla y Gráfico Nº2). En otras palabras, esto significa que actualmente cerca de la mitad de la población argentina tiene intenciones de ser parte del mercado laboral.

Paradójicamente, en épocas de prosperidad económica la tasa de actividad juega en contra a la hora de reducir la tasa de desempleo, toda vez que el efecto desaliento para buscar empleo disminuye, acrecentando la porción de la población que se toma en cuenta para medir el desempleo.

 Tabla Nº2- Tasa de Actividad, periodo 1970-2006

Período

Tasa de Actividad (%)

May 1975

40,0

May 1980

38,3

May 1985

37,9

May 1990

39,1

May 1995

42,6

May 2000

42,4

I Trim 2003

45,6

II Trim 2003

45,6

III Trim 2003

45,7

IV Trim 2003

45,7

I Trim 2004

45,4

II Trim 2004

46,2

III Trim 2004

46,2

IV Trim 2004

45,9

I Trim 2005

45,2

II Trim 2005

45,6

III Trim 2005

46,2

IV Trim 2005

45,9

I Trim 2006

46,0

II Trim 2006

46,7

                                  Fuente: INDEC

Gráfico Nº2- Tasa de Actividad, periodo 1970-2006

La segunda justificación que podría retardar el objetivo de desempleo en un dígito, radica en que el ritmo de crecimiento de la economía inexorablemente se desacelerará en los años venideros, y con ello la generación de empleo. En relación a este aspecto, debe tenerse en cuenta que si la expansión de la actividad es exigua (por debajo del 4%), la capacidad para generar nuevos empleos apenas podrá satisfacer la demanda de aquellos que se van insertando en el circuito laboral, no habiendo cabida para reducir en términos netos el número de personas desocupadas.

Una cuestión adicional que no debe soslayarse se refiere a que, al cerrarse la brecha productiva en diversas ramas de la industria, las inversiones en capital físico resultan inevitables para expandir la capacidad productiva. Esta secuencia ulteriormente puede reducir la elasticidad producto-empleo, aunque con el beneficio implícito de una mayor productividad en la economía, que actúa como un control genuino sobre los precios.

La debilitada estructura del mercado laboral y sus consecuencias

A pesar de la visible mejoría que en los últimos tres años ha evidenciado el mercado de trabajo en términos cuantitativos, subsisten serios problemas en términos cualitativos que lejos están de ser solucionados.

Como se aprecia en la Tabla y Gráfico Nº3, si a la tasa de desocupación que existe en la economía se le suma aquellas personas que trabajan menos de seis horas diarias, y que estarían dispuestas a extender su jornada laboral, se advierte que al segundo trimestre de 2006 una de cada cinco personas que integra la Población Económicamente Activa (PEA) registra carencias en el ámbito laboral, equivaliendo en términos absolutos a aproximadamente 3 millones de personas.

La tasa de déficit laboral, si bien se ha reducido a prácticamente la mitad desde la reversión del ciclo económico, en los últimos trimestres ha mostrado un amesetamiento en torno al 20% que difícilmente puede reducirse en el corto plazo.

 Tabla Nº3- Proporción de la Población Económicamente Activa con problemas de empleo, período 2003-2006.

Período

Desocupación sin planes

Subocupación demandante

Déficit laboral

I 2003

26,6

12,0

38,6

II 2003

23,0

11,8

34,8

III 2003

21,4

11,6

33,0

IV 2003

19,7

11,4

31,1

I 2004

19,5

10,5

30,0

II 2004

19,1

10,7

29,8

III 2004

17,6

10,5

28,1

IV 2004

16,2

9,7

25,9

I 2005

16,6

9,0

25,6

II 2005

15,7

8,9

24,6

III 2005

14,1

8,9

23,0

IV 2005

12,7

8,4

21,1

I 2006

14,1

7,8

21,9

II 2006

12,8

8,1

20,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Gráfico Nº3- Proporción de la Población Económicamente Activa con problemas de empleo, período 2003-2006.


Por otro lado, al analizar la calidad de los empleos en nuestro país, la situación es realmente preocupante.

Tomando los últimos datos oficiales disponibles (verTabla y Gráfico Nº4), correspondientes al período abril-junio de este año, se observa que más del 44% de los trabajadores no se encuentran registrados, configurándose un mercado laboral dual.

Esto implica que aproximadamente 4,5 millones de trabajadores bajo relación de dependencia que viven en los centros urbanos del país se encuentran en situación irregular (con ocupaciones de segunda categoría y muy baja productividad) y, por ende, sin acceso a una cobertura social, a un seguro contra accidentes laborales y a una jubilación en el futuro.

En el trienio 2004-2006, los avances en lo que atañe a la calidad del empleo han sido leves, habiéndose registrado una contracción de tan sólo 4 puntos porcentuales, lo que deja a las claras la dificultad que tiene el gobierno para combatir este flagelo y retornar a los niveles precrisis cuando la participación del empleo en negro, si bien era elevada, era inferior al 40%.

En este sentido, hay que aclarar que a esta situación de fragilidad laboral se ha llegado tras un cúmulo de medidas desacertadas que ha desincentivado la contratación de trabajadores en blanco, dictadas, en primer término, por la administración Duhalde en el año 2002 y profundizadas por el gobierno de turno.

Entre las controvertidas disposiciones, se destaca fundamentalmente los reiterados aumentos no remunerativos (concedidos hasta comienzos del año pasado y que luego se han interrumpido por temor a una estampida inflacionaria) que alientan la informalidad, porque de lo contrario muchas actividades, especialmente las relacionadas con las Pymes, se tornan inviables. Afortunadamente, la administración Kirchner ha tomado nota de esta falencia y lo ha corregido a través del establecimiento de negociaciones colectivas entre el empresariado y los sindicatos, las cuales otorgan grados de libertad a la hora de la determinación de las remuneraciones en un sector.

Una segunda medida que ha estimulado la contratación irregular de mano de obra se relaciona con el sostenimiento de la indemnización extra, que en un comienzo fue doble y ahora se ubica en el 50%, como presunto mecanismo de defensa de los trabajadores ante despidos masivos sin justificación. Esto último, lo único que ocasiona es un mercado laboral más rígido con notorios perjuicios en materia de productividad y competitividad.

                   Tabla Nº4- Proporción de la Población Económicamente Activa

                         que se encuentra en situación irregular, período 2001-2006.               

Período

Empleo informal

May 2001

39,0

May 2002

38,4

May 2003

45,1

II Trim 2004

48,3

III Trim 2004

47,7

IV Trim 2004

48,9

I Trim 2005

47,5

II Trim 2005

47,2

III Trim 2005

46,1

IV Trim 2005

45,5

I Trim 2006

44,3

II Trim 2006

44,1

                        Fuente: INDEC

Gráfico Nº4- Proporción de la Población Económicamente Activa



Asimismo, otra consecuencia perceptible y no deseada del empleo en negro es la regresividad que produce en la distribución del ingreso, a partir de la brecha que existe (la cual tiende a ampliarse a medida que se suceden las negociaciones salariales) entre los ingresos de los trabajadores en regla y los que perciben los empleados pertenecientes al circuito informal.

Esto queda de manifiesto cuando se indaga acerca de la evolución simultánea, desde los años 90’ hasta la actualidad, de la pobreza, la indigencia y la desocupación en nuestro país (verTabla Nº5). Concretamente, la incidencia de la pobreza en el primer semestre de 2006 es superior a la percibida en la década pasada, a pesar de que la tasa de desempleo en la actualidad es equivalente al promedio de la convertibilidad. Del mismo modo, la ponderación de la indigencia ha registrado un salto considerable, trepando a dos dígitos en la primera década del siglo XXI.

El análisis del contexto social arroja resultados ambiguos. Por un lado, los datos más recientes reflejan una caída de 26 puntos porcentuales en los niveles de pobreza respecto a los observados cuando el cuadro de situación era acuciante (octubre de 2002). No obstante, por otra parte, la porción de la población con necesidades básicas insatisfechas todavía no ha retornado a los del año 2000, cuando la actividad económica se encontraba en franco descenso por el agotamiento del esquema de paridad cambiaria.

Conclusiones
La alteración del modelo económico tras la debacle de finales de 2001, basado en la sustitución de importaciones y abaratamiento relativo de la mano de obra, trajo consigo, en un contexto de robusto crecimiento económico y exigua utilización de la capacidad instalada, un notable aumento en la demanda laboral que posibilitó un marcado descenso en los niveles de desocupación.

Sin embargo, este cambio radical en el mapa laboral todavía plantea serios inconvenientes en lo que atañe a la situación social. Esta formulación surge como resultado de un mercado laboral fragmentado en el cual coexisten un sector formal, con aumentos sostenidos en los niveles de ingreso y capacitación, y otro, informal, que comprende a más del 44% de la masa de asalariados y se caracteriza por ostensibles rezagos en materia de productividad, adiestramiento y remuneración.

El empleo en negro no sólo se erige como un problema actual para las personas que se encuentran trabajando bajo esta modalidad, a partir de la inestabilidad en sus puestos y la ausencia de cobertura que enfrentan. Al mismo tiempo, constituye un obstáculo para el futuro dado que estos trabajadores, cuanto más tiempo permanezcan en el circuito informal, mayor será la pérdida de habilidad que sufrirán y, por consiguiente, menores las posibilidades de ser parte de la fuerza de trabajo registrada.

Este cuadro alarmante, en última instancia, perjudicará la situación fiscal del Estado en las próximas décadas dado que éste deberá asumir un rol más activo, el cual es indelegable, con el objeto de atender las necesidades primarias de aquellos que en la actualidad no realizan aportes al régimen previsional.

Es por ello, que las políticas públicas en materia laboral no sólo deben apuntar a realizar campañas de regularización del empleo, sino que además deben bregar por incrementar las capacidades de los excluidos a través de programas de formación específicos, los cuales existen aunque a pequeña escala. Adicionalmente, resulta indispensable que se reduzcan los costos laborales para las empresas de modo de generar incentivos para el blanqueo de trabajadores y la contratación en condiciones normales.